Los ataques a las comunidades indígenas no paran. Gustavo Villanueva, el mismo juez federal que mantiene tras las rejas al lonko mapuche Facundo Jones Huala, dictó una orden de desalojo contra comunidad Lafken Winkul Mapu y las fuerzas a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, actuaron con su habitual salvajismo.

Policías federales y gendarmes irrumpieron durante la madrugada de este jueves en un territorio recuperado hace más de dos meses a orillas del Lago Mascardi, cercano a la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde se estableció la Lof en Resistencia del Remu Lafken.

“Entraron para hacer una caza de mapuches”, contó Peñi Pinito, uno de los integrantes de la comunidad que a primeras horas de la mañana denunciaba que los efectivos dejaron a su paso varios heridos por balas de goma, detuvieron a mujeres y se llevaron a cinco niños de entre uno y diez años, así como a una adolescente de dieciséis.

Eduardo Soares y Laura Taffetani, de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, tomaron inmediata intervención al enterarse de que los chicos y sus madres se encontraban retenidos en la Delegación de la Policía Federal de Bariloche.

Sin embargo, ni el juez Villanueva, ni la defensora federal que participó del operativo, Roxana Villafañe, ni la procuradora general de Río Negro, Silvia Baquero Lascano, dieron respuesta alguna a los reclamos de los letrados, que exigían explicaciones ante la “abierta violación de la normativa nacional e internacional vigente” y pedían la inmediata liberación de todos los detenidos.

Los niños y las mujeres recuperaron su libertad por la noche, tras unas quince horas de encierro, protestas de los familiares frente a la dependencia policial y la llegada de una delegación de la Defensoría Pública Nacional, que se preocupó por la grave situación de los menores.

“Hemos visto de todo en estos años, pero nunca que se llevaran a nenes tan chiquitos. Nos llama mucho la atención que la defensora federal [por Villafañe], que aparentemente estuvo en el allanamiento, no se haya opuesto a esta violación de los derechos del niño”, señaló Soares en diálogo con Contexto.

El abogado dijo estar “muy preocupado” por la escalada represiva contra los pueblos originarios, sobre todo en provincias como Río Negro, Chubut y Neuquén, donde los desalojos son cada vez más violentos.

“La violencia engendra más violencia. Si el gobierno de Mauricio Macri cree que un problema de territorio se resuelve a los garrotazos, está muy equivocado. La historia en los últimos dos mil años nos dice que no es así. Un conflicto territorial se resuelve por las buenas, sentándose a negociar y viendo cómo se legisla a favor de todas las partes. Lo otro es un gravísimo error que puede llegar a costarnos muy caro en sangre, en vidas y en libertades”, advirtió.

Soares consideró que se tendría que seguir el ejemplo del presidente boliviano Evo Morales, que “reformó la Constitución y transformó a Bolivia en un Estado Plurinacional, reconociendo derechos ancestrales de los pueblos originarios”.

“Evo Morales discutió con todas las partes, incluso con las altas oligarquías bolivianas, y llegó a un acuerdo. Creo que es el ejemplo más claro de cómo se debe resolver una situación como esta. Llamamos al gobierno a reflexionar. La Gremial de Abogados y Abogadas está dispuesta a mediar y buscar una solución”, concluyó el letrado.