El actual fiscal general de la ciudad de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, no será apartado de su cargo. Así lo resolvió, por cuatro votos contra dos, el Jurado de Enjuiciamiento que argumentó falta de pruebas y de competencia para llevar a jury al abogado denunciado por su participación como oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.

Fernández Garello es investigado por la justicia por haber formado parte de la delegación de la ciudad de San Martín de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

“Este hombre se ha infiltrado entre estudiantes, entre militantes, y los ha enviado a las prisiones, y no puede ser que una persona así tenga un cargo como fiscal en Mar del Plata. Esperamos que el jury pueda apartarlo e investigarlo. Esta es la única manera de arribar a una Justicia independiente y proba en sus decisiones. No puede tener gente que ha violado los derechos humanos”, dijo a Contexto Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y titular de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en una conferencia de prensa realizada ayer junto a diferentes referentes de los derechos frente al Senado Bonarense.

El Jurado de Enjuiciamiento que decidió “archivar” la denuncia contra Fernández Garello por delitos de lesa humanidad es el mismo que hace veinte días suspendió al juez contencioso administrativo platense Luis Arias, en una sesión de dos horas, por cuestiones de competencia. Está presidido por la titular de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y por conjueces están los abogados de la matrícula Alicia Racig (San Isidro), Eduardo Zimmermann, Horacio Hernández (San Martín), Leandro Matilla (Zárate-Campana) y Hugo Benardinelli (San Martín).

El secretario de la CPM, Roberto Cipriano García calificó la decisión como “una vergüenza” y denunció un pacto político para garantizar la impunidad”.

En la conferencia, realizada antes de la sesión del Jurado, estuvieron presentes figuras como el dirigente gremial Víctor De Gennaro, el titular del gremio de Judiciales, Santiago Fontela, y representantes de la Comisión Familiar Ana María Martínez.

“Este jury surgió casi accidentalmente. Nosotros somos depositarios del único archivo completo de una dirección de inteligencia en la Argentina. Nos pidieron información sobre Ana María Martínez y el rol que había jugado la DIPPBA y ahí surgió el grupo que operaba de manera clandestina, y que ahí había un tal Uriel Fernández Garello”, explicó a Contexto Víctor Mendibil, también miembro de la CPM.

La presentación judicial contra el actual fiscal, de diciembre de 2016, determinaba que la DIPPBA “construyó los insumos informativos y de inteligencia previos para la identificación de ‘blancos’ que devenían en el posterior secuestro, torturas, muerte y/o desaparición de las víctimas”.

Tras la reforma constitucional de 1994, se establece como “inidóneo” para la función de fiscal general quien haya formado parte de actos de masiva violación a los derechos humanos. La denuncia lleva la firma de referentes como Estela de Carlotto y Nora Cortiñas.

Fernández Garello está acusado de haber sido espía al servicio del terrorismo de Estado, brindar información sobre grupos militantes e infiltrarse en sectores del gremialismo. También fueron denunciadas acciones operativas de persecución, secuestro y torturas contra militantes del Partido Comunista, donde integró un grupo de tareas conformado por fuerzas conjuntas de la delegación DIPPBA de San Martín, el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y la Brigada de Caseros, lugar donde fueron luego llevados, ya que funcionaba como centro clandestino de detención.

“El propio Garello reconoció haber formado parte de la Dirección de Inteligencia. Incluso los informes demuestran que fue reconocido por su labor por el entonces subcomisario Ramón Bustos, hoy preso por haber participado en torturas y desapariciones”, dijo Mendibil, y agregó: “Tenemos los elementos necesarios para procesar a Garello”.

El pedido fue impulsado por diversos organismos de derechos humanos, entre ellos el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina.