Si el objetivo era generar mejoras y transparencia en la votación, la idea de Mauricio Macri de introducir tecnología en el proceso para migrar hacia un sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) ha quedado, desde lo académico y lo empírico, totalmente sepultada.  Qué pasó: un destacado grupo de investigadores elaboraron un informe donde rechazaron de manera categórica el cambio propuesto. El estudio había sido un pedido del Ministerio del Interior (MI).

El Gobierno podrá insistir, claro, si es que mantiene otro interés aún no divulgado. Otro dato torna esta secuencia más sugestiva. El trabajo, que quedó a cargo del CONICET, fue dado a conocer sólo después de la presión que ejercieron sobre la Casa Rosada los propios científicos, la oposición y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a vigilar la calidad de los comicios.

Ahora, Macri puede optar por pedir nuevos relevamientos tanto en el país como en extranjero pero eso significaría ningunear la capacidad científica nacional y por en duda la credibilidad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). El análisis fue realizado por una comisión asesora del organismo integrada por dos coordinadores y ocho miembros.

Durante 2016, Cambiemos fracasó en el Congreso cuando quiso dar el debate por la modificación de la metodología del sufragio. El deseo oficial era poder tener la nueva herramienta para las PASO y las legislativas de este año. El proyecto de ley había sido aprobado en Diputados pero naufragó en el Senado por la postura contraria a la reforma del FPV-PJ.

Fue esa fuerza política, sin dudas, la que más militó para evitar que, en pos de una supuesta superación, se adoptara un sistema sobre el cual habías más dudas que certezas. Por eso, la senadora nacional electa Cristina Kirchner celebró haber tomado, en ese momento, la decisión de enfrentar la aplicación de la BUE.

“Muchas veces señalamos durante el debate sobre el #VotoElectronico que era inseguro, un riesgo para nuestro sistema electoral y para la democracia”, escribió la expresidenta en Twitter. “Gracias a ese debate y a la participación activa de especialistas y organizaciones logramos frenar la sanción de la ley que impulsaba el Gobierno”, agregó en otro posteo.

El documento del CONICET, de 54 páginas, muestra un “análisis de factibilidad” de “distintas soluciones técnicas, con distintos grados de automatización del proceso de votación y riesgos asociados, a fin de proveer información y fundamentaciones para la toma de decisiones por parte del” MI.

Una misión crítica

Para entender la magnitud de la empresa, la primera aclaración que realizan los observadores es que un sistema de votación se considera de “misión crítica”, sólo comparable con aquellos que se encuentran en “industrias tales como la aeroespacial, la aerocomercial, la automovilística, de dispositivos médicos, la ferroviaria (incluyendo trenes subterráneos), de tarjetas inteligentes, o de energía nuclear”.

“Los aspectos de Seguridad Informática cobran gran importancia en un sistema de misión crítica ya que, en este caso en particular, un error en el sistema que pueda ser explotado por un atacante podría atentar contra algunos de los principios básicos del voto o el resultado de la votación en general”, señalan los expertos.

“En general, un sistema se considera de misión crítica si uno o más de sus elementos constitutivos (por ej., componentes de software, componentes de hardware, personal, procesos) son esenciales para la continuidad del negocio de una organización, y una falla o disrupción en alguno de estos elementos puede impactar seriamente en los objetivos del sistema”, detallan.

Sobre esta base, el equipo del CONICET relevó cuál sería el impacto de la tecnología en cuestión en cada una de las instancias y de los componentes del sistema actual y sobre su integralidad. Para los resultados de la evaluación de cada etapa, se asignaron diferentes colores desde el verde al rojo, en una escalada que va de la ausencia de riesgos hasta “un alto riesgo de comprometer los principios fundamentales del voto y de alterar de forma indetectable el resultado de la elección”.

Así fue que mientras que no hubo dictámenes verdes –es decir, en ningún paso de la implementación de la BUE habría ausencia de riesgos- el dictamen en lo referido a la emisión de voto fue rojo. La conclusión fue lapidaria:

“No existe evidencia en la actualidad de que sea factible utilizar un dispositivo electrónico en esta fase del proceso de votación sin comprometer requerimientos fundamentales del voto, en particular, garantizar el secreto”.

Tampoco hubo buenas notas para el escrutinio de la mesa, para la generación de documentos por parte de las autoridades de mesa y de fiscales y para la comunicación de los resultados. En relación a lo ya expresado, se agrega:

“Existen resultados teóricos donde se demuestra la imposibilidad de satisfacer simultáneamente tres de los atributos requeridos para el sistema (secreto, auditabilidad e integridad). Esto genera un compromiso entre estos atributos, que se vuelve crítico durante la fase de emisión de voto si esta fase está mediada por una computadora”.

Para reforzar el planteo, se retoman experiencias fallidas de países que decidieron abandonar la forma tradicional como Estados Unidos –después de varios cambios y procesos judiciales el debate todavía sigue abierto-, Holanda –después de cuarenta años del sistema electrónico, se ha retomado la boleta de papel y el conteo manual-, Alemania – el máximo tribunal del país declaró inconstitucional el uso de máquinas y se adoptó la boleta única de papel- y Brasil –auditorias detectaron problemas técnicos severos en los dispositivos utilizados-.

Por último, remarcan los académicos “un proyecto de las características de un sistema de votación requiere de una entidad pública, independiente y con la capacidad técnica necesaria, que pueda ejercer la auditoría y control de los procesos y del sistema”.