“Reconocer es reparar” es la consigna que mueve a este proyecto de ley relanzado el día de ayer en el Senado de la Nación Argentina sobre una idea originaria de Marlene Wayar y el impulso de Lohana Berkins y Diana Sacayán, con el apoyo de alrededor de treinta organizaciones de la diversidad sexual.

La iniciativa propone la creación de un régimen de reparación económica para personas trans y travestis que haya sufrido violencia institucional por las fuerzas de seguridad, especialmente aquellas a quienes se les hayan aplicado contravenciones y edictos policiales por su identidad de género, una práctica que fue sistemática durante mucho tiempo en nuestro país.

“La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el Estado nación. Entre estos grupos figuraban las personas trans, cuyas identidades de género constituían por sí una contravención, y por lo tanto eran –y en muchos casos siguen siendo– víctimas del aparato represivo del Estado, tanto en tiempos de dictadura como en democracia”, sostiene el proyecto presentado ayer por la senadora Sigrid Kunat del Frente para la Victoria, quien retomó uno impulsado en diputados por la legisladora Diana Conti, del mismo partido.

Cabe recordar que en el ya derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto policial de Buenos Aires se encontraban las herramientas que utilizaban las fuerzas de seguridad para perseguir a la comunidad trans. Señalaba, por ejemplo, que serán reprimidos, entre otros, “los que se exhibieron en la vía pública con ropas del sexo contrario” (Artículo 2° F) y “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieren al acto carnal” (Artículo 2° H). En las provincias de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Mendoza, entre otras, contaban con el código de faltas que contemplaba al “travestismo” como indicador contravencional. Justamente, una de los formas de exigir esta reparación sería mediante las actas y contravenciones recibidas.

“Específicamente, lo que establece el proyecto de ley es un resarcimiento económico, una pensión graciable a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de la aplicación de los edictos policiales durante su vigencia y en general aquellas que hayan tenido o hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos por la fuerza de seguridad federales y/o nacionales”, explicó a Contexto Emiliano Litardo, uno de los abogados redactores de esta iniciativa y de la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012, puntapié inicial para comenzar a reconocer los derechos de la comunidad trans.

A raíz de esta ley, las organizaciones de la diversidad y de derechos humanos han ido desplegando diferentes normativas en pos de reforzar y fortalecer las ciudadanías de la diversidad sexual en diferentes ámbitos. Este nuevo proyecto apunta a “reparar aquellas violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas trans adultas mayores y generar una vejez digna”, remarcó Litardo.

Según la “Primera Encuesta sobre Población Trans 2012: Travestis, Transexuales, Transgéneros”, realizada por el INADI y el INDEC, el promedio de vida de las personas trans es muy bajo: entre 35,5 y 41 años. La encuesta hizo partícipe a 209 personas; 73 de ellas (35%) expusieron que abandonaron la escuela porque las discriminaban; el 20% declaró no realizar ninguna actividad por la que obtenga dinero; el 80% restante dijo que se prostituía o tenía trabajos informales. La Policía apareció como la institución considerada como causante de graves hechos de discriminación y violencia, en un 83% para las mujeres trans y en un 40% para los hombres trans.

“Este proyecto viene a reparar toda esa violencia sistemática que fueron años de olvido, de persecución, de armado de causas, de vejaciones, torturas y muertes de compañeras que estaban sobre todo en situación de prostitución”

“Este proyecto viene a reparar toda esa violencia sistemática que fueron años de olvido, de persecución, de armado de causas, de vejaciones, torturas y muertes de compañeras que estaban sobre todo en situación de prostitución”, opinó Claudia Vásquez Haro, referente de OTRANS, en diálogo con este diario.

El abogado destacó la importancia de este proyecto, “especialmente ahora, que hay recrudecimiento de la criminalización de la protesta social, mayor desempleo, aumento de los precios, que hacen que la vida cotidiana se vea trastocada, y eso tiene más impacto en aquellas personas que han sido sobrevivientes de estas políticas de terror que se aplicaron en Argentina durante tantos años, tanto en períodos dictatoriales como en democráticos”.

Otrans viene denunciado en instancias locales y nacionales, como en internacionales, la violencia a la que son sometidas las personas trans, teniendo en La Plata particular recrudecimiento desde la llegada de Cambiemos al poder. Vásquez Haro remarcó la importancia de este proyecto en un contexto adverso.

“Vemos que este gobierno, desde que asumió, nos persigue. Hay detenciones arbitrarias, no se cumple la ley de identidad de género, vemos cómo hay unas condiciones que habilitan desde el poder político a que estas prácticas recrudezcan y que sean contraproducentes en relación con los derechos que habíamos conseguido. Pero al mismo tiempo me parece que es el momento donde hay que exigirle al Estado que no nos arrebate los derechos conquistados, y sobre todo que vayamos por aquellos que todavía faltan”, dijo la referente de OTRANS.