Decenas de profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, estudiantes y docentes se manifestaron este viernes en la esquina de 7 y 50, en pleno centro platense, en repudio de la reforma que impulsa el gobierno sobre la ley Nacional de Salud Mental 26.657.

El macrismo busca dejar sin efecto la reglamentación vigente que, desde su sanción en 2010, brega por transformar el contexto de encierro al que son arrojados los usuarios y usuarias de la salud mental pública.

Según denuncian desde la Asamblea en Defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, la reforma del oficialismo busca modificar de manera radical el paradigma vigente para reinstalar una mirada “biologicista y de patologización” y un corrimiento de una dinámica de tratamiento interdisciplinaria al viejo modelo médico hegemónico.

El proyecto de reforma, que fue tratado esta semana en Diputados, busca quitar independencia al Órgano de Revisión de la Ley, que pasaría a depender del Ministerio de Salud de la Nación, hecho que permitiría a éste último controlarse a sí mismo.

“Esta medida pretende volver 50 años hacia atrás. El Gobierno apaña a las corporaciones psiquiátricas perpetrando el manicomio, la tortura y el encierro de personas que necesitan una salud digna y de calidad”, dijo a Contexto Astor Llanos, miembro del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero, que adhiere a la asamblea regional que impulsó la protesta.

“Esta reforma le otorga los beneficios al sector de la salud privada, dejando de lado el derecho de los pacientes. Nuestro paradigma de derechos humano piensa a los pacientes como sujetos de derecho. Con esta nueva ley se reinstala la idea de peligrosidad de las personas que padecen una patología mental, junto al concepto de encierro como forma de curar a estas personas”, sostuvo la psicóloga y delegada de SUTEBA, Lorena Suárez, en diálogo con Contexto.

Además, la modificación reinstala la lógica del modelo tutelar de sustitución de la voluntad, al reconocer expresamente que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con las disposiciones del reciente Código Civil y Comercial de la Nación y normas de superior jerarquía.

En tanto, La ley 26.657 fue pensada desde una perspectiva de una atención direccionada a la autonomía del usuario y un acompañamiento de reinserción social. En la actualidad, el usuario que accede a la atención de la salud mental pública, tiene la posibilidad de incidir y decidir sobre la dirección de su propio tratamiento.

“En un momento tuve que entre una clínica privada, con un tipo de salud que yo no quiero, o un tratamiento a través de la salud pública. Pasé de una clínica privada donde todo era aislamiento, a un centro de día donde los psicólogos y acompañantes terapéuticos estaban a la altura del usuario, donde no había superioridad ni supremacía del profesional”, dijo a Contexto Juan Francisco, un joven que, en busca de asistencia a su propia patología mental, asistió a uno de los tantos Centros de Salud de la Provincia, instituciones que describe como un “nexo” entre el encierro del manicomio y la reinserción en la sociedad.

“Este ataque a la salud mental y a la salud pública forma parte de este ataque global que el Gobierno encabeza contra todo el sector de trabajadores y oprimidos. Lo estamos viendo con los discapacitados, pasando por la reforma jubilatoria, laboral, impositiva. No es un ataque aislado”, agregó Suárez.

En tanto, sectores del campo gremial como ATE y CTA acompañaron el reclamo, y sostienen que la reforma se unifica al “vaciamiento sistemático” del Sistema de Salud Público, enmarcado en lo que se definió como la Cobertura Universal de Salud (CUS).