El gobierno de Mauricio Macri se lanzó con toda su rapacidad en contra del derecho de los trabajadores, con una reforma laboral que flexibiliza y precariza –como nunca en el último siglo– las condiciones de trabajo de todos los argentinos.

En paralelo, avanza sobre las paritarias para congelar salarios durante los próximos años. Son parte de un mismo juego donde el objetivo es garantizar las condiciones para una mayor expropiación del capital sobre el trabajo, o, dicho de otro modo, una profundización del saqueo de los ricos a los bolsillos de los laburantes.

Claro que esto es posible gracias a un poderoso y burocratizado sector de la dirigencia gremial que, por acción u omisión, da vía libre a la succión sin límites de los recursos de aquellos a quienes dicen representar, que son cada vez más golpeados por un proceso inflacionario que no cede a causa de los tarifazos en los servicios públicos, el aumento sin control de los combustibles y la suba de los alimentos, entre otros productos de primera necesidad.

“Hemos sido víctimas de una extorsión por parte del gobierno nacional”, dijo el diputado nacional y secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, y aseguró que el gremio no tuvo otra alternativa. Hasta lo graficó con un “chiste”, el del “prisionero que era condenado a muerte, salvo que aceptara dunga, dunga”.

Según el gremialista, habían amenazado con “quitarle la protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego”, lo que hubiera puesto en riesgo más de 10.000 fuentes de trabajo directas y otras tantas indirectas, y presionado “con la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros ingresos”.

Habrá que ver cuánto poder adquisitivo perderán los metalúrgicos fueguinos durante los 24 meses de congelamiento salarial si la inflación continúa con el ritmo actual y se mantiene por encima del 20%. Pero acá lo cierto es que, más allá de las extorsiones y las amenazas, no hubo medidas de fuerza para resistir la embestida. Ni siquiera una movilización. Y eso que la UOM fueguina las había anunciado (marchas para el 14 y el 20 de noviembre, y un paro general antes de fin de mes).

“El comportamiento de algunas organizaciones y dirigentes sindicales es muy claro. No sólo no están defendiendo los intereses de los trabajadores, sino que siguen una misma línea de entrega de derechos”, afirmó en diálogo con Contexto el secretario adjunto de la CTA Autónoma, José Rigane.

El gremialista también rechazó el discurso oficial, amplificado por los grandes medios, con el que se justifican este tipo de medidas antiobreras y se avanza en “la precarización del derecho laboral, previsional e impositivo”.

“Nos vienen a decir que todos tenemos que ceder algo… Los trabajadores nos hemos pasado la vida cediendo. ¿Cómo se va a argumentar que la Argentina no se desarrolla y que está en crisis por los derechos que tienen los trabajadores? Es una mentira, una verdadera vergüenza”, enfatizó.

Otro de los dirigentes gremiales que salió a rechazar la flexibilización del gobierno fue el camionero Pablo Moyano, quien ayer apuntó contra los eternos dialoguistas de la CGT, los triunviros Juan Carlos Schimd, Héctor Daer y Carlos Acuña.

“Esperemos que los dirigentes que tienen los cuadros de Perón y Evita en sus oficinas se opongan a esta reforma que va contra los trabajadores”, ironizó, y calificó la ley que pretenden imponer como “peor que la de Brasil y la de los noventa”.

Mientras tanto, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) en la CGT, liderada por el bancario Sergio Palazzo, ya delinea un plan de lucha. El próximo lunes, de hecho, los gremios que integran la organización se reunirán en Luján para definir la fecha de una marcha contra las reformas macristas.

“El diálogo tiene que tener el límite de este mes y luego adoptar medidas de acción”, sostuvo el secretario de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, quien advirtió: “Son reformas que no solamente se descargan sobre los trabajadores, sino que luego de aplicadas van a significar una mayor caída del mercado interno y una menor posibilidad de tener empleo de calidad”.

Rigane confirmó a Contexto que la idea de las dos CTA es sumarse a la macha de la CFT porque “no hay posibilidad de confrontar esta precarización que se plantea si no tenemos capacidad de unirnos en acción”.

“La unidad se hace imprescindible y hay que hacerla con todos y cada uno de los sectores que representan al movimiento obrero. Llegó la hora de qué dejemos de lado cualquier tipo de diferencia porque, si llega a avanzar con esta iniciativa de precarización, difícilmente nos podamos reponer. Acá se avanza contra los trabajadores y jubilados, contra la actividad sindical, y contra los abogados laboralistas”, enumeró el secretario adjunto de la CTA Autónoma.

Por lo pronto, las organizaciones gremiales llevarán su reclamo ante el director general de la OIT, Guy Ryder, con quien se reunirán este miércoles en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil, que se desarrolla en Buenos Aires.

Desde la CTA confirmaron, además, que participarán del Encuentro Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que tendrá lugar entre el 16 y el 18 de noviembre en Uruguay, donde las reformas del golpista brasileño Michel Temer y de su par argentino Mauricio Macri serán temas obligados.