El gobierno de María Eugenia Vidal buscará hoy en Diputados y Senadores la aprobación del paquete de leyes económicas que la gobernadora quiere tener antes de fin de año. Al Presupuesto y a la Ley Impositiva se le suma esta vez un pacto fiscal de austeridad para los municipios, el cual, según intendentes opositores consultados por este medio, “cercena la autonomía” de las comunas y es “extorsivo”.

Los jefes comunales también denunciaron que al día de la fecha no tienen demasiada información de cómo va a implementarse este acuerdo y que tampoco hubo muchas instancias de diálogo. Por otra parte, desde el bloque de diputados del FpV-PJ reclamaron, sin éxito, detalles sobre el destino de la deuda con organismos internacionales.

Mediante el pacto fiscal, la gestión provincial estipula premios para aquellas comunas que cumplan con una serie de metas referidas a inflación, crecimiento de la planta municipal y endeudamiento. Y en caso de no hacerlo, la asistencia financiera y la autorización para contraer endeudamientos quedarían supeditados al poder central de la provincia por sobre las comunas.

El pacto fiscal es de adhesión voluntaria pero con carácter de ley. Las metas de administración que formuló el gobierno apuntan a que “el personal municipal no suba más que la población, que la deuda contraída sea razonable y que no se le trasladen problemas financieros al sucesor”. Así lo definió el ministro de Economía Hernán Lacunza cuando presentó el proyecto de ley en la comisión bicameral, dos semanas atrás.

En esa presentación añadió que “si todo eso se cumple, entonces la provincia les va a dar la posibilidad de contraer deuda y créditos (a los municipios) para hacer obras y también derecho a tener asistencia ante cualquier contingencia”.

Ante este panorama, intendentes de Unidad Ciudadana, principalmente, expresaron su malestar porque consideran que esta política cercena la autonomía de los municipios, y será un arma con la que contará Vidal para someter a aquellas comunas que no sean de su signo político.

Para el intendente de Ensenada, Mario Secco, el proyecto fiscal “es una herramienta del gobierno de Vidal para condicionar y disciplinar a todo intendente que esté en contra de su propuesta política”, señaló a Contexto.

“No compartimos este criterio del pacto y menos las apretadas que hace (Vidal) bloqueando fondos y cortando recursos a intendentes que ideológicamente no pensamos como ella”, añadió Secco, y ejemplificó que Vidal, en el caso de Ensenada, “no paga desde que asumió los impuestos del Astillero Río Santiago, que son 150 millones de pesos”.

Francisco Echarren, intendente de Castelli, coincidió con los anteriores jefes comunales mencionados en que la ley “violenta las autonomías municipales”. En diálogo con Contexto, sostuvo que “es una regla directa que a cuanta mayor discrecionalidad por parte de un gobernante, más favoritismo hay”.

Para este jefe comunal, “es un claro atropello a la figura de los intendentes que no podamos aumentar las tasas, regular la paritaria de cada municipio y tener que asumir una uniformidad y consulta en cuanto a las decisiones de gobierno a tomar, como excusa de que se cuidan las finanzas municipales”.

Por su parte, Eduardo Santillán, intendente de González Chaves, apuntó a la decisión de Vidal de coartar la designación de personal municipal sin tener en cuenta las particularidades de cada comuna.

“Este proyecto no atiende las asimetrías entre municipios. Hay veces en que uno amplía un servicio existente, o hay accidentes laborales y tenés que reemplazar las tareas de ese lugar”. Santillán también criticó la eliminación que hizo Vidal del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) para 2018, con el que contaban los intendentes para ejecutar obras.

“No entendemos por qué desaparece el Fondo de Infraestructura, siendo que la provincia va a recurrir a un endeudamiento de 85 mil millones de pesos para el año que viene. No estamos de acuerdo y los intendentes del interior tenemos también que ser escuchados, como los intendentes peronistas que tuvieron diálogo con Cambiemos”, puntualizó.

Desde el peronismo elaboraron un informe sobre el proyecto de Pacto Fiscal. Allí sostuvieron que la ley “limita la capacidad de administrar los recursos humanos del municipio tanto en la cantidad de personal, conforme a las necesidades de cada jurisdicción, como en la implementación de las respectivas políticas salariales”.

También alertaron sobre el carácter “extorsivo” del proyecto de Vidal. “Los municipios que no adhieran no podrán recibir asistencia financiera por parte del gobierno provincial y nacional, aún aquellos en los que se produzca algún desastre natural, como una sequía o inundación”.

Rechazo al presupuesto

En la previa del debate de hoy, un grupo de senadores y diputados de Unidad Ciudadana publicaron un documento para adelantar y argumentar su rechazo al Presupuesto 2018 y a la Ley Impositiva. En el texto, los legisladores advierten sobre el alto nivel de endeudamiento, la reforma tributaria y la falta de prioridad para atender los problemas de los bonaerenses.

Desde que asumió María Eugenia Vidal al frente de la gobernación bonaerense, endeudó a la provincia en cerca de 5.300 millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa de India, el sexto país con mayor PBI del planeta. Como si fuera poco, nos propone seguir endeudándonos, aumentando la toma de deuda en un 30% con respecto al ejercicio anterior”, advierten los firmantes.

“Al mismo tiempo, durante 2017 subejecutó las partidas en áreas clave como Salud, Desarrollo Social y las políticas de género. La ecuación es simple. Vidal toma deuda a niveles históricos y desatiende las necesidades del pueblo”, agrega el pronunciamiento.

“La gobernadora encabeza un proyecto que en dos años puso en crisis el aparato industrial e incrementó los índices de desocupación, pobreza e indigencia en toda la provincia. El presupuesto que presenta no contempla soluciones para este difícil momento”, señala esta carta pública.

“La gobernadora presenta una reforma impositiva y fiscal que se distingue por la inequidad tributaria y la discrecionalidad en los mecanismos de asignación de los recursos. Propone eliminar las exenciones de impuestos para los clubes, entidades gremiales y otras instituciones, al tiempo que exime de tributos a las operaciones entre entidades financieras. Modifica tibiamente el inmobiliario rural, sin atender al criterio de progresividad que supone reformular las alícuotas para que los sectores más favorecidos realicen mayores contribuciones. Es la provincia del revés”, concluye el escrito.