Las repercusiones producidas por el paquete de reformas impulsadas por el gobierno –y reclamadas por el FMI– en los sectores del trabajo y la previsión social ya se hacen sentir en la esfera de los gremios, de las organizaciones sociales y en la oposición, escenario que hace prever una fuerte conflictividad social de cara al futuro. Por ello, espacios como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa llevarán adelante una serie de movilizaciones este mes, que iniciarán mañana en todos los distritos del país para hacer frente al plan de ajuste del gobierno.

En tanto, analistas consultados advierten sobre “un desfinanciamiento de ANSES” y no descartan un regreso a las AFJP. En el Congreso, los legisladores de Unidad Ciudadana ya adelantaron su rechazo a las propuestas de la Casa Rosada. Hasta algunos nombres del massismo han plantado bandera frente a las ideas de Cambiemos.

Asimismo, ATE también adelantó que planea una “masiva movilización” contra el rumbo financiero que el oficialismo hoy intenta plantear bajo recetas directas del FMI y la OMC.

“Si los trabajadores formales ganan menos, hay menos consumo de mercado interno, que es donde se mueve la economía popular. Sumado a eso, se les va a sacar más de 100 mil millones de pesos a los jubilados. La AUH va a depender de la inflación. Sigue habiendo una transferencia enorme de recursos a los sectores más privilegiados de la economía y todas las medidas apuntan a que va a haber ajuste”, dijo a Contexto el referente de la CTEP, Esteban “Gringo” Castro, quien advierte una fuerte confluencia opositora a partir del plan económico macrista.

AUH medida por inflación futura, suba en la edad jubilatoria y desfinanciamiento de ANSES son algunos de los puntos sobresalientes que el Gobierno implementaría de concretarse los cambios estipulados, además de bajas de hasta diez puntos en el aumento de las jubilaciones de 2018; ajustes que “ahorraría” al Estado entre 120 y 140 mil millones de pesos.

“Nosotros queremos que no se vote, que la OMC no venga a hacer negocios a la Argentina. En ese sentido, habrá amplitud de la discusión con todos los sectores”, expresó Castro respecto del plan de lucha que iniciará mañana a nivel nacional.

El propio Clarín fue explícito en este tema al publicar un informe donde sostiene que, de concretarse las reformas, “el menor financiamiento de la Seguridad Social obligaría a mayores cambios”, entre los que se mencionan un “eventual aumento gradual de la edad jubilatoria y modificar hacia abajo el cálculo de las futuras nuevas jubilaciones”.

La nota además destaca que “el FMI y otros organismos financieros vienen planteando esa alternativa y que las futuras jubilaciones bajen del 65% del sueldo al 45% a complementar con aportes adicionales voluntarios”.

Según especialistas, las reformas laborales, previsionales y tributarias constituyen un esquema integral de ajuste en planos complementarios. Desde el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) aseguran que el paquete de reformas es que los jubilados “financien la transferencia de ingresos en favor de las empresas”.

“El desfinanciamiento de ANSES lleva como correlato la propuesta de actualización de las jubilaciones y AUH con el cambio de fórmula, definida ya no por movilidad sino por inflación acumulada. Eso implica en la práctica una pérdida para los jubilados de entre 100 y 110 mil millones de pesos”, dijo a Contexto Hernán Letcher, economista y director de CEPA.
Detrás de las reformas estipuladas, según expresaron, se vislumbra la posibilidad de retornar al modelo jubilatorio privatista de las AFJP, símbolo del desguace del Estado durante la década menemista.

Por otra parte, el plan de reformas a los derechos laborales también se encuentran en el centro de la discusión. Al tiempo que la CGT anunció su “rechazo a los artículos que perjudican a los trabajadores” y que discutiría “en el Congreso antes de pensar en un plan de lucha”, el gremio ATE advirtió que llevará adelante una masiva movilización el próximo 23 de noviembre a la Casa de Gobierno bonaerense, en confrontación a “las políticas de ajuste del gobierno nacional y provincial”.

Entre otros puntos, la reforma laboral impulsada por Macri incluye reducción en los aportes patronales, igualaciones conceptuales de roles entre empleado y empleador –en detrimento de la contemplación de debilidad que la jurisprudencia otorga a la condición del trabajador respecto del empresario–, y facilitará la subcontratación y tercerización.

“Está claro que la baja a los aportes patronales implica un desfinanciamiento a la previsión social. Además, elimina el principio de irrenunciabilidad, por el cual uno no puede renunciar voluntariamente a los derechos adquiridos. Ataca la Ley de Contrato de Trabajo, incluso más que la dictadura militar”, dijo a Contexto el referente de ATE en la provincia de Buenos Aires, Oscar De Isasi.

El sindicalista expresó que el macrismo está “utilizando el escenario de consenso social instaurado desde las elecciones” para “llevar adelante medidas que van a sumir en la pobreza y la miseria al conjunto de la sociedad”.

En esta línea, las reformas laborales incluirían modificar las indemnizaciones por despido en el trabajo en negro; el sueldo calculado para el resarcimiento no incluiría horas extras y comisiones, bonos ni premios.