Crece la preocupación por el asesinato de otro exmiembro de la exguerrilla de las Fuerzas Amadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Daladier Ortiz Vázquez, quien había recibido la amnistía en el marco del acuerdo de paz, fue ultimado por un grupo de sicarios en el municipio de Ituango.

Ya son siete los miembros de las FARC-EP que son asesinados luego de que se firmara el Acuerdo de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

La exguerrilla cumplió con el proceso de desarme, dejó la clandestinidad y se sumó a la vida política democrática. Para ello, sus miembros crearon un partido que mantiene las siglas FARC, pero cuya denominación es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

En la firma del Acuerdo de Paz, el gobierno colombiano se comprometió a garantizar la seguridad de los miembros para que no se repita la dolorosa experiencia de la Unión Patriótica.

En la década de 1980, un grupo de exguerrilleros iniciaron un proceso de paz, dejaron las armas, se unieron a la vida política tradicional y crearon el partido Unión Patriótica (UP). La respuesta de la derecha fue una masacre brutal. Al cabo de unos años, más de 5 mil miembros de la UP fueron asesinados.

En este nuevo proceso de paz, el gobierno de Santos aseguró que tomaría medias para que no vuelva a suceder una experiencia similar. Sin embargo, los asesinatos de exmiembros de la guerrilla no cesan.

Según confirmó la Policía de Antioquia, Daladier Ortiz Vázquez estaba reunido con un grupo de personas cuando dos hombres armados entraron al lugar y le dispararon sin mediar palabra. Luego huyeron en motos con otros dos hombres que los esperaban fuera del lugar.

Rodrigo Grandam, exmiembro de las FARC-EP, señaló a través de su cuenta en Twitter: “En Ituango acaban de asesinar al ex miliciano Daladier Ortiz; al parecer hay dos personas más que resultaron heridas. ¿Quién pone fin a ésta matazón? ¿Sr. Ministro de Defensa, son hechos aislados o existe sistematicidad? ¿Quién paga y quién aprieta el gatillo?”.

Los líderes de las exguerrilla la reclamaron al gobierno mayor protección para sus militantes. Lo hicieron por medio de un comunicado firmado por Gustavo López Alcaraz, presidente de la Junta Directiva las FARC.

En el comunicado se exige “al Gobierno Local y Nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia a todos los ciudadanos que hoy se encuentran en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango y a la comunidad en general”.

Se reclama “a la defensoría del pueblo, a la procuraduría y a las autoridades pertinentes se investiguen los hechos aquí denunciados y se proceda al desarrollo de las acciones disciplinarias, que por actos de acción u omisión puedan corresponder, a funcionarios públicos encargados de velar por la seguridad y garantía de derechos de las personas en proceso de reincorporación y toda la comunidad”.

También solicitan “a los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano, a la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento a toda la población en proceso de reincorporación del municipio de Ituango y toda la comunidad y la Segunda Misión de la ONU para la Verificación de la implementación de los acuerdos de paz, para que se pronuncie y ejecute acciones que garanticen los derechos humanos de la población en proceso de reincorporación y toda la comunidad”.

En el texto, las FARC responsabilizan por los hechos “al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos, a la alcaldía de Ituango y Gobernación de Antioquia como entes territoriales que debe velar por la protección de los derechos humanos de la población en proceso de reincorporación y sus familias y a las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia, y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan”.