El gremialismo que representa a los trabajadores estatales bonaerenses se apresta a afrontar el duro panorama que se avecina ante las reformas laborales y previsionales que busca implementar el gobierno de Mauricio Macri. Ayer, en una conferencia de prensa en su sede central de La Plata (calle 6 entre 46 y 47), la seccional bonaerense de la CTA de los Trabajadores que lidera Roberto Baradel hizo un llamado a conformar “un planteo común” con la CTA Autónoma de Oscar de Isasi con gremios de la CGT que no vayan por el camino del diálogo dócil y con organizaciones sociales, con el fin de poner un freno a la embestida del presidente en pos de flexibilizar las condiciones de trabajo.

En línea con lo que ha ocurrido desde que Cambiemos es gobierno, Baradel subrayó la cercanía que existe entre las dos CTA. Incluso el gremialista confirmó el acuerdo con Oscar de Isasi para movilizar al Congreso de la Nación a todos los gremios estatales de la provincia el día en que se trate la Ley de Reforma Laboral, para expresar el repudio por lo que significa la ley para todos los trabajadores en general y para los estatales en particular.

El titular del gremio docente Suteba comunicó la resolución que tomó la CTA a nivel nacional y provincial de “rechazar en forma integral e inequívoca la reforma laboral y previsional” de la gestión macrista. “Está configurada para beneficiar a los sectores que concentran la riqueza en el país”, evaluó.

Acompañado por los secretarios adjuntos de la CTA, Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillén, Baradel consideró que la “estabilidad laboral” y la “carga horaria” son los puntos de la reforma que traen mayor preocupación a los gremios. “Con esta reforma laboral no se quieren dar por tierra las conquistas de los últimos doce años; quieren dar por tierra las conquistas de los últimos setenta años en el país y de cien en el mundo, como por ejemplo la jornada laboral de ocho horas”.

“quieren dar por tierra las conquistas de los últimos setenta años en el país y de cien en el mundo, como por ejemplo la jornada laboral de ocho horas”

Antes del anuncio de las reformas que hizo Macri, en el Coloquio de IDEA realizado en octubre los empresarios le hicieron llegar a funcionarios del macrismo sus intenciones de que se flexibilice el trabajo sector por sector. Ante este pedido, Baradel cuestionó que “para ellos (los empresarios) no puede ser que los trabajadores estatales, los docentes, tengan estabilidad en el cargo, porque ellos la visión que tienen es que uno tiene que tener la espada de Damocles permanentemente y tener la amenaza del despido, no para ser un buen trabajador, sino para hacer lo que ellos quieren concretamente”.

La arremetida en pos de la flexibilización fue bien definida por el senador electo Esteban Bullrich, quien había dicho que los trabajadores deben vivir en la incertidumbre. “No compartimos las palabras de Bullrich que hay que vivir en la incertidumbre permanente, porque, claro, lo dicen aquellos que no viven en la incertidumbre permanente; son familias que han acumulado mucha riqueza en este país a costa del trabajo de la mayoría de los argentinos”, lanzó Baradel.

Frente a la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires tenga que “armonizar” su sistema previsional al de la ANSES –según la ley de reparación histórica–, lo que conlleva mayor edad de jubilación y más años de servicio exigidos, Baradel reafirmó la “defensa del IPS” (Instituto de Previsión Social). Este cambio para los jubilados ha encontrado un fuerte rechazo gremial.

Por su parte, Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA, en diálogo con Contexto desestimó el argumento del gobierno de que la reforma laboral provocará que haya mayor empleo.

“Bajo ningún concepto creemos que estas medidas, como pretende instalar el gobierno, van a generar más puestos de trabajo”, dijo Calamante. Y siguió: “No hay posibilidad flexibilizando las condiciones. Hoy las Lebac están pagando 28,7%, entonces, si lo que pretendemos es que un empresario tenga que elegir entre bajar salarios e invertir en la “timba financiera”, estamos complicados. Hay que generar condiciones macroeconómicas para que haya más trabajo y no ver cómo reducir costos laborales”.

Luces de alerta por el presupuesto de Vidal para 2018

La Ley de Presupuesto para 2018 de Vidal se tratará el martes en las dos Cámaras, mientras la gobernadora teje alianzas con el massismo y sectores del peronismo para su aprobación.

Por el lado de la oposición del peronismo kirchnerista y el sector gremial, el crecimiento de la deuda pública –y sus intereses– y del trabajo precario en detrimento del trabajo permanente son factores que alertan de cara al futuro. De hecho, ayer en la conferencia de prensa Baradel hizo un “llamado de atención”, porque “hay más presupuesto para incorporar trabajadores precarios que para incorporar trabajadores permanentes”.

Un informe de análisis económico del presupuesto elaborado por el Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA), que depende de la CTA de los Trabajadores, arrojó que para el año que viene el gobierno de Vidal “apuesta a precarizar el trabajo docente: reduce un 10,8% la creación de cargos titulares (14.600 puestos de trabajo titulares menos)”.

para el año que viene el gobierno de Vidal “apuesta a precarizar el trabajo docente: reduce un 10,8% la creación de cargos titulares”

Al mismo tiempo, un 82% de la deuda se destinará a pagar amortizaciones e intereses: “son $64.553 millones que superan lo presupuestado en Salud y Desarrollo Social juntos ($56.100)”. El informe añade que en 2015 “los intereses de la deuda equivalían al 46,0% del presupuesto en Salud” y “en 2018 Vidal propone que alcancen el 70,7%”. Haciendo la misma comparación en el tiempo, en 2015 los intereses de la deuda equivalían al 10,5% del presupuesto en Educación”, mientras que “en 2018 Vidal propone que alcancen el 17,2%”.

Las paritarias

De cara a las paritarias que se vienen, Baradel afirmó que “cualquier derecho que se tenga que discutir con respecto a los trabajadores estatales tiene que ser en el ámbito de las paritarias”, en referencia a la información que circuló en medios oficialistas sobre aumentos del 10%.

Los estatales en su conjunto no están dispuestos a aceptar incrementos que estén por debajo del índice inflacionario del 15,7% que estimó el gobierno en el presupuesto.

En referencia a cómo abordarán los docentes –el sector que sirve como parámetro para los demás trabajadores– las futuras paritarias, Baradel detalló: “Creemos que hay que discutir en dos partes. Ahora en noviembre hay que discutir el blanqueo del salario básico, la consolidación del salario. Faltaría la aplicación de la cláusula gatillo en diciembre para el incremento del desfasaje que se dio con relación al 21,5%. Y en febrero-marzo, comenzar a discutir ya más con una certidumbre los números de inflación del año que viene”.

La CTA-A y organizaciones sociales contra la reforma laboral

Ayer también hubo actividades sindicales organizadas por ATE Ensenada en el Camping que este gremio tiene en Punta Lara. En un plenario llamado Primer Encuentro Regional de Delegados gremiales, donde hubo más de sesenta organizaciones sindicales, confluyeron gremios de la CTA Autónoma, de la CGT y municipales, se manifestaron, al igual que la CTA de los Trabajadores, en contra de la reforma laboral de Mauricio Macri.

“El objetivo central es la defensa del trabajo en la región ante la dura situación económica y los planes de reforma laboral gubernamentales”, definieron desde ATE Ensenada en un comunicado.

En el encuentro participaron Oscar de Isasi, secretario general de ATE y CTA provincia de Buenos Aires; Francisco Banegas, titular de ATE Ensenada; Ramón Garaza, secretario general de Supeh Ensenada (petroleros), Ricardo Padrón, referente de ATSA (sanidad); Fredy Mariño, de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y Elias Jalil, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Los referentes gremiales confirmaron una movilización a Casa de Gobierno provincial para el 23 de noviembre. Además de expresarse contra la reforma laboral de Macri, se pronunciaron por el destrabe por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal de las líneas de crédito para hacer las inversiones en el Astillero Río Santiago que posibiliten la continuidad de las fuentes de trabajo, contra los despidos y por un salario mínimo igual a la canasta familiar. Y en el caso de las organizaciones sociales, por la plena vigencia de la ley de emergencia social y declaración de la emergencia alimentaria.