Legisladores del peronismo kirchnerista y gremialistas de la CTA de los Trabajadores Buenos Aires realizaron ayer una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados provincial en la que acordaron hacer una “denuncia pública” por los recortes presupuestarios para educación previstos para 2018, mientras crece la deuda pública y el pago de sus intereses.

El encuentro fue luego de la confirmación de que el martes se tratará en Diputados y Senadores el paquete de leyes que la gobernadora María Eugenia Vidal quiere aprobar antes de los cambios en las bancas: la ley fiscal-impositiva, el pacto de responsabilidad fiscal de los municipios y el Presupuesto 2018, que proyecta 630 millones de pesos en gastos y un endeudamiento de 85 mil millones de pesos. Para aprobarlas, la gobernadora busca apoyos en el massismo y el peronismo no kirchnerista.

En la reunión estuvieron los diputados Juan Debandi, Miguel Funes, Walter Abarca, Lauro Grande y Lucía Portos, y los senadores Juan Manuel Pignocco, Daniel Barrera y Darío Díaz Pérez. Por el lado de la CTA estuvieron los dirigentes Raúl Calamante y Daniel Pérez Guillén, el consejero general de Cultura y Educación, Jorge Carasa, y Paula Belloni, integrante del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA).

Los legisladores cuestionaron que el titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, no haya presentado en la comisión bicameral los ejes del presupuesto concernientes a educación, como sí hicieron la semana pasada los ministros de Economía (Hernán Lacunza), Infraestructura (Roberto Gigante), Desarrollo Social (Santiago López Medrano) y Salud (Andrés Scarsi). Incluso enviaron dos notas requiriendo mayores precisiones sobre los principales puntos del presupuesto en educación, pero no hubo respuestas del economista Sánchez Zinny.

En la reunión, las partes plantearon la necesidad de “crear una mesa de trabajo” para generar cambios en el presupuesto. Ese puente entre legisladores y sindicalistas posibilitó el freno la semana anterior de la adhesión provincial en la Legislatura a la Ley nacional de Riesgos de Trabajo que vulnera derechos laborales de acceso a la justicia y favorece las ganancias de las empresas aseguradoras

La principal objeción presentada en la mesa a la ley de presupuesto de la gobernadora fue la nueva emisión de deuda, a la que definieron como “la herramienta central del funcionamiento de la economía”, utilizada para gastos corrientes y pagos de intereses de deuda contraída desde diciembre de 2015.

También objetaron que “en el presupuesto haya una estimación de inflación que no tiene un correlato ni con el salario ni con los recursos que se van a destinar a educación”, dijo a Contexto Raúl Calamante.

“Desde que asumió Cambiemos, la educación perdió participación en el presupuesto. Se destinarán para 2018 30 mil millones pesos menos que en 2015″

“Desde que asumió Cambiemos, si tomamos valores de 2015, vemos que la educación perdió participación en el presupuesto. Si comparamos con ese año, se destinarán para 2018 30 mil millones de pesos menos, y vemos por otro lado que una cifra similar se va a destinar al pago de los intereses de una deuda que adquirió este gobierno en dos años”, refirió Calamante.

Por su parte Néstor Carasa consideró que “el porcentaje del presupuesto” para educación “va disminuyendo”. “El Ejecutivo va a decir que se aumenta en una cantidad de millones nominales respecto del año anterior, pero en términos de porcentaje de la masa del presupuesto en general, lo que está destinado a educación disminuye, cuando ya había disminuido el año pasado, entre 13 y 15 mil millones de pesos menos. Y eso implicaría la construcción de mil jardines”, graficó el gremialista.

La creciente deuda que se plasma en el presupuesto 2018, según la economista Paula Belloni, implica que sus intereses “hayan crecido desde 2015 del 2,9% del gasto a casi el 5% en 2018”. Y añadió que “esos recursos que se usan para pagos de intereses, son recursos que no se usan para la educación”, cuya “participación en el gasto total descendió del 27,8% al 26%”.

Otro tema abordado por los gremialistas fue que en 2018, de aprobarse la ley de Vidal, los salarios crecerán por debajo de la inflación estimada para el año próximo, que es del 15,7%, por encima del 10% de aumentos para las próximas paritarias que anunciaron medios oficialistas.

Los gremialistas también argumentaron el ajuste por el “congelamiento” en el nombramiento de trabajo docente, por la disminución de las plantas permanentes y el crecimiento del trabajo tercerizado.