“Fueron en busca de ‘la ruta del dinero K’ y se encontraron con la ruta del dinero M”, fue la frase que Cristina Fernández de Kirchner lanzó a los medios en 2016 al descubrirse las famosas cuentas off-shore de funcionarios del gobierno. A más de un año del descubrimiento de los Panamá Papers –más de 11,5 millones de documentos que registraban cuentas secretas de poderosas firmas y funcionarios de todo el mundo–, cuyo rastro llegó a involucrar al propio Mauricio Macri, la aparición de nuevas “cuevas” financieras vinculadas con el actual ministro de Finanzas del macrismo, Luis Caputo, reavivó el fantasma de la corrupción que salpica al oficialismo.

Según la nueva filtración, esta vez llamada Paradise Papers, el actual funcionario fue administrador de Noctua Partners LLC, una firma de fondos de inversión de Miami radicada en las Islas Caimán y Delaware, reconocidos territorios de secreto fiscal.

Caputo también fue el manager de Alto Global Fund, una vertiente del conglomerado de Noctua dedicado a administrar inversiones de alto riesgo y alta rentabilidad en mercados emergentes por más de USD 100 millones.

Según reveló una nueva investigación periodística a nivel global, estos fondos off-shore fueron manejados por Caputo junto al financista argentino radicado en Miami, Martín Guyot. No obstante, el actual ministro negó –en diálogo con La Nación– cualquier tipo de incompatibilidad entre su actual cargo y la administración de la firma, registrada alrededor de 2009.

“La filtración de los Paradise Papers es positiva en término de que mantiene sobre la mesa el debate de este tema que, durante este tiempo, estuvo hegemonizado por los grandes medios sobre si es legal o ilegal, cuando la pregunta debería ser por qué un grupo pequeño de las personas más ricas del mundo manejan vehículos para evitar cualquier tipo de transparencia o presión impositiva”, dijo a Contexto Santiago O’Donnell, redactor de Página/12 y uno de los siete periodistas que pudieron tener acceso en Argentina a los registros de Panamá Papers en 2016.

O’Donnell remarcó que estas conductas de quienes hoy son funcionarios del gobierno “son las mismas que tenían siendo empresarios”, y que “es parte estructural del capital globalizado”.

Por otra parte, una carta lanzada ayer por el espacio Unidad Ciudadana exhortó a Caputo a “renunciar inmediatamente” debido a la magnitud de su posición frente a un caso de vinculación con firmas que podrían esconder fortunas del narcotráfico y lavado de dinero.

Asimismo, la carta aclara que “los antecedentes cercanos complican aún más al ministro Caputo” por ser “primo hermano del mejor amigo del presidente Macri” y “por estar imputado en la causa ‘dólar futuro’, sospechado de haber sido uno de los funcionarios que se beneficiaron a sí mismos con la devaluación que implementó el gobierno en diciembre de 2015”.

“Como esto es posterior al famoso ‘blanqueo’, es verificable si estas personas tienen declaradas o no estas firmas, entonces no trascienden estos movimientos. No obstante, es evidente que con el impacto que esto tuvo en el mundo, sobre todo con los Panamá Papers, la Argentina debería reclamar que estas personas dejen sus cargos”, dijo a Contexto el extitular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, quien adhirió al pedido de renuncia por parte de Unidad Ciudadana.

El ministro también fue denunciado por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Además, Caputo no inscribió su participación en esas firmas en su declaración jurada de 2015, la cual presentó cuando fue llamado para ser funcionario.

Sbatella agregó: “Esto es lo que saben hacer: beneficiar empresas que ellos representan. Son mercaderes al servicio de los negocios privados. Lo preocupante es cómo la sociedad parece no reaccionar ante este tipo de noticias”.

“Durante el año 2016, unos 500 millones de pesos fueron invertidos en la compra de Lebacs y por ello se pagaron comisiones a Axis, un Fondo Común de Inversión propiedad del ministro”, expresa el texto publicado por el bloque que conduce Cristina Fernández de Kirchner.

Cabe destacar que en el listado de Paradise Papers, entre unos 120 nombres, se encuentra involucrada la Corona británica y el secretario de Comercio de Estados Unidos.

Suman a Aranguren al pedido de renuncia

El otro nombre del macrismo ligado a los Paradise Papers es Juan José Aranguren, ministro de Energía, apuntado por formar parte de una sociedad off-shore dedicada a proveer a América Latina de gasoil. Según reveló el grupo investigador, la firma radicada en Barbados ganó “13 contrataciones durante el gobierno de Macri para abastecer al Estado”; solo siete de ellas le significaron un monto de 150 millones de dólares de ganancia.

Ante el conocimiento de este nuevo registro, el bloque de Unidad Ciudadana también solicitó la renuncia inmediata de Aranguren a su cargo.

En un texto divulgado ayer, el espacio político detalló: “Aranguren no sólo fue parte de una firma off-shore, que en el mundo están sospechadas por ser cuevas de negocios ilegales vinculados al narcotráfico o el lavado de activos, sino que le otorgó negocios millonarios con el Estado argentino; algo absolutamente incompatible con su función”.

Aranguren ya había sido denunciado el año pasado por presuntos beneficios a la empresa Shell, firma que él mismo presidió y sobre la que posee acciones, en la compra de gas a Chile.