Ante una sala prácticamente vacía, sin familiares de víctimas de la CNU en La Plata, el defensor oficial de Carlos Ernesto Castillo pidió la absolución de su representado, conocido ampliamente en la ciudad como “El Indio” Castillo y reconocido por numerosos testigos como el jefe operativo de la patota de esa organización paraestatal de ultraderecha católica y peronista. La CNU asesinó en la capital bonaerense a decenas de militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda en los años previos al golpe cívico-militar, con la anuencia del Estado.

“No existe una sola prueba que indique a mi defendido en el lugar de los hechos”, sostuvo Buján. “Pido la absolución”, agregó, aunque luego afirmó, contradictoriamente, que existe “escasa prueba sobre la intervención de los acusados”.

Buján puso en entredicho la “reconstrucción histórica” que las querellas llevaron adelante durante este juicio oral y público que arrancó en mayo pasado, cuarenta años después de los hechos atroces atribuidos a la CNU y concretamente a estos dos activos miembros de la organización.

“¿La CNU actuaba al amparo del Estado?”, “¿No serían crímenes comunes sino de lesa humanidad que no prescriben?”, se preguntó casi irónicamente el letrado antes de responderse: “No tengo herramientas para determinar si durante el gobierno democrático de Isabel Perón había un plan sistemático para secuestrar y asesinar personas”.

Dirigiéndose al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 integrado por los jueces Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Esmoris, el abogado de Castillo pidió la nulidad de todos los reconocimientos fotográficos de su defendido “por haber sido violadas las reglas probatorias” y la nulidad parcial de los alegatos en la acusación de homicidio que pesa sobre su cliente.

Castillo está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y posterior homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini. También está acusado de secuestrar y torturar a Adelaida Barón y Daniel Pastorino, sobrevivientes de la CNU y principales testigos en este proceso.

Aunque las víctimas de la CNU fueron varias decenas en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976.

Las decenas de testigos directos del terror que sembró la CNU en La Plata, los abogados querellantes y la Fiscalía subrayaron que era vox populi en esta ciudad la pertenencia de Castillo y Pomares a la CNU. Durante las audiencias relataron minuciosamente el modus operandi de esa banda armada de fuertes vínculos con el sindicalismo más ortodoxo y con la derecha peronista: secuestrar a sus víctimas en medio de importantes operativos, asesinarlas de numerosos impactos de bala y exponer los cuerpos a la luz del día.

Sin embargo, en su alegato a toda velocidad que duró una hora, el defensor de Castillo opinó que “los testigos dejaron de relatar hechos de forma espontánea y han sido construidos de manera colectiva”.

“Estoy totalmente convencido de que la prueba testimonial es una gran contaminación probatoria”, sostuvo Buján, adhiriendo a lo dicho por los defensores del otro acusado, Juan José Pomares, alias “Pipi”, y antes de atribuir su posición “a los vínculos de los testigos con los organismos de derechos humanos y con la Secretaría de Derechos Humanos”.

“No tengo por qué pensar que los testigos vinieron a mentir”, deslizó el abogado en una actitud de provocación que no tuvo eco en una sala prácticamente vacía. Durante su alegato puramente técnico, con un desdén sin igual, el letrado no hizo ninguna mención a las víctimas de la CNU.

Castillo y Pomares fueron detenidos tras el golpe por delitos comunes, y tras pasar varios meses en comisarías desembarcaron en la Unidad 9, donde desempeñaban tareas de inteligencia para el servicio penitenciario, según numerosos testigos.

Buján adelantó que la defensa podría apelar la sentencia que podría conocerse hacia fin de mes. Antes, el 15 de noviembre están previstas las réplicas y dúplicas. Tres de las querellas se sumaron al pedido de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad que planteó la Fiscalía, mientras que una cuarta reclamó la misma pena por el delito de genocidio.