En una jornada signada por el repudio gremial a la nueva Ley nacional de Riesgos del Trabajo (ART), la oposición en el Senado bonaerense rechazó la adhesión provincial a la normativa que impulsa Mauricio Macri para favorecer las ganancias de las empresas aseguradoras en detrimento del pleno acceso a la salud de los trabajadores en caso de accidentes o enfermedades laborales.

Cambiemos y aliados no consiguieron alcanzar el quorum necesario y esperan ahora los próximos cambios en las bancadas de acuerdo con los últimos resultados electorales para torcer la puja a su favor. En tanto, los bloques del Frente para la Victoria y del PJ destacaron la importancia de la unidad de los espacios opositores para poner un freno al avance de Vidal.

“Hoy no frenamos solamente una ley inconstitucional que venía a vulnerar los derechos de los trabajadores, sino que frenamos el primer paso de la flexibilización laboral. Vamos a seguir trabajando por la unidad y en defensa de los derechos de las grandes mayorías populares”, afirmó en un comunicado la senadora del FpV Mónica Macha.

La normativa fue promovida desde principios de año por la gestión de Macri, quien el lunes, en el anuncio de sus reformas tributarias, previsionales y laborales en el Centro Cultural Kirchner (CCK), insistió en que las provincias aprueben el nuevo marco regulatorio. Hasta el momento sólo lo hicieron Córdoba y C.A.B.A.

Ayer, frente a la posibilidad del tratamiento de la ley en el Senado, las dos CTA y algunos gremios de la CGT díscolos de la cúpula tripartita hicieron públicos sus posicionamientos de repudio ante la avanzada macrista.

Para los gremios, esta ley es el primer paso en la camino del gobierno nacional para flexibilizar el trabajo formal, siguiendo la receta neoliberal que sostiene que precarizando el trabajo se generan las condiciones para que las empresas puedan contratar mayor cantidad de empleados y así combatir el desempleo.

En la puerta de la Legislatura provincial, en 50 entre 7 y 8 (La Plata), confluyeron por la tarde los gremios nucleados en la CTA de los Trabajadores y en la CGT, el Espacio Intersindical –compuesto por veinte gremios de las dos centrales mencionadas y de la CTA Autónoma–, legisladores y abogados laboralistas.

Mediante una radio abierta en la que estuvieron presentes más de un centenar de trabajadores de la educación, la salud, municipales, estatales, gráficos, judiciales, químicos y referentes gremiales, explicaron cuáles son los perjuicios que conllevaría la puesta en práctica de la ley en la provincia de Buenos Aires.

“Para el gobierno, la discusión en torno a esta ley no es sobre política pública del cuidado de salud de los trabajadores y trabajadoras, sino sobre cómo seguir financiando a las aseguradoras de riesgo del trabajo”, dijo a Contexto Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA de los Trabajadores.

Principalmente, los gremios critican que serán médicos contratados por las propias empresas aseguradoras quienes no solo atiendan a los trabajadores, sino también decidan sobre indemnizaciones y criterios de accidente y enfermedad laboral. El derecho de acceso directo a la Justicia para los trabajadores sería suprimido.

Ciudadanos de segunda

La actividad sindical fue un día después de la presentación que hizo Macri de su plan de reformas, en la que cargó contra la cantidad de sindicatos, trabajadores estatales y Universidades que hay en el país. En lo que resultó un guiño para las empresas, para el presidente “la mafia de los juicios laborales” son “la principal causa que impide generar empleo”.

En sus respectivas actividades, las dos CTA, que han decidido conformar una lucha en unidad de acción contra las embestidas del macrismo, señalaron que la ley es de carácter “inconstitucional” porque “permite a las empresas aseguradoras de riesgos de trabajo que determinen ellas si hay una enfermedad o accidente laboral, porque hacen un dictamen los propios médicos, que a su vez son contratados por las mismas aseguradoras, y eso equivale a un fallo judicial, tal como era antes. Es una locura total, una aberración jurídica”. Así definió la situación en diálogo con Contexto Daniel Pérez Guillén, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores.

Durante la radio abierta, los referentes gremiales que expusieron afirmaron que la ley es un “perjuicio” para los trabajadores, ya que les quita la posibilidad de acudir a la Justicia y pone como tribunal a profesionales médicos que son empleados por las mismas empresas de seguro.

Para Capone, el sistema que plantea Macri “es improcedente, inconstitucional y expulsivo, y deja al trabajador de la provincia como un ciudadano de segunda que no puede acceder a la Justicia”. La gremialista contrapuso un proyecto de ley realizado por la CTA “centrado en la prevención para evitar accidentes” al de Macri, que “le pone precio a la salud y a los accidentes”.

En respuesta a los dichos de Macri sobre la excesiva “litigiosidad laboral”, Macha sostuvo que el proyecto “no se sustenta en la realidad, porque lo cierto es que cuando vemos los datos de los juicios laborales, cuando los trabajadores y trabajadoras sufren un accidente o tienen una enfermedad laboral, en verdad los juicios más que a las pymes son directamente contra las ART, porque no cubren la situación como debería ser”.

Una ley inconstitucional

Por su parte, el abogado laboral Antonio Barrera Nicholson, también presente en la radio abierta, indicó a este diario que la normativa macrisa significa “volver al régimen de la Ley de Riesgo de Trabajo de 1996, cuando comenzó a regir la Ley Nº 24.557 que establecía la obligatoriedad de que los trabajadores pasen por las comisiones médicas integradas por médicos que tenían que resolver cuestiones jurídicas”.

Nicholson agregó que “la Corte ha declarado en reiteradas ocasiones la inconstitucionalidad del funcionamiento de estas comisiones médicas, porque el resultado era que los trabajadores no iban a las comisiones médicas porque ahí es donde están más desprotegidos. Y por eso en septiembre de 2004 la Corte declaró la inconstitucionalidad de estas comisiones médicas”.

El abogado explicó el marco normativo que pisotea la ley: “Las comisiones médicas tienen que hacer aquello que les dicen sus empleadores, las empresas de ART. Todo esto priva al trabajador de un acceso a la Justicia, que está garantizado en la provincia de Buenos Aires por el artículo 15 y el artículo 39 inciso 3 de la Constitución de la provincia”.

“En lo esencial, con esta ley los trabajadores tienen que pasar sí o sí por las comisiones médicas que no los protegen porque no reconocen discapacidades, y las que las reconocen las dan en niveles miserables. En definitiva, esto se hace para cuidar el negocio financiero de las ART y no la salud de los trabajadores”.

Rechazo a la flexibilización del acceso a la salud

Los referentes de los principales gremios que componen la CTA Autónoma, por la mañana, dieron una conferencia de prensa en la sede de la central sindical. Allí estuvieron presentes Oscar de Isasi, titular de la CTA Autónoma y de ATE bonaerense, y los secretarios generales Fernando Corsiglia (profesionales de la salud) y Pablo Abramovich (judiciales).

Para De Isasi, el nuevo régimen de ART “perjudica al conjunto de los trabajadores y a los sectores más vulnerables en materia de riesgos de trabajo, salud laboral y prevención, y sólo va a poner trabas a los y las trabajadoras que tienen enfermedades profesionales o accidentes de trabajo“.

De Isasi añadió que la ley “lo que hace es generar aseguradoras de riesgos de trabajo, es decir, que el Estado vuelve a renunciar al rol de prevención y promoción de salud en lo que hace a la salud laboral, ya que esas aseguradoras hacen convenios con las empresas y por lo tanto significa un circuito de negocios que poco tiene que ver con darle solución a los y las trabajadoras”.