Tras una furibunda persecución política, mediática y judicial, que hasta incluyó amenazas a su familia, la procuradora general de la nación, Alejandra Gils Carbó, decidió presentar la renuncia que se hará efectiva el próximo 31 de diciembre.

“A esta altura de los acontecimientos estoy persuadida de que mi permanencia en el cargo redunda en decisiones que afectarán de manera sustancial la autonomía del Ministerio Público Fiscal”, explicó la procuradora en una carta a Mauricio Macri.

El presidente empezó a presionarla para que dimitiera del cargo desde el mismo momento en que arribó a la Casa Rosada, apelando a todas las maniobra posibles, como ataques a través de los medios hegemónicos, recortes de presupuesto y un endeble procesamiento judicial por la adquisición del edificio de Perón 667 donde funciona la Procuración.

Cuando Clarín informó semanas atrás sobre el fallo del juez Julián Ercolini contra Gils Carbó, cayó incluso en la bajeza de publicar el número de celular de la hija de la procuradora, Alexia Alonso, quien desde ese momento recibió innumerables insultos y amenazas.

Más tarde, la ONG macrista Será Justicia y el Colegio de Abogados de Capital Federal lograron la declaración de inconstitucionalidad del mecanismo de juicio político como vía de remoción de la jefa de los fiscales, allanando el camino para la expulsión por decreto o una reforma a la Ley de Ministerio Público.

“He trabajado incansablemente para consolidar el mandato de los constituyentes al jerarquizar esta institución como una autoridad de la Nación independiente y autónoma, condiciones fundamentales de las que derivan su fortaleza y eficiencia”, sostuvo Gils Carbó en su renuncia, y aclaró que los motivos de su alejamiento residen en “disuadir reformas” que quiebren “el equilibrio que debe regir el sistema de administración de Justicia”.

A pesar del objetivo de la procuradora con su salida, el gobierno redobló su intención de avanzar con las modificaciones al Ministerio Público. “Algunas zonas grises sobre el mandato y la remoción deberían ser corregidas ahora que no hay duda de que no es una discusión sobre una persona. Creo que en ese espíritu el Congreso lo tiene en la agenda y lo tiene que poder tratar”, afirmó ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras conocer la renuncia.

El constitucionalista Eduardo Barcesat lamentó la decisión de Gils Carbó, a quien calificó como “una procuradora general que honraba el alto cometido del cargo”, y consideró que debería haber resistido porque su salida “le facilita la tarea a quienes han humillado la institucionalidad”.

“Es uno de los tantos días aciagos para la República. Un peldaño muy importante de la institucionalidad se ha derrumbado”, dijo Barcesat a Contexto, e insistió: “Más allá de las razones personales de Gils Carbó, que las entiendo, no creo que abandonar sea la forma de enfrentar la arbitrariedad del gobierno en el ejercicio del poder”.

Entre los nombres que comenzaron a circular como posibles reemplazantes, figuran el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, ligado al presidente de Boca, Daniel Angelici; el jurista Alberto García Lema, vinculado al senador Miguel Ángel Pichetto; y el procurador salteño Pablo López Viñals, hombre del gobernador Juan Manuel Urtubey.

“El sucesor de Gils Carbó será designado por el dedo del presidente. Así de simple es el tema, y con en esa misma medida dejará de regir la Constitución Nacional”, sentenció Barcesat, y explicó que “la gran vulneración es al artículo 120 que, con prácticamente la unanimidad de los constituyentes, se incorporó en la reforma de 1994”.

Quien también lamentó la salida de la procuradora fue el exjuez federal Carlos Rozanski, que atribuyó la decisión a “un accionar mafioso” del gobierno de Cambiemos.

“Para que Gils Carbó, con el tipo de persona que es, termine renunciando es porque verdaderamente esta actitud mafiosa se acentúa”, advirtió el exmagistrado, y aseguró que los organismos internacionales de derechos humanos “están preocupados”.

Rozanski, que estaba al frente del Tribunal Oral N° 1 de La Plata y llegó a condenar a connotados genocidas como Miguel Etchecolatz, también se vio obligado a renunciar a fines del año pasado luego de una intensa persecución en el Consejo de la Magistratura.

En el nombre de Clarín

Por su parte, la diputada bonaerense electa por Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, dijo estar “convencida” de que la persecución a Gils Carbó está relacionada con el dictamen que firmó en su momento contra la megafusión entre Multicanal y Cablevisión.

“Esto tiene el nombre de Clarín, hay que decirlo. Pero semejante ataque a la democracia no les va a ser gratis en un país como el nuestro, donde ha costado tanto construirla”, remarcó.

La actual concejala y decana de la Facultad de Periodismo de La Plata tampoco pasó por alto la responsabilidad del gobierno de Cambiemos: “La han atacado día a día, segundo a segundo. Hemos escuchado todo tipo de barbaridades por parte de los que se dicen republicanos y que están tan lejos de eso, y hasta incluso de ser democráticos. Este es un gobierno profundamente autoritario”.

Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron su “consternación” frente a la renuncia de una procuradora que “tuvo un rol fundamental en el avance del proceso de Justicia vinculado a crímenes de lesa humanidad, así como también en la búsqueda de nuestros nietos apropiados”.

“Gils Carbó se vio obligada a dejar su cargo luego de un sostenido hostigamiento por parte del gobierno nacional”, lo que “no hace más que dar signos contrarios a las políticas a favor de la promoción de Memoria, la Verdad y la Justicia”, señaló la asociación conducida por Estela de Carlotto en un comunicado.

Las Abuelas reclamaron, finalmente, que quien la reemplace tenga “un marcado compromiso con los derechos humanos” y sea elegido de manera transparente y abierta a la ciudadanía, con el objetivo de garantizar la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal respecto de los demás poderes del Estado.