En un contexto de recrudecimiento de la violencia hacia la diversidad sexual, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T.”. Tomando nota de esta normativa, las organizaciones salieron a mostrar su preocupación y la incertidumbre que lleva esta resolución firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Particularmente, la comunidad trans es uno de los sectores más perseguidos por las fuerzas de seguridad, problemática que no solo es denunciada por las organizaciones de la diversidad y los derechos humanos de nuestro país, sino también señalada por organismos internacionales.

El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU puso énfasis en esta situación advirtiendo sobre “las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”.

“Nosotras creemos que los protocolos sirven para legitimar la violencia hacia las compañeras, porque en realidad acá el fondo de la cuestión, y en donde no se hace hincapié, es que las compañeras son detenidas en condiciones inhumanas”, explicó a Contexto Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina, organización que ha denunciado tanto en organismos nacionales como internacionales la persecución hacia el colectivo trans.

Para Vásquez Haro, teniendo en cuenta la situación que atraviesa la comunidad trans, esta normativa “viene a enmascarar todo lo que en el fondo las compañeras sufren: vejaciones, torturas y muerte”.

El Protocolo impulsado por el gobierno plantea una serie de condiciones para aplicarse en el registro y la detención en la vía pública, al tiempo que lo establece como material obligatorio en la formación de las fuerzas de seguridad. “En todos los casos, la prevención, el registro o la detención se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona”, sostiene la resolución.

“Esto es solamente una estrategia del gobierno que quiere hacerse por un lado el progresista y por otro lado el que está trabajando por el bien de nuestra comunidad. Y esta herramienta lo único que viene a legitimar es la violencia, porque no habla de un montón de otras cuestiones, como el tema de los pabellones”, opinó Vásquez Haro.

Lucila Sánchez, abogada de OTRANS, explicó a Contexto que este tipo de protocolos “no tienen por objeto la realización de los derechos humanos, sino la legitimación de prácticas violatorias de los derechos humanos. Por el contexto en el que se da, por quien lo emite y la redacción misma, son protocolos de criminalización”.

“Más allá del contenido, lo primero que hace es visibilizar algo que es un derecho como algo que merece ser reprimido”, consideró Sánchez.

“Pretenden dar la idea de que se encargan de este tema sancionado estos protocolos que tienen un lenguaje aparente de corrección política pero lo que hace es hacer visibles a determinados sujetos como asociándolos naturalmente a la criminalidad”, agregó la abogada, quien destacó que esta resolución está particularmente destinada a la vía pública, a las manifestaciones y movilizaciones, lugares donde el gobierno de Macri se ha encargado de llevar adelante razzias acompañadas de represión.

En ese marco, desde la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), a través de un comunicado destacaron la importancia de la próxima de Marcha del Orgullo en Buenos Aires. La edición XXVI de la histórica movilización será bajo la consigna “Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados”.

“Si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos –en general–, y la Ley de Identidad de Género –en particular–, no tendría razón de existir este Protocolo”, remarcan desde la FALGBT, al tiempo que advierten que esta nueva normativa no fue consultada por las organizaciones de la diversidad sexual.

Entre estas condiciones se establece que quien actúe en el registro sea únicamente personal femenino. Al respecto, desde la FALGBT sostuvieron que esto evidencia el “profundo desconocimiento” de la población LGBT, señalando que el protocolo cuenta con graves problemas en conceptos de derechos humanos en general y, específicamente, en temas de diversidad sexual.