Envalentonado por la victoria electoral del domingo, el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce, anunció que la gestión del intendente Julio Garro apunta a trabajar en un nuevo Código de Convivencia que, de materializarse, dejaría en una situación de mayor vulnerabilidad a los trabajadores informales, el sector más castigado por el ajuste.

Ponce consideró la necesidad de asumir “el compromiso de ordenar el espacio público de cara a la gente”. Entre los puntos más importantes del nuevo sistema de normas platense, el municipio pone el ojo en el control de la venta ambulante y de la recolección de basura, reforzando una lógica de gestión que ha seguido el gobierno local: excluir del espacio público, mediante la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la Policía Local, a manteros, carreros, cartoneros y vendedores ambulantes.

Uno de los temas a los que refirió el presidente del Concejo Deliberante como susceptible de modificación es el de “la recolección de residuos” para evitar “el caos de tránsito” por “la tracción a sangre”.

Garro ha mirado hacia otro lado a la hora de atender los reclamos que han llevado a cabo los carreros y cartoneros de la ciudad, que piden un sistema de recolección que los incluya. En lugar de eso, el intendente privatizó el servicio firmando un millonario contrato con la empresa Esur.

“Hay una avanzada por parte de la municipalidad para quedarse con el material reciclable, por el acuerdo que hicieron con Esur”, señaló a Contexto Rodrigo Bernales, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). “Buscan ‘limpiar’ el espacio público y eso implica a vendedores ambulantes y a los compañeros que salen a juntar cartón para venderlo y así darles de comer a sus familias”, agregó.

“Buscan ‘limpiar’ el espacio público y eso implica a vendedores ambulantes y a los compañeros que salen a juntar cartón para venderlo y así darles de comer a sus familias”

A pesar de las reiteradas movilizaciones al Palacio Municipal, la gestión local no atendió las demandas de los recolectores. “La municipalidad ha roto los acuerdos, sin generar contratos para que los compañeros que trabajan en la calle lo puedan hacer de forma más organizada. Solo hubo persecución y criminalización”.

En sus declaraciones, Ponce remarcó que la comuna tiene como objetivo “poner un poco de orden y que el Estado tenga una intervención más fuerte en todas las áreas”. Para los vendedores ambulantes del centro de la ciudad, ese “orden” tiene que ver con los operativos de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano de desalojos con secuestros de mercadería.

Héctor Milone, vendedor de frutas en 7 y 49, dijo a este medio que “esto es lo que sabemos hacer, es nuestro oficio. No hemos podido estudiar, siempre fuimos pobres y por eso estamos en la calle desde hace tanto años”. Y añadió: “Pedimos a Garro que nos ubiquen con un escaparate para los puestos y que nos cobren lo que nos tengan que cobrar, pero que no nos dejen sin trabajo”.

Las mujeres manteras que venden ropa usada en la Plaza San Martín, también se encuentran en la situación de vender cada día lo necesario para la subsistencia.

Dora Ahumada, mantera de la plaza ubicada frente a la Gobernación, le dijo a este diario que “tememos que la semana que viene nos saquen. Si nos sacan de ahí, de qué vamos a vivir. Ahora dependemos de eso, es nuestro único ingreso”.

La mujer dijo que el municipio a principios de este año les había dicho que iba a hacer un censo para registrarlas, “para ubicarnos en mejores condiciones”. Pero finalmente no lo hizo y las mujeres y sus familias viven en la incertidumbre. “Estamos en el aire”, dijo Ahumada.

Los cambios del código

Las áreas del municipio que entrarían en funciones para los cambios en el Código de Convivencia son, además del Ejecutivo, Espacios Públicos, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano y la Secretaría de Planeamiento, junto con el debate con concejales de otros bloques políticos.

Otros ejes del nuevo Código serán aumentos de las multas por infracciones de tránsito, la colocación de más cámaras para aplicar fotomultas, multas nuevas por sacar la basura en formas y horarios indebidos, y otros asuntos que Ponce englobó en “el tema de la nocturnidad y el funcionamiento de los boliches”.

Para reforzar estos controles, el municipio dispondrá de tres cuerpos distintos de inspectores. Así, incrementará la cantidad de agentes de Control Ciudadano encargados de la fiscalización del tránsito y los comercios. Un segundo grupo estará a cargo de las obras en construcción, mientras que un tercero hará lo propio con multar a quienes arrojen residuos en la vía pública fuera de horario y lugar.

En la última sesión del miércoles del Concejo Deliberante, los ediles del Frente para la Victoria Nacional y Popular cuestionaron la creación de nuevos empleos dedicados al control, al tiempo que en las salitas de la ciudad escasea el personal necesario para la atención sanitaria de los vecinos.

Los médicos comunitarios que allí se desempeñan han manifestado, incluso en las puertas de la municipalidad, su preocupación por el vaciamiento que viene haciendo el Ministerio de Salud de la Nación del programa Equipos Comunitarios de Salud. Hasta el momento, Garro no les ha dado noticias para municipalizarlas, única vía para que no queden sin trabajo.