“Hace 88 días que estamos pidiendo justicia por Santiago. Apareció muerto, lo asesinaron, es desaparición forzada”, dijo Sergio Maldonado junto a su esposa Andrea Antico, la abogada Verónica Heredia y Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional, quien respaldó el reclamo de la familia y recordó que el joven “no desaparece caminando al borde del río Chubut, sino en un contexto de represión de la Gendarmería”.

Desde que el juez Gustavo Lleral reveló el pasado 20 de octubre, con los primeros datos de la autopsia en la mano, que el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones, el Gobierno de Mauricio Macri, a través del ministro de Justicia, Germán Garavano, se lanzó a hablar de “ahogamiento” y el Grupo Clarín puso inmediatamente en marcha una fuerte operación mediática para instalar esa hipótesis como si se tratara de un hecho confirmado.

Primero se valió del llamado “testigo E”, cuya declaración nunca existió en la causa a cargo de Lleral, y luego recurrió a un presunto “informe preliminar de Prefectura” para sostener que “el joven muy probablemente se ahogó al caer a un pozo de 3 metros de profundidad en una zona de difícil acceso, donde la vegetación es tan abundante que no deja pasar la luz del sol”.

“En su intento por volver a la orilla de la que había partido, asustado, se encontró con un pozo especialmente profundo de 3 metros –en general los pozos de este río rondan los 2 y 2,5 metros– de dónde el cuerpo posiblemente jamás salió hasta que lo descubrieron días atrás en el operativo ordenado por el juez federal Gustavo Lleral”, especuló este jueves Claudio Andrade, periodista de Clarín que dio inicio a cada una de las falacias que circularon sobre el caso Maldonado en las últimas semanas.

Pero en esta oportunidad la mentira tuvo poco vuelo ya que los propios prefectos que habían participado del rastrillaje del 17 de octubre, cuando fue hallado el cadáver de Santiago flotando en el río Chubut, afirmaban ese mismo jueves ante el juez que allí no había ningún pozo.

La abogada de la familia Maldonado lo explicó ayer en detalle durante la conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional en Capital Federal: “Declararon el prefecto (Leandro) Ruata, a cargo de los rastrillajes, y dos buzos. Los tres dijeron que en ese lugar no existen pozones. El único pozo que tenían relevado era a 5 kilómetros río abajo de donde fue encontrado el cuerpo de Santiago”.

Heredia también precisó que “la altura del agua en ese lugar es de 1,30 m a la fecha”, mientras que durante el anterior rastrillaje, el del 18 de septiembre, “era de un metro” y el 1° de agosto, cuando desapareció el joven, no superaba “los 30 cm”.

“Así que en ese lugar es imposible que haya estado el cuerpo de Santiago (durante 78 días). Esto nos suma más preguntas que el Estado debe responder, por eso nosotros vamos a seguir insistiendo con la desaparición forzada seguida de muerte”, remarcó la letrada.

La querella adelantó, además, que “la semana que viene arrancan los peritajes a los teléfonos” incluidos en la causa, entre ellos el de los gendarmes y el de Ariel Garzi, amigo de Santiago, que llamó a su teléfono al día siguiente de su desaparición y alguien atendió durante 22 segundos. Queda por verse si el juez ordenará el peritaje del celular de Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que comandó la represión en la comunidad mapuche de Cushamen.

“Está claro que la Gendarmería actuó mal y queremos que respondan todos desde la ministra de Seguridad para abajo”, pidió Sergio, quien también tuvo críticas para el juez Lleral por adelantar los primeros resultados de la autopsia: “La verdad, debería haber esperado al informe final antes de hablar”.

Tras exigir que se garantice “una investigación imparcial”, los familiares denunciaron una campaña de hostigamiento en las redes sociales, que se sumó a la hostilidad de “algunos periodistas” y al espionaje de Gendarmería, que les hizo “seguimientos” en El Bolsón, Esquel y Bariloche. “Escuche los audios, no me lo contaron”, afirmó el hermano de Santiago.

Los Maldonado realizaron la conferencia de prensa horas después de regresar de Montevideo, Uruguay, donde fueron convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la cautelar dictada por el organismo sobre al caso. Allí plantearon que “lo que está en peligro es una investigación imparcial, independiente y pronta”.

“El Estado argentino no cumplió con la medida cautelar que era proteger la vida, la integridad y todos los derechos de Santiago. Por eso, ahora le pedimos que garantice que la investigación pueda llevarse adelante”, explicó Heredia.

Uno de los reclamos en ese sentido tiene que ver con la conformación de “un grupo de expertos independientes” que, como veedores, puedan garantizar que se sepa cuándo, dónde y por qué murió Santiago.

Cabe recordar que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) había ofrecido al Gobierno la colaboración de expertos internacionales, pero el presidente Macri lo rechazó de plano en el mes de septiembre asegurando que el entonces juez de la causa, Guido Otranto, hacía bien su trabajo. Días después el magistrado sería desplazado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tras hacer declaraciones mediáticas que dejaron al descubierto su parcialidad.

Sergio y Andrea confirmaron que el próximo 1° de noviembre encabezarán la marcha a Plaza de Mayo, al cumplirse tres meses de la represión ilegal de Gendarmería que puso fin a la vida de Santiago. Junto a distintos organismos de derechos humanos y bajo la consigna “El Gobierno es responsable”, exigirán “juicio y castigo a los culpables”.