En un contexto de plena crisis habitacional que coloca a la ciudad de La Plata entre las de mayor cantidad de asentamientos y villas de toda la Provincia, la localidad de Villa Elisa fue escenario de un fuerte operativo policial para desalojar a siete familias que vivían en condiciones precarias, todas ellas con menores de edad entre sus miembros.

El despliegue de fuerzas de seguridad incluyó policía de diversas jurisdicciones, caballería, bomberos, ambulancias, personal de civil y representantes de la Municipalidad, que llegaron en las primeras horas de la madrugada de ayer, retiraron a las familias y derribaron siete casillas, ubicadas en la zona de Villa Rica, una barriada ubicada en 423 y 21.

“Anteanoche nos llegó la orden de allanamiento con fecha para la mañana siguiente a las 6 de la mañana. Hablamos con el juez para presentar una prórroga escrito y con el comisario. Al día siguiente, hacia las 9 de la mañana, nos encontramos con que el juez no nos concede la prórroga escrita y destrozaron todo”, dijo a Contexto Alejandro Rusconi, abogado de la secretaría de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de provincia de Buenos Aires.

Según contó el abogado, no sólo se hizo caso omiso del pedido de prórroga sino que además el procedimiento no tuvo en cuenta que había de niños en las familias desalojadas, hecho que requiere dar parte a la dirección de Hábitat, Tierra y Vivienda y a la dirección de Menores.

“No había nadie representando a Menores, el director de Tierra tampoco estaba anoticiado del desalojo”, agregó Rusconi.

“Rompieron todo y ahora estamos tratando de salvar algunas cosas que nos quedaron por recoger. Después veremos qué pasa, lo único que nos queda es irnos a la casa de algún familiar. En mi casa solamente somos cuatro personas”, dijo a Contexto Rocío, una de las vecinas desalojadas junto con su marido, una hija recién nacida y otro hijo de tres años.

“Rompieron todo y ahora estamos tratando de salvar algunas cosas que nos quedaron por recoger. Después veremos qué pasa, lo único que nos queda es irnos a la casa de algún familiar.”

El desalojo incluyó parte del cuerpo de Infantería, Caballería y efectivos policiales de La Plata y San Vicente. Sólo una de las viviendas desalojadas estaba construida con estructura de cemento. “Fue una situación una violenta que se podría haber evitado. Lo único que se pedía era una semana de prórroga para poder re localizar a las familias”, explicó el abogado.

Acorde a lo comunicado por el abogado de la Defensoría, el juez que ordenó el desalojo ayer en Villa Rica, Juan Pablo Masi, ya había ordenado otro operativo en la zona de Villa Montoro, en una zona contemplada por la reciente modificación a la Ley de Acceso Justo al Hábitat, impulsada por la legisladora Mónica Macha, que exige suspender por un año desalojos en villas y asentamientos. No obstante, el caso de Villa Rica no pudo ser amparado por la normativa debido a limitaciones técnicas.

En tanto, Rusconi indicó que el organismo buscaría re localizar a las familias, hoy a la deriva, en conjunto con el Consejo Social de la Universidad y fiscalías.

La Plata atraviesa una delicada situación ante la falta de planificación urbana y de proyectos integrales de hábitat. El nivel de precarización y abandono acaecido sobre las zonas más periféricas de la ciudad, la convirtieron en el segundo distrito del país con mayor cantidad de villas y asentamientos. A la actualidad, se registran unos 129 barrios precarizados en territorio platense.

Según el balance elaborado a principio de año por la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la provincia de Buenos Aires, la situación de La Plata muestra además que “en el 89,8% de los asentamientos informales, la mayoría de las familias no cuentan con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98,7% no cuenta con acceso regular a la red cloacal y en el 92,3% la mayoría de las familias no tiene acceso al agua corriente”.