Tras realizar un encuentro en Ciudad Alfaro, provincia de Montecristi, Ecuador, las delegaciones de del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), emitieron un comunicado en el que se remarcaron la necesidad de “tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo”. Remarcaron que “ninguna dificultad, por grande que sea, nos hará desfallecer en la conquista de la paz, construida sobre los cimientos de la equidad social, la soberanía, la verdad y la democracia”.

El comunicado señala: “expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas, de realizar la defensa conjunta del Proceso de Paz y de explorar mecanismos comunes para que se cumpla el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC-EP, avance la Agenda de conversaciones pactada entre el Gobierno y el ELN, así como armonizar los dos procesos. Para esta finalidad, hemos decidido la creación de un mecanismo conjunto entre las dos fuerzas, cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al país y a la comunidad internacional”.

“Al reconocer avances en los últimos años en la solución política, también manifestamos nuestro rechazo a la persecución, manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las FARC. Hechos que en su mayoría permanecen en la impunidad a tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexidad en los mismos”, remarca.

Luego agrega: “Hacemos un llamado a las organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, y a los sectores democráticos y alternativos a la organización, a la denuncia, la resistencia, la movilización, defensa de la vida, del territorio, las garantías y los Derechos Humanos de los colombianos”.

“Reiteramos que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia, por esta razón es necesario tomar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo”, sostiene.

Más adelante el comunicado expresa que “la solución al complejo problema de los cultivos de uso ilícito, no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo, de resultados nefastos como los que se vienen presentando en Tumaco y que amenaza con extenderse a otras regiones; para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con los Estados Unidos. Es necesario actuar con sensatez, con soberanía y que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades, implementar Planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra y el fortalecimiento de la convivencia”.

“Ponemos de presente nuestra preocupación por la corrupción desbordada que ha invadido la estructura social del país y en general las instituciones públicas y privadas de la Nación: las cortes, el Congreso, la rama ejecutiva, la Fiscalía, los organismos del Estado a nivel regional, así como las empresas públicas y privadas”, asegura.

Al concluir, el comunicado se subraya que “este momento histórico, excepcional exige la más plural alianza de los sectores que defendemos la paz y las transformaciones en el plano político y social” y llama “al cumplimiento de los Acuerdo de La Habana y al desarrollo de la participación acordada en la Mesa de Quito, de fortalecer la implementación integral de la participación social y ciudadana en desarrollo del primer punto de la agenda convenida entre el Gobierno y el ELN”.