El abogado defensor de Juan Jose Pomares, alias “Pipi”, conocido miembro de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense que en los años previos al golpe cívico-militar de 1976 sembró el terror en la ciudad, donde asesinó brutalmente a militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda, pidió la “absolución lisa y llana” para su defendido.

La fiscalía y las querellas solicitaron al tribunal la condena a prisión perpetua para Pomares por delitos de lesa humanidad y por el delito de genocidio por los homicidios de Néstor Dinotto y Graciela Martini, y por la privación ilegal de la libertad agravada y la aplicación de tormentos contra Néstor Dinotto, Graciela Martini, Adelaida Barón y Daniel Pastorino”.

“No puede desde ningún punto de vista hacerse responsable a Pomares de semejante delito que se le imputa y en consecuencia voy a pedir la absolución lisa y llana”, sostuvo el lunes Salas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 presidido por el juez Germán Castelli.

“Nuestro defendido, lejos de ser el victimario que se ha pretendido constituir con testimonios falaces, fue víctima”, sostuvo Juan Pesquera, el otro abogado defensor que hizo una particular interpretación de la historia argentina desde 1912 y que empezó refiriéndose a la “construcción de una verdad”.

Entre otros aspectos, Pesquera dijo que “la derecha en nuestro país nunca tuvo nada que ver con el peronismo”; habló de la izquierda, de Gramsci y de Marx, y criticó a John William Cooke “por haber dejado solo a Augusto Vandor”. “Ese fue el primer atisbo de la destrucción de un ortodoxo para ocupar espacios de poder”, sostuvo en su exposición.

“Mi defendido es un buen tipo”

“Mi defendido es un buen tipo”, afirmó Salas, abogado también de policías acusados de crímenes de gatillo fácil, como en el caso del albañil Andrés Núñez, asesinado en 1990 por la Brigada de Investigaciones de La Plata. Salas se refirió a Pomares como “mi queridísimo amigo”.

Pomares y el otro acusado en este juicio, Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, ausente en la audiencia del lunes, fueron conocidos integrantes de la temible CNU, organización paraestatal de ultraderecha católica peronista que operó en La Plata en los años previos al golpe cívico-militar al amparo del gobierno bonaerense de Victorio Calabró y del sindicalismo más ortodoxo, empezando por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Aunque las víctimas de la CNU fueron varias decenas en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976.

En su exposición, Salas expresó reiteradamente su desprecio por los juicios de lesa humanidad, donde –como en este caso, según él— se produjeron “numerosas irregularidades que sólo se permiten en juicios de lesa humanidad”.

“Estos juicios son una trampa para muchos imputados”, sostuvo, antes de pedir la nulidad del reconocimiento fotográfico de Pomares y de “todos los testimonios” que se escucharon desde el inicio del juicio, el 15 de mayo pasado. En particular, Salas refutó los dichos de Pastorino y Barón, y también de Walter Martini, hermano de Graciela, quienes declararon cuarenta años después de los hechos.

“Los relatos dicen irrealidades por el transcurso del tiempo, porque estos testigos después de cuarenta años se han ido contaminando con la vida misma y han ido incorporando ideas, conocimientos, sugerencias, consejos de organizaciones de derechos humanos y compañeros de militancia y han ido confundiendo lo que vivieron realmente en aquellos episodios”, sostuvo Salas. “Hay testigos que han mentido”, sentenció.

“Pastorino parece haber aprobado los cursos de alguna escuela de testigos”, afirmó inclusive el abogado que descalificó también los testimonios de Horacio Urrera, Raquel Barretto, Luis Córdoba y Juan Carlos Arias.

“Acá vienen y dicen cualquier cosa y no prueban nada”, dijo Salas. El alegato de la defensa arrancó pasadas las 11 hs y terminó hacia las cinco de la tarde.

El mismo abogado criticó en varias ocasiones al exjuez Carlos Rozanski “por ser un juez militante de los derechos humanos”, y cargó contra el “carnaval con cotillón que se hace fuera del edificio del Tribunal” los días de audiencia.

El abogado se refirió a los problemas de salud de su defendido, sentado a sus espaldas, y al cuestionar la negativa a su pedido de prisión domiciliaria reflexionó con indignación: “Estamos hablando de una vida humana”.

Justamente Castillo y Pomares llegaron al banquillo acusados del secuestro, robo, violación de domicilio y asesinato de Carlos Antonio Domínguez, entonces secretario general del gremio del Turf platense, de Néstor Dinotto y Graciela Martini, militantes de la Juventud Peronista, y de Leonardo Miceli, que trabajaba en una tercerizada que prestaba servicios de limpieza en Propulsora Siderúrgica y era militante de la Juventud Trabajadora Peronista. Estos hechos ocurrieron entre febrero y abril de 1976.

Junto a Dinotto y Martini fueron secuestrados Adelaida Barón y Daniel Pastorino, dos de los principales testigos de las querellas en este juicio oral y público que empezó el 15 de mayo pasado.

“Esta causa está plagada de dudas y consecuentemente voy a solicitar […] que tengan en cuenta las dudas y […] se absuelva a Pomares”, insistió Salas, que planteó, entre otras, “la duda que surge de que la CNU hubiera cometido delitos de lesa humanidad” y “de que Pomares haya pertenecido a la CNU”.

Salas calificó los alegatos de los abogados querellantes y del fiscal Juan Martín Nogueira y aseguró que en todos ellos hay “escasa prueba”. Opinó que que el alegato de Marta Vedio fue “parcializado y descontexualizado” y que el alegato de Carolina Vilches, Pía Garralda y María Luz Santos Morón fue “demasiado político”.

“A Pomares se lo confunde. Negamos de plano” todos los cargos, sostuvo Salas.

Las atrocidades

Los testigos y los abogados querellantes, además del fiscal, insistieron durante todos el proceso en que “era vox pópuli” en la ciudad de La Plata la pertenencia de Pomares y Castillo; demostraron el modus operandi de la patota de la CNU y la brutalidad de sus asesinatos, exponiendo los cadáveres a la luz del día. Madres, hermanos e hijos relataron minuciosamente operativos de la patota de la CNU en que los imputados secuestraron y asesinaron a sus seres queridos, aunque muchos de estos casos quedaron fuera de este juicio.

“La historia universal está repleta de personas que han sido condenadas, han pasado veinte o treinta años en la cárcel y después de esa vida dentro de la cárcel, han sido declaradas inocentes”, sostuvo Salas en un alegato que concluyó de forma casi antiprofesional. “Wikipedia tiene innumerables cantidad de nombres. La historia universal está llena de gente que ha sido ejecutada […] y familiares y abogados han proseguido causas aun después de muerto y han sido declarados inocentes”.

“A esta altura ya no tengo análisis de conciencia por los delitos que defiendo porque elijo lo que defiendo”, sostuvo Salas sin inmutarse y antes de exigir “valentía” al tribunal para dictar “una absolución”.

“A mí me encantaría decidir los destinos de una persona […] Les pido que no condenen a un inocente”, concluyó Salas a quien inmediatamente el presidente del Tribunal Federal le respondió que no les tenía que advertir cuál es su tarea: “Vamos a dictar un veredicto como jueces de una democracia republicana”.