En la conferencia post electoral desde la Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña pidieron “no entrar en ninguna especulación política” sobre el caso de Santiago Maldonado para “poder llegar al fondo de la cuestión”, pero resulta que son sus propios funcionarios y medios afines los primeros en lanzar al ruedo las principales especulaciones con el objetivo de desinformar y encubrir.

Este fin de semana, luego de que el juez Gustavo Lleral informara que el cadáver del joven no había presentado lesiones, Clarín se apresuró a sostener que “la causal más probable de la muerte de Santiago Maldonado habría sido el ahogamiento”.

En la misma línea fue el ministro de Justicia, Germán Garavano: “Que no haya lesiones desmiente muchos testimonios y abre otras hipótesis”, dijo el funcionario, apuntando contra los mapuches de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

Ante estas declaraciones, la familia Maldonado tuvo que salir a aclarar que el juez “no descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte, por lo que debemos continuar esperando los resultados concluyentes de los peritos, garantizando que su trabajo sea realizado sin presiones de ningún tipo”.

El Cuerpo Médico Forense (CMF) y los 56 especialistas que trabajaron en la primera parte de la autopsia confirmaron hasta ahora que Maldonado no tenía golpes, heridas de bala, rastros de ahorcamiento ni signos de agresión visibles, pero en ningún momento determinaron la causa de la muerte. Eso recién se sabrá a partir de los estudios complementarios, que demorarán alrededor de dos semanas.

Por su parte, el juez Lleral sigue investigando el caso como desaparición forzada y no desestimó ninguno de los testimonios recabados en el expediente, por más que Garavano desee lo contrario.

La figura de Noceti

De hecho, según informó ayer desde Esquel el periodista Sebastián Premici (Cadena del Sur), Lleral podría tomar algunas medidas de prueba vinculadas al cruce de llamadas de Pablo Noceti y la geolocalización de todos los gendarmes que participaron de la represión en la comunidad de Cushamen, que el 1° de agosto terminó con la desaparición de Santiago.

Como se sabe, Noceti es el funcionario nacional que comandó ese operativo, enviado especialmente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por eso mismo, la familia Maldonado sigue reclamándole al presidente que “exija a Bullrich que dé explicaciones detalladas de lo actuado en este caso por el Ministerio a su cargo y la Gendarmería Nacional Argentina, garantizando la plena colaboración con la Justicia en el avance de la investigación”.

Lejos de exigirle algo, lo primero que hizo el gobierno tras su triunfo en las elecciones del domingo fue ratificar a la ministra, mientras Clarín inició nuevas operaciones mediáticas para desligar de toda responsabilidad a Noceti y a la Gendarmería.

El caballito de batalla del matutino es el llamado “testigo E”, que “dijo primero haber visto cómo los gendarmes se llevaban a Santiago Maldonado del río Chubut y luego se desdijo y dio el dato preciso de la ubicación del cuerpo encontrado el 17 de octubre”.

El periodista de Clarín Claudio Andrade publicó este lunes un artículo en la versión web del diario asegurando que el testigo “se mantendría oculto” en “un barrio enclavado en una montaña” porque “tiene miedo de que el RAM u otros le hagan algo”, luego de confesar su presunta mentira ante la Justicia.

Tanto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Esquel como otras querellas de la causa Maldonado confirmaron a Cadena del Sur que “no hubo ninguna declaración testimonial días previos a la resolución del juez Lleral sobre el rastrillaje realizado el 17 de octubre”.

“Es decir, no hay ningún ‘testigo E’, ni arrepentido ni no arrepentido que haya declarado ante Lleral”, agregó la agencia.

Lo mismo sostuvo en su blog Adriana Meyer, periodista de Página/12 que sigue el caso Maldonado: “Cuatro fuentes afirman que E no habría declarado en los expedientes que se instruyen en Esquel”.

El testigo de identidad reservada sólo habría declarado en el expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde dio cuenta de los hechos que culminaron con la desaparición forzada de Santiago.

Pero Meyer recogió además una denuncia contra Andrade del abogado Carlos “Chuzo” González Quintana, integrante de la ONG Naturaleza de Derechos y de la APDH.

“Me llamó Claudio Andrade y me apretó, me extorsionó. Me empezó a hacer preguntas sobre si yo era quien le había tomado declaración al testigo E del caso Maldonado”, contó el letrado, y agregó: “Lo grave es que me llama, afirmando él mismo cosas que no son ciertas y pretendiendo que yo le responda que sí lo son. Él quería que yo le afirme que el relato del testigo E, que nosotros efectivamente presentamos ante la CIDH, fue tomado por mí, algo que en ningún lado figura que haya sido así. Ante mi negativa a afirmar eso, me dijo que yo estaba ocultando información e incluso mintiendo. Ahí mismo le respondí que lo que estaba haciendo era una extorsión gravísima”.

Según el letrado, Andrade recurrió luego a una amenaza: “¿Sabés lo que va a pasar? Esto va a tener consecuencias gravísimas porque ya mismo voy a subir una nota al diario diciendo que vos estás ocultando información relevante o mintiendo respecto al testigo E”.

“Le dije entonces que en todo caso quien va a tener que responder ante la Justicia es él por acceder a un documento que no debería estar en sus manos y encima pretender extorsionarme con ese documento en su poder”, comentó Gónzalez Quintana.

Ese documento, de carácter privado, es el que evaluará este jueves la CIDH en Montevideo, Uruguay, donde además comparecerán por separado los familiares de Santiago y los representantes del gobierno de Macri.

González Quintana se presentó ayer mismo ante la Justicia Penal de Córdoba para denunciar a Andrade y a Clarín por “los delitos de coacción y extorsión”.