“En diez meses y medio, se llegó a una muerte cada 25 horas por gatillo fácil”

En pleno contexto de conmoción y descontento social por el curso del caso Maldonado a días de las elecciones, un video viralizado esta semana mostró cómo las fuerzas de seguridad entrenan para reprimir manifestaciones públicas.

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En un clima antecedido por un Microcentro porteño militarizado hace días ante una posible marcha por Santiago Maldonado y teorías esgrimidas por el oficialismo que refuerzan versiones de terrorismo interno, anteayer se volvió viral un video donde el cuerpo de Infantería de la Bonaerense entrena para reprimir manifestantes en una hipotética protesta social. Más allá de lo que podría interpretarse como un rutinario ejercicio de preparación de las fuerzas, el video habla de un proceso cada vez más recrudecido de criminalización del reclamo social, donde las calles de Buenos Aires se convirtieron, en el último año, en el escenario de expresiones multitudinarias en contra del Gobierno.
“A un ajuste brutal como el de Macri indefectiblemente le sigue la represión, como la sombra sigue al cuerpo. Hasta el 2015, durante casi una década se llegó a tener un muerto por gatillo fácil cada 28 horas. Los primeros diez meses y medio de Macri, le alcanzaron para llegar a una muerte cada 25 horas”, dijo a Contexto la representante de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú.
De la aprobación del polémico protocolo antipiquete, pasando por la actuación de Gendarmería en el operativo donde desapareció Santiago Maldonado, hasta presuntas infiltraciones de agitadores para sabotear marchas por su aparición, el modelo de “seguridad” sostenido por Cambiemos no hizo más que sembrar desconfianza y escepticismo en gran parte de la sociedad, a tal punto de provocar que el propio padre de Maldonado decidiera permanecer siete horas junto al cuerpo encontrado en Chubut por “no confiar en nadie”.
En esta línea, Verdú remarcó que “aunque no se hable del protocolo antipiquetes, se está aplicando, si no pregúntenle a los mapuches”. La abogada agregó que el protocolo además, posee una gravedad extra que es “encerrar a los periodistas en un corralito y que no cubran los hechos libremente, que es lo fundamental para contar con imágenes para reconstruir hechos”.
En tanto, las represiones a la huelga de trabajadores de PepsiCo y al corte de autopista panamericana encabezado por agrupaciones de izquierda, fueron ejemplos claros de la línea de acción programada por el gobierno para “cuidar” el espacio público. A ello se suma la voluntad de Cristian Ritondo y Patricia Bullrich donde sostuvieron que aplicarían a fono las facultades para detener personas en la calle de manera arbitraria.
En tanto, el abogado y abogado e integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) Esteban Rodríguez Alzueta, sostuvo en una entrevista que “en materia de protesta social, claramente se ha dado un giro de 180 grados: la policía ya no está para proteger a los manifestantes sino para perseguirlos, provocarlos y reprimirlos. Nuevamente, la arena judicial es referenciada como el espacio para tratar los conflictos sociales. Ya no van a pensar la protesta social con la constitución en la mano sino con el código penal”. Alzueta agregó: “Por eso la pregunta que se hacen no es cuál es el nivel de protección sino cuál es el nivel de castigo adecuado para desalentar la protesta”.
Al cierre de esta nota, Sergio Maldonado reconoció el cuerpo hallado en Chubut como el de su hermano Santiago, aun a la espera de los peritos científicos. Mientras tanto, en horas de incertidumbre que ya huelen a dolor e indignación, el gobierno entrena sus fuerzas para mantener al país -como tituló Clarín el 25 de marzo de 1976- en “total normalidad”.