Tras reunirse con el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció la intervención del municipio de Tumaco, donde en los últimos días fueron asesinados siete campesinos. Los crímenes de exguerrilleros, campesinos, líderes sociales y militantes de derechos humanos no cesan.

Tras el asesinato de los campesinos en Tumaco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su repudio y preocupación, le reclamó al gobierno de Santos investigar de manera exhaustiva los hechos y garantizar la seguridad e integridad de las comunidades campesinas.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre, durante una marcha de campesinos, la Policía Nacional reprimió a los manifestantes causando la muerte de siete personas e hiriendo a más de veinte.

Los manifestantes reclamaban el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y protestaban contra la erradicación forzada por parte de la Policía de los cultivos “ilegales” y de los propios campesinos que ocupan esas tierras.

La versión oficial intentó inculpar de los crímenes a un supuesto “grupo residual de las FARC”, pero los sobrevivientes indicaron que los asesinatos fueron producidos por parte de la Policía durante la represión. Luego de denunciar el accionar policial en el crimen de los campesinos, el líder social José Jair Cortés fue asesinado.

La ONU también expresó su preocupación por los últimos asesinatos. Mediante un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reclamó una profunda investigación y rápido esclarecimiento de los hechos.

En este marco, y tras la reunión con el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, Santos anunció la intervención del municipio.

“Se va a crear la fuerza de tarea conjunta al mando de un mayor general del Ejército con componentes de la Fuerza Aérea y de Policía”, anunció el mandatario. Durante su discurso, también admitió que “el Estado estuvo ausente en Tumaco durante muchísimo años”.

Santos decidió la intervención del municipio luego de que los crímenes tomaran gran trascendencia y causaran el repudio nacional e internacional, pero un informe emitido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indica que el paramilitarismo controla, al menos, 275 municipios, lo que pone entre comillas la efectividad de la medida decidida por el presidente colombiano.