El canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez, brindó una conferencia de prensa para expresar la respuesta de su país ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de expulsar a quince diplomáticos cubanos que realizaban tareas en la embajada de Washington.

El gobierno de Donald Trump tomó la decisión en el marco de la denuncia que el Departamento de Estado hizo días atrás sobre un supuesto “ataque sónico” contra funcionarios norteamericanos que cumplían funciones en La Habana.

Según el relato del gobierno norteamericano, sus diplomáticos habrían sufrido pérdida auditiva, mareos, zumbidos, dolores de cabeza, fatiga, problemas cognitivos, dificultades para dormir y lesiones cerebrales leves. Todos síntomas causados por este supuesto “ataque sónico”.

En base a ello, Trump ordenó retirar funcionarios norteamericanos de la isla y expulsar una misma cantidad de funcionarios cubanos de Washington.

Durante la conferencia, Rodríguez aseguró que “Cuba no ha tomado ninguna medida contra los Estados Unidos, en lo absoluto. No discrimina sus empresas, invita a sus ciudadanos a visitarla, favorece el diálogo y la cooperación bilateral, no ocupa ninguna porción del territorio de los Estados Unidos y no ha adoptado absolutamente ninguna medida de naturaleza bilateral. Al contrario, ha favorecido un curso respetuoso sobre bases de igualdad soberana, para tratar nuestras diferencias y convivir civilizadamente con ellas en beneficio de ambos pueblos y países”.

“La decisión política injustificable, inmotivada de reclamar el abandono del territorio de los Estados Unidos por parte de quince funcionarios de nuestra embajada, es acto de naturaleza absolutamente política que solo beneficia a quienes quisieran descarrilar la posibilidad de que las relaciones entre ambos países continúen avanzando, a quienes quisieran revertir los progresos alcanzados en los últimos años. Solo pueden beneficiar oscuros intereses de un puñado de personas”, señaló.

En otra parte de la conferencia, el canciller aseguró que “es inaceptable, inexplicable, que el argumento para exigir a personal diplomático cubano que abandone el territorio estadounidense sea que Estados Unidos, por su propia decisión, redujo la presencia de personal diplomático estadounidense en La Habana”.

“Es, evidentemente, una decisión política. No es una decisión técnica asociada al proceso de investigación en curso”, aseguró.

El argumento del Departamento de Estado norteamericano para decidir la expulsión de los funcionarios indica que la media tiene como objetivo “asegurar la equidad en las operaciones de las respectivas misiones diplomáticas”. En ese sentido, Rodríguez preguntó: “¿Por qué es un objetivo asegurar la equidad entre decisiones unilaterales, irreflexivas, infundadas, injustificables del Departamento de Estado?”.

El canciller remarcó que “es sorprendente la falta de seriedad” en el accionar del gobierno norteamericano, calificó el relato sobre los ataques como “ciencia ficción” y aseguró que los discursos de los funcionarios del Departamento de Estado sobre el supuesto hecho están cargados de “una retórica incomprensible que trata de disimular lo esencial que es la falta de datos, resultados concluyentes de la investigación, evidencia, información”.

Por último, Rodríguez destacó que “no hay una sola evidencia sobre la ocurrencia de los alegados incidentes, de sus causas, ni de su origen”, y que “estas decisiones seguramente afecta y afectarán las relaciones bilaterales entre ambos países”.

El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

El 29 de septiembre de 2017, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, anunció la decisión de reducir significativamente el personal diplomático de su Embajada en La Habana y retirar a todos los familiares, con el argumento de que se han producido “ataques” contra funcionarios del gobierno estadounidense en Cuba, que les han causado afectaciones a su salud.

El 3 de octubre de 2017, una vez más, el gobierno estadounidense, en una acción injustificada, decidió que 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington abandonen el territorio de los Estados Unidos, sobre la base de que han reducido su personal diplomático en La Habana y que el gobierno cubano no habría dado los pasos necesarios para prevenir “ataques” contra estos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y denuncia esta decisión infundada e inaceptable, así como el pretexto utilizado para justificarla, al afirmarse que el gobierno de Cuba no adoptó todas las medidas adecuadas para prevenir los alegados incidentes.

En la reunión sostenida, a propuesta de la parte cubana, con el secretario de Estado, Rex Tillerson, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, le advirtió de no tomar decisiones apresuradas sin sustento en evidencias, lo instó a no politizar un asunto de esta naturaleza y le reiteró la solicitud de cooperación efectiva de las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos y concluir la investigación.

Es la segunda ocasión, después que el 23 de mayo de 2017 el Departamento de Estado ordenara que dos diplomáticos cubanos en Washington abandonaran el país, en que el Gobierno de los Estados Unidos responde de manera precipitada, inapropiada e irreflexiva, sin evidencias sobre la ocurrencia de los hechos invocados, en los que Cuba no tiene responsabilidad alguna, y sin que haya concluido la investigación que está en curso.

Tal como fuera trasladado por el Canciller cubano al secretario de Estado Tillerson, el 26 de septiembre de 2017, Cuba, que ha sido víctima en el pasado de atentados contra miembros de su personal diplomático, asesinados, desaparecidos, secuestrados o agredidos en el ejercicio de sus funciones, cumple con toda seriedad y rigor sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en lo que se refiere a la protección de la integridad de los agentes diplomáticos acreditados en el país, en lo cual puede mostrar un historial impecable.

Como informó el Ministerio el pasado 9 de agosto, desde que la Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos informaran, el 17 de febrero de 2017, la presunta ocurrencia de incidentes contra algunos funcionarios de esa sede diplomática y sus familiares desde noviembre de 2016, alegando que les causaron daños y otras afecciones, las autoridades cubanas han actuado con suma seriedad, profesionalismo e inmediatez para esclarecer esta situación e iniciaron una investigación exhaustiva y prioritaria por indicación del más alto nivel del Gobierno. Se reforzaron las medidas de protección de los diplomáticos estadounidenses, sus familiares y sus residencias, se habilitaron nuevos canales de comunicación expedita de la Embajada con el Departamento de Seguridad Diplomática y se creó un comité de expertos para el análisis integral de los hechos, integrado por autoridades policiales, médicos y científicos.

Ante la tardía, fraccionada e insuficiente información suministrada por los estadounidenses, las autoridades cubanas solicitaron a la Embajada de los Estados Unidos precisiones e informaciones adicionales que permitieran realizar una investigación seria y profunda.

La Embajada de los Estados Unidos solo entregó algunos datos de interés sobre los supuestos incidentes, después de que el 21 de febrero, el Presidente Raúl Castro Ruz reiterara personalmente al Encargado de Negocios a.i. de esa Misión diplomática la importancia de compartir más información y cooperar entre las autoridades competentes de ambos países. No obstante, los datos suministrados con posterioridad continuaron careciendo de descripciones o detalles que facilitaran la caracterización de los hechos o la identificación de posibles autores, en caso de haberlos.

En las semanas posteriores, ante nuevos reportes sobre alegados incidentes y la escasa información aportada, las autoridades cubanas reiteraron la necesidad de una cooperación efectiva, ampliaron las solicitudes informativas a las autoridades estadounidenses e insistieron en ser notificadas en tiempo real sobre la ocurrencia de nuevos incidentes para poder actuar de forma oportuna.

En adición a lo anterior, en aras de contribuir al proceso investigativo y legal que se radicó en virtud de la Ley de Procedimiento Penal cubana, se trasladaron a las autoridades de los Estados Unidos requerimientos informativos como parte del expediente de investigación.

Las informaciones entregadas por la parte estadounidense han llevado al comité de expertos cubanos a concluir que estas son insuficientes y que el principal obstáculo para el esclarecimiento de los incidentes ha sido la falta de acceso directo a los afectados y a los médicos que los examinaron, la entrega tardía de evidencias y su carencia de valor, la ausencia de una información primaria fiable y contrastable, y la imposibilidad de realizar intercambios con expertos de los Estados Unidos con conocimiento sobre hechos de esta naturaleza y de la tecnología que pueda haberse empleado, a pesar de haberlo planteado reiteradamente como una necesidad para avanzar en la investigación.

Solo tras repetidas solicitudes al Gobierno de los Estados Unidos, representantes de agencias especializadas de ese país viajaron finalmente a La Habana el pasado mes de junio, se reunieron con sus contrapartes cubanas y expresaron la intención de cooperar de forma más sustantiva en la investigación de los supuestos incidentes. Volvieron a visitar Cuba en agosto y septiembre, permitiéndoseles trabajar en el terreno por primera vez en más de 50 años, para lo cual se les dieron todas las facilidades, incluyendo la posibilidad de importar equipamiento, como muestra de buena voluntad y del gran interés del gobierno cubano en concluir la investigación.

Las autoridades cubanas valoran positivamente las tres visitas realizadas por las agencias especializadas estadounidenses, las cuales han reconocido el alto nivel profesional de la investigación emprendida por Cuba, con un elevado componente técnico y científico, y que como resultado preliminar ha arrojado que hasta el momento, de acuerdo con la información disponible y los datos proporcionados por los Estados Unidos, no existen evidencias de la ocurrencia de los alegados incidentes, ni de las causas y el origen de las afecciones de salud notificadas por los diplomáticos estadounidenses y sus familiares. Tampoco se han identificado posibles autores ni personas con motivaciones, intenciones o medios para ejecutar este tipo de acciones, ni se ha establecido la presencia de personas o medios sospechosos en los lugares donde se han reportado los hechos ni en sus alrededores. Las autoridades cubanas no están familiarizadas con equipos ni tecnologías que puedan ser utilizadas para este propósito, ni cuentan con información que indique su presencia en el país.

Al rechazar categóricamente cualquier responsabilidad del gobierno cubano en los alegados hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirma una vez más que Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra funcionarios diplomáticos ni sus familiares, sin excepción. Tampoco ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros con este propósito.

El Ministerio enfatiza que la medida anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos, de reducir el personal diplomático cubano en Washington sin que haya resultados investigativos concluyentes ni pruebas de los incidentes que estarían afectando a sus funcionarios en Cuba, tiene un carácter eminentemente político.

El Ministerio insta a las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos a no continuar politizando este asunto, lo cual puede provocar una escalada indeseada, así como enrarecer y hacer retroceder más las relaciones bilaterales, ya afectadas por el anuncio de una nueva política realizado en junio pasado por el presidente Donald Trump.

El Ministerio reitera la disposición de Cuba a continuar propiciando una cooperación seria y objetiva entre las autoridades de ambos países, con el objetivo de lograr el esclarecimiento de estos hechos y concluir la investigación, para lo cual será esencial la colaboración más eficiente de las agencias competentes de los Estados Unidos.

La Habana, 3 de octubre de 2017