Las Secretarías de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, se sumaron el lunes al pedido de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad para Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, como integrantes de la banda paraestatal de ultraderecha peronista y católica Concentración Nacional Universitaria (CNU) considerados coautores de cuatro homicidios y siete secuestros de militantes universitarios, barriales y sindicales del peronismo revolucionario y de la izquierda perpetrados en La Plata antes del golpe del 76.

“Solicitamos que se condene a Carlos Ernesto Castillo, alias ‘El Indio’ a la pena de prisión perpetua […] por resultar penalmente responsable como coautor de los delitos de homicidio doblemente calificado […] cometido con alevosía con el concurso de dos o más personas en cuatro oportunidades, en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez, Hugo Di Notto, Graciela Martini y Leonardo Miceli”, sostuvo Facundo Dadic, uno de los tres abogados de esas Secretarías, al término de un extenso alegato al que asistió Contexto.

La pena requerida para Castillo incluye el delito de “privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias simulando autoridad pública en siete oportunidades en perjuicio de Carlos Antonio Domínguez, Hugo Di Notto, Graciela Martini, Leonardo Miceli, Ursula Barón, Daniel Pastorino y Roberto Fiandor”, prosiguió el letrado.

“Solicitamos se condene a Juan José Pomares, alias “Pipi” a la pena de prisión perpetua […] por considerarlo coautor del delito de homicidio doblemente calificado cometido con alevosía con el concurso de dos o más personas en perjuicio de Hugo Di Notto y Graciela Martini; la privación ilegal de la libertad […] en perjuicio de Hugo Di Notto, Graciela Martini, Daniel Pastorino y Ursula Barón”, agregó Dadic ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata.

Ambas Secretarías, una de las tres querellantes en este primer juicio contra el accionar de la CNU en La Plata entre 1974 y 1976 con sólo dos imputados en el banquillo, consideraron que los cargos atribuidos a Castillo y Pomares –que no estuvieron en la audiencia– “son delitos de lesa humanidad”.

En el alegato, pidieron al tribunal que remita al juzgado penal de turno los testimonios de los testigos que mencionaron como integrantes de la CNU a Patricio Fernández Rivero, Ricardo Calvo, Gustavo Fernández Supera, Juan Carlos Gomila y Antonio de Jesús para que “se investigue su posible participación en los crímenes cometidos por los miembros de la Concentración Nacional Universitaria entre los años 1974 y 1976”.

También pidieron que “las eventuales condenas sean cumplidas en unidades penitenciarias” y “nos reservamos el derecho de recurrir en Casación”.

El abogado Pedro Griffo, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue quien inició el alegato de esta querella, haciendo especial hincapié en los ámbitos de intervención de la CNU: la Universidad Nacional de La Plata (facultades y colegios secundarios) y sindicatos, como ATULP (no docentes de la UNLP) y la Agremiación de Empleados de Reunión (trabajadores del Hipódromo), donde la CNU actuaba “con el respaldo estatal que les garantizaba impunidad”, una vez derrocado el gobernador Oscar Bidegain, reemplazado por su vice, Victorio Calabró, hombre de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Griffo criticó la “fragmentación de las causas y el escaso número de imputados y víctimas que llegaron a este juicio. Es una porción muy chica de lo que hizo la CNU en La Plata”, sostuvo, antes de fustigar el accionar del Poder Judicial y de la Policía de entonces, que “nunca investigó” estos crímenes.

“El plan sistemático de aniquilamiento de los enemigos de izquierda y peronistas revolucionario no empezó el 24 de marzo de 1976”, afirmó, antes de indicar que este plan comenzó “el 20 de junio de 1973 con la masacre de Ezeiza. A partir de ese momento, la CNU empezó a estar detrás de numerosos atentados y ataques con bombas, irrupción en asambleas y asesinatos” en la ciudad de La Plata, que sin embargo los medios de comunicación atribuían a la izquierda.

Los testimonios demostraron los vínculos de la CNU con el sindicalismo más ortodoxo, como la UOM, la CGT local, SUPE, SOEME, con sectores eclesiásticos, con el poder político de entonces, la Policía, el Ejército y la Justicia. También otras organizaciones de ultraderecha peronistas, como la Triple A y las 62 Organizaciones, indicaron los abogados querellantes.

María Fernanda Barreca se refirió luego a las consideraciones del derecho internacional en lo referido a crímenes contra la humanidad. “Hace falta dominio fáctico […] y una política estatal de persecusión de sectores políticos”, sostuvo. “Los crímenes que aquí se juzgan son de lesa humanidad”, enfatizó la letrada, antes de referirse al artículo 7 del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional (CPI).

La abogada se refirió a la sentencia que a fines de 2016 dictó el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mar del Plata en el primer juicio contra la CNU en el país, condenando, entre otros, a prisión perpetua al exfiscal federal Gustavo Demarchi en un juicio histórico.

“En este debate oral ha quedado demostrado el ataque contra una parte de la población con anuencia del Estado por parte de la CNU, integrada por Castillo y Pomares, que cometieron delitos de lesa humanidad”, sostuvo. Al igual que sus colegas, la abogada subrayó: “son muchísimos los crímenes que cometió la CNU en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, pero son muy pocos los que llegaron a juicio”, y reclamó al Estado “su deber de cumplir con los acuerdos internacionales” en la materia para juzgar delitos de lesa humanidad.