Con una Confederación General del Trabajo (CGT) más interesada en la caja de las obras sociales que en la salud pública del conjunto de los argentinos, el gobierno de Mauricio Macri logró dar este lunes el primer paso hacia la implementación de la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS).

“La CUS busca que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad que necesitan a lo largo de todo su ciclo de vida, sean de promoción, prevención, curación, rehabilitación o cuidados paliativos”, sostuvo un comunicado oficial, luego de la reunión inaugural de la Unidad Ejecutora de la reforma, integrada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia Servicios de Salud y la CGT.

Pero en realidad se trata de un plan para mercantilizar el sistema sanitario nacional en función de grandes intereses privados, que no sólo afectará a los sectores que dice beneficiar, sino también a los trabajadores de la salud pública.

“Buscan que las leyes del mercado sean las que rijan el sistema de salud, con una transferencia de fondos públicos a lo privado”, advirtió a Contexto Marta Márquez, vicepresidenta de la CICOP, quien calificó la reforma como “una puerta de entrada hacia la privatización”.

El gobierno, la CGT y los medios hegemónicos que sirven de cadena de transmisión de la CUS dicen que la universalidad de la reforma pasa por permitir “a unos 15 millones de personas que carecen actualmente de servicio médico recibir atención en el sistema público o en las obras sociales sindicales”.

Y ahí reside, precisamente, la falacia de la CUS, porque el acceso a la salud ya es un derecho universal y gratuito, garantizado por la Constitución Nacional para cualquier persona que habite suelo argentino, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

Lo que en rigor de verdad pretende imponer el nuevo sistema es una “canasta básica de prestaciones” médicas, que le permitirá al Estado nacional eludir su responsabilidad de brindar el grado máximo de salud con los conocimientos técnicos existentes, en línea con los programas de ajuste dictados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y hasta la propia Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde el Movimiento por el Derecho a la Salud, integrado por organizaciones profesionales, gremiales, políticas, sociales y de derechos humanos, alertan que esta canasta básica es “un gran riesgo porque aumenta la brecha entre ricos y pobres”.

“Fiel a los criterios del Banco Mundial, la constitución de la canasta supondrá criterios numeral-contables, con lo cual no todas las patologías que afectan a la salud de los ciudadanos se verán cubiertas. De hecho, sólo serán tratadas las más recurrentes. Asistiremos a la concreción de una cobertura mínima de salud, hecho que ya puede observarse en países que llevaron adelante la reforma del sistema, tales como Chile, México o Colombia”, agrega el Movimiento.

Daniel Manoukian, médico generalista del Hospital Chos Malal de la provincia de Neuquén, da un ejemplo que grafica esta situación: “Se podría llegar a la paradoja de que a todas las mujeres se les haga gratuitamente la toma del Pap para determinar si tienen o no cáncer de cuello uterino, pero que la cobertura del CUS no alcance para tratarlo. Esto ha pasado en algunos países que ya han implementado esta receta del Banco Mundial”.

El decreto y la presión de Macri

Entonces, lo que no entre en la “canasta básica de prestaciones” deberá ser costeado de manera privada, por lo que sólo tendrán acceso total a los servicios de salud quienes puedan pagar por ellos. Un negocio redondo.

Márquez llamó incluso a “no dejarse engañar” por la supuesta modernización que implicaría la CUS. “Se habla de la historia clínica digitalizada, de que todo el mundo se va a poder atender en cualquier lugar del país con una tarjeta inteligente… No son más que distintas maneras de disfrazar la restricción de un derecho”, aseguró a este diario.

La reforma fue impuesta por Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia (908/2016) firmado a mediados del año pasado. Allí se especifica que para financiar la CUS se destinarán, “por única vez”, 8.000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) de la Superintendencia del Servicio de Salud (SSS), una cifra insignificante si se la divide por los 15 millones de beneficiarios (apenas 533 pesos por persona).

La CGT se metió de lleno en el proyecto porque el presidente no sólo le prometió la devolución escalonada del FSR a las obras sociales, sino que además puso a Alberto Scervino al frente de la SSS, un hombre de José Luis Lingeri, titular de Obras Sanitarias y exsuperintendente durante el menemismo.

Scervino fue expulsado del gabinete macrista luego de la marcha del último 22 de agosto, cuando uno de los triunviros de la central obrera, Juan Carlos Schmid, anunció la posibilidad de otro paro general en contra de las políticas neoliberales de Cambiemos.

Fue una clara presión, nuevamente ejercida a través de los fondos de las obras sociales, que surtió el efecto esperado por Macri. De esta forma, la CGT desactivó cualquier debate interno que pudiera derivar en una medida de fuerza y se prestó para avanzar con la CUS, enviando como representantes al propio Lingieri y a Carlos Frigerio, dirigente cervecero.