“Castillo y Pomares son co-autores funcionales de todos los delitos que se les atribuyeron […] que son todos delitos de lesa humanidad”, afirmó Marta Vedio ayer en su alegato como abogada querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata.

“Para Carlos Ernesto Castillo, alias El Indio, solicitamos la pena de prisión perpetua”, sostuvo la abogada, que reclamó igual condena para Juan José Pomares, alias “Pipi”. Vedio fue la primera querellante en presentar su alegato en este juicio oral y público contra el accionar de la CNU en La Plata ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esta ciudad.

Al cabo de una extensa y clara argumentación, la abogada pidió que el Tribunal considere los cargos de privación ilegal de la libertad agravada, tormentos agravados y homicidio agravado contra Castillo y Pomares, “comprobados integrantes” de la organización paraestatal de ultraderecha católica peronista Concentración Nacional Universitaria (CNU).

“Castillo era el jefe operativo de la CNU en La Plata y Pomares un activo integrante”, sostuvo la letrada apoyando su alegato en los numerosos testimonios de familiares de víctimas de la CNU y de militantes de aquella época, en pruebas documentales como investigaciones académicas y reportes de inteligencia de la Policía bonaerense, entre otros.

Aunque las víctimas de la CNU fueron al menos sesenta en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976. Se trata del secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini, y el secuestro de Roberto Fiandor, Daniel Pastorino y Ursula Barón.

Vedio pidió que los expedientes de este juicio sean remitidos a otros procesos en etapa de instrucción y que se abran las investigaciones sobre numerosos casos que nunca fueron investigados por la Justicia. Fuera de este juicio oral y público quedaron, por ejemplo, los asesinatos de Horacio Urrera, Carlos Satich, Luisa Córica, Arturo Rave, Rodolfo Ivanovich, Carlos Escafide, Mario Gershanik y Alcides Mendez Paz, entre otros.

También reclamó al tribunal que se “investigue a los miembros de la CNU mencionados en este juicio”, pues al banquillo llegaron sólo dos, Castillo y Pomares, contra quienes la fiscalía pidió días atrás la misma pena de prisión perpetua.

Frente a una sala repleta de familiares de las víctimas, entre quienes también se encontraba Nora Cortiñas, responsable de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vedio hizo un minucioso relato sobre cómo se produjeron los hechos que están siendo juzgados, el accionar de la banda de la CNU, su modus operandi para llevar adelante los secuestros de sus “enemigos sinárquicos” –según los lineamientos fundacionales de esa organización– que eran militantes y delegados del peronismo revolucionario y de izquierda.

La abogada recordó que durante las violentas irrupciones de la patota comandada por Castillo, en la que estaba Pomares, ambos reconocidos por numerosas víctimas, no sólo destrozaban el interior de las casas, sino que se llevaban pertenencias familiares, como una máquina de coser, otra de escribir, un cenicero o sábanas. Una de esas máquinas de escribir sería encontrada poco después en la casa de Castillo.

La letrada recorrió las etapas de la CNU: su conformación como un sindicato universitario al estilo falangista, la creación del “cártel político-sindical” junto a la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y a la CGT de entonces que dirigía José Ignacio Rucci, y la escalada de violencia. También se refirió a la formación que los miembros de la CNU recibían de la Triple A impulsada por José López Rega y describió los vínculos con el Estado y con las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía bonaerense y el Ejército.

Vedio se refirió a los conflictos laborales de entonces, como el que sufrían los trabajadores del Hipódromo platense, apretados cada vez que la Agremiación de Empleados por Reunión decidía una huelga. Allí empezó a actuar la CNU. Más tarde, ya enquistada en la UNLP con Victorio Calabró en la gobernación, intervino violentamente la sede de ATULP. Allí también estaban Castillo y Pomares, precisó.

“Actuaban en zonas liberadas. Roban. Asesinan con mucha crueldad y disparos. Exhiben los cuerpos en lugares públicos para sembrar terror”, resumió la abogada querellante antes de enfatizar: “La Justicia no investigó y encubrió”.

Al descartar la victimización de Castillo y Pomares al comenzar la dictadura militar, como pretenderán sus defensas, la abogada precisó que “Pomares y Castillo terminaron en una comisaría, a diferencia de sus víctimas, que iban a centros clandestinos de detención”.

“Está acreditado que Castillo y Pomares integraron la CNU y tuvieron activa participación en los delitos enumerados”, sostuvo la querellante que subrayó el “gran esfuerzo de reconstrucción de los hechos cuarenta años después de ocurridos por parte de familiares e investigadores” universitarios.

“Fundamentalmente le pedimos al tribunal que instruya a los jueces de instrucción para que lleven adelante investigaciones de manera integral, que dejen de fragmentar y de investigar por separado. La CNU fue un fenómeno único y deberían estar siendo juzgados todos sus delitos y todos sus integrantes”, afirmó Vedio a la prensa al término de la audiencia.

La abogada sostuvo que “hay que darle visibilidad” a los casos que quedaron fuera de este proceso. “Hay que generar conciencia sobre la necesidad de dejar de exponer a las víctimas” en numerosos juicios.

En este juicio “quedó demostrado que en nuestra ciudad hubo un terrorismo que se hizo pasar por ‘terrorismo de izquierda y acá vimos quiénes realmente ponían bombas en la ciudad, mataban y dejaban los cadáveres expuestos impunemente. Estamos empezando a intentar deconstruir una verdad artificial que se nos vendió durante muchísimo tiempo”, afirmó Vedio, poco después de que su alegato fuera saludado con un cerrado y emotivo aplauso del público presente.

“Llegar a este juicio es mérito del pueblo que no quiere impunidad. Seguir adelante con los juicios es un compromiso que tenemos en la Argentina para que no haya impunidad”, afirmó a Contexto Cortiñas, que escuchó el alegato sentada en primera fila, con el pañuelo blanco en su cabeza y las fotos de su hijo Carlos Gustavo y de Santiago Maldonado colgadas de su cuello.