Beligerancia judicial y mediática para que se vote “contra el kirchnerismo”

Agitar "la corrupción", hacer creer que a Nisman lo mató el gobierno de Cristina y mostrar el acuerdo con Irán por la AMIA como un "pacto" diabólico son operaciones de poder donde actúan jueces, fiscales, espías, medios y poderes extranjeros. La elección es mucho más compleja que una competencia entre candidatos.

358

En una nota publicada el jueves pasado en la edición digital del diario Clarín, en medio de distintas burlas contra Cristina Kirchner y Víctor Hugo Morales por la entrevista realizada a la expresidenta en el programa radial que conduce el popular periodista, un párrafo dice que en cierto momento el conductor “dejó lugar a sus compañeros de programa para que le hagan preguntas a la candidata a senadora, aunque ninguna estuvo relacionada con la corrupción durante su gobierno, el caso Nisman, o el controvertido pacto con Irán, cuestiones sobre las que tendrá que dar explicaciones en la Justicia”.

El párrafo es uno más de los miles que podrían encontrarse en un rastreo de apenas unos meses por las páginas de ese medio ultra-antikirchnerista y actualmente, por eso mismo, ultraoficialista. Pero resulta útil destacarlo ahora porque en esas pocas líneas de apariencia periodística –dejando en claro que en el cártel Clarín el periodismo es sólo la fachada, la máscara, el disfraz, el formato de sus estrategias de poder– se encuentra resumida la estrategia electoral de la derecha.

Pretenden que en la campaña se hable de “la corrupción” –que para el discurso dominante es sinónimo de kirchnerismo–. Además, que se hable de la muerte del fiscal Alberto Nisman –que para el discurso dominante fue un asesinato y culpan al gobierno de Cristina, como lo hizo explícitamente hace poco la diputada Elisa Carrió en una de sus habituales expresiones violentas y delirantes–. Y también que se hable del “pacto con Irán” –que es la forma en que el discurso dominante llama al Memorándum de Entendimiento firmado con esa república islámica para intentar avanzar en la investigación del ataque terrorista contra nuestro país sufrido en 1994 en la sede de la mutual israelita AMIA–.

En definitiva, esas pocas palabras en una nota del diario que expresa, y a la vez define, la estrategia discursiva y política de la derecha más masiva –esto es, más “clasemediera” y demagógica, y menos elitista que medios oligárquicos como La Nación– permiten apreciar los propósitos que tienen los poderes de facto en la elección del 22 de octubre.

Quieren que se vote contra el kirchnerismo. Que el “plebiscito” sobre la gestión del gobierno, una característica que se suele atribuir a las elecciones de mitad de mandato donde la ciudadanía supuestamente juzga a los gobernantes que están en el poder en ese momento, cambie de dirección y sea un “plebiscito” contra el gobierno anterior y su líder y figura de referencia, Cristina Kirchner.

La estrategia no es novedosa y es la que rige desde el mismo día en que Mauricio Macri asumió como presidente. Incluso desde hace varios meses se hicieron públicas observaciones periodísticas o de analistas políticos que anticipaban cómo se presentaría la contienda electoral en ese sentido (una de ellas fue una nota publicada por Contexto el 5 de marzo de este año).

Mentiras, antes y ahora

Si bien se trata de un plan de campaña muy previsible desde que la derecha está en el gobierno, es importante resaltar que la situación era distinta cuando aún debía desalojar del poder la experiencia política iniciada por Néstor Kircher y continuada por Cristina.

En aquel tiempo, el ataque planificado, meticuloso, demoledor, riguroso y perfeccionado al extremo contra el gobierno era complementado con las mentiras, engaños, trampas, distracciones y encubrimiento a favor de cualquiera que fuera opositor al kirchnerismo, y en particular a Macri y a su alianza Cambiemos, que se aprestaba a enfrentar en elecciones al oficialismo de entonces.

En cambio, desde diciembre de 2015 hasta hoy ese discurso tramposo tiene menos resonancia en la sociedad. Esto significa que, de a poco, pierde consistencia y credibilidad. Aun así, la prolongación simplificadora de esa tendencia puede llevar a suponer, muy erróneamente, que “nadie le cree” o que las maquinarias de acción psicológica sobre el conjunto de la sociedad son inocuas.

El macrividalismo sigue mintiendo desde que está en el gobierno y la fuerza de sus aparatos de dominación comunicacional siempre tienen una potencia. La diferencia radica en lo que ciertas corrientes de los estudios de comunicación definirían como una modificación en las “condiciones de recepción” de su mensaje. La eficacia de lo que dicen ahora es menor. Su penetración en la opinión pública sufre un deterioro.

Durante la campaña de 2015, Macri y Vidal podían aparecer en los avisos televisivos y decir “no vas a perder ninguno de sus derechos”, y muchas buenas personas, gente común del pueblo –con la adecuada predisposición ideológica para hacerlo–, podían creerle. Mientras que hoy los hechos de la realidad material de las condiciones de vida de una parte considerable de la población actúan como fuente de percepciones colectivas que son muy contradictorias con todo los engaños, las mentiras y la manipulación. Eso es lo distinto, y faltan pocas semanas para que pueda verificarse la traducción en votos que puedan tener tales procesos complejos de la dinámica social y política.

(Aunque puede resultar innecesario y abrumador para los lectores de Contexto, en un video de tres minutos elaborado por el portal Nuestras Voces en octubre de 2016, cuando iban diez meses de gobierno macrista, se puede apreciar un didáctico compendio de las estafas electorales y promesas falsas de Macri en la disputa presidencial de 2015)

Jueces, espías, poderes extranjeros

Las herramientas para las disputas de poder no son sólo comunicacionales. Con las imágenes, los discursos y los golpes de efecto se puede hacer mucho, pero el dominio sobre la sociedad se ejerce con muchos otros recursos, y la derecha los tiene. Por su propia índole: por ser la expresión político-ideológica de las clases sociales que detentan el poder en una sociedad capitalista, y de las estructuras e instituciones a través de las cuales ese poder está articulado y organizado.

Traducido esto a los hechos recientes: para intentar que la ciudadanía vote “contra la corrupción kirchnerista”, se necesitan jueces y fiscales que manipulen las normas y mecanismos del sistema jurídico para provocar un acoso permanente contra Cristina Krichner, su familia y decenas de exfuncionarios de su gobierno a los que han inventado causas penales, casi todas con amenaza de perder la libertad.

En el mismo sentido, para que se hable de que “a Nisman lo mataron”, el gobierno y todo el bloque de poder hegemónico dispone de una eficiente y sofisticada trama de jueces y fiscales a su servicio, así como de dispositivos de armas, tecnología y espionaje que concluyen, como en la semana recién terminada, en un “peritaje” de Gendarmería que legitima lo que ellos querían que la sociedad creyera.

Finalmente, en una operación política contra el kirchnerismo a escala todavía mayor, la derecha local actúa en coordinación con las más grandes, temibles y peligrosas estructuras de mando del planeta donde el norteamericano Donald Trump y el israelí Benjamin Netanyahu manejan algunas de las principales terminales de las cadenas de poder, para hacerle creer a sectores importantes de la sociedad argentina que debido al acuerdo con Irán Cristina Kirchner debe ser condenada por “traición a la patria”.

Una elección es mucho más que candidatos, campañas, marketing, afiches, uso de las redes digitales y “roscas” entre los dirigentes. Es una pieza más, fundamental pero no única, de disputas por espacios de poder donde “los políticos” son las figuras visibles que aparecen en los medios, pero donde los protagonistas más poderosos actúan desde la clandestinidad.

El “plebiscito” contra el kirchnerismo que quieren producir las corporaciones locales respaldadas desde los centros de poder internacionales constituye un desafío electoral gigantesco para ese sector político. Pero además es una muestra del nivel de beligerancia, violencia judicial y peligrosidad para los derechos ciudadanos, contra los cuales se enfrentan –tal vez sin darse cuenta, o al menos sin que haya reflexión pública al respecto– las fuerzas populares y democráticas del país.