Por Alí Mustafá*

“Nos pidieron entrar en casa y a mi padre le pidieron su documentación, pero al dar la vuelta empezaron a disparar a todos y las balas caían como la lluvia. Aun no sé cómo llegué al servicio y me escondí. Camino hacia ahí, encontré a mi hermano pequeño Ismail, le cerré la boca y le arrastré conmigo. Vi desde el filo de la puerta cómo yacía toda mi familia en el suelo, excepto mi hermana pequeña, que gateaba hacia mi madre llorando, pero al alcanzarla, le dispararon en la cabeza esparciendo sus sesos por la habitación…” (Maher Mereí).

El relato desgarrador de uno de los sobrevivientes de la masacre de Sabra y Chatila sigue produciendo indignación y conmueve. Ya son 35 los años que separan aquella tragedia del genocidio por goteo que día a día va diezmando a la población de la Palestina ocupada.

Entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, las milicias de la Falange cristiana del Líbano y sus aliados israelíes violaron y masacraron con hachas, cuchillos y balas de ametralladoras a 3.500 palestinos indefensos, todos ellos ancianos, mujeres y niños.

El asesinato del embajador israelí en Londres Shlomo Argov a principios de junio de ese año produjo la inmediata invasión al Líbano por parte de las tropas del ejército de Israel. Al mando estaba el ministro de Defensa, Ariel Sharon, y la operación se denominó paradójicamente “Paz para Galilea”, brutal ofensiva que llego a los arrabales de Beirut.

Después de cercar a las fuerzas armadas de la OLP en el oeste de Beirut y tras dos meses de combate que dejaron un saldo de 18 mil muertos y 30 mil heridos, casi todos civiles, Estados Unidos envió a Philip Habib como mediador. Este negoció un alto el fuego y la retirada de la OLP el 1º de septiembre. Parte del acuerdo de Habib era que Beirut quedaría bajo control de las fuerzas libanesas, y Estados Unidos les aseguraba a los dirigentes palestinos que los civiles que albergaban en los campos de refugiados de Sabra y Chatila estarían protegidos.

Sin embargo, el 15 de septiembre, inmediatamente después del asesinato del abogado y presidente libanés Bachir Al Jumayel († 14.09.82), y bajo la excusa de que 2.000 “terroristas” palestinos se habían quedado en los campamentos, Sharón ocupó la parte este de Beirut y ordenó sellar con sus tanques y soldados todos los accesos. El coto ya estaba habilitado y en la mañana del 16 de septiembre la cacería había comenzado. Bombardeos aéreos y francotiradores generaban el caos y el temor, para luego darle paso a unos 150 milicianos de la Falanges Libanesas para que, durante casi dos días, con armas de puño, cuchillos y hachas ingresaran en las casas a masacrar a mujeres, niños y ancianos, todos ellos desarmados. De los supuestos terroristas no había rastros. Lo cierto es que nunca estuvieron allí y Sharon y las Falanges lo sabían.

En su autobiografía Ariel Sharon. El Guerrero (1989), reconoce haber negociado los detalles del operativo con Bachir Al Jumayel, comandante de las fuerzas paramilitares Falanges Libanesas, el 12 de septiembre en la localidad de Bikfaya.

Medio millón de israelíes se lanzaron a las calles de Tel Aviv a manifestarse en contra de la agresión y varios informes se produjeron. El parlamento israelí conformó una comisión presidida por Yitzak Kahane cuya finalidad fue definir la responsabilidad política pero no penal de los crímenes. Otros informes también fueron elaborados, como el de Mac Bride y la Comisión Nórdica, que basaron su investigación en relatos de testigos occidentales o simples recortes periodísticos. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General de las Naciones Unidas condenaron la masacre calificándola de genocidio.

El repudio que generó mundialmente este crimen provocó la caída del gobierno de Menahem Beguin, y como resultado del informe Kahane, Ariel Sharon tuvo que renunciar a su cargo de ministro de Defensa. Pero ninguno de los responsables directos, ni los israelíes ni los falangistas libaneses, han sido presentados ante ninguna Corte de Justicia, y las víctimas fueron enterradas en una fosa común donde hoy funciona un estanque de aguas servidas.

Después de 35 años, el genocidio por goteo de los palestinos continúa y los halcones de israel se expanden sobrevolando territorio latinoamericano en busca de acuerdos con sus pares regionales para endurecer más las políticas neoliberales y sostenerlas a fuerza de control y represión.

La críptica visita de Benjamín Netanyahu a la Argentina ha dejado una serie de acuerdos que en su editorial de Página/12 del domingo Horacio Verbitsky disecciona con expertise de médico forense. Entre los pactos más sensibles se encuentran la firma de colaboración militar y policial y la transferencia de información estratégica. Esto habría sido conversado en la reunión de Davos de 2016. La colaboración implica la compra de patrulleros terrestres y acuáticos, más la capacitación policial para la provincia de Buenos Aires.

También, el juzgamiento en ausencia de los iraníes acusados por la explosión de la AMIA en 1994, el intercambio de datos sobre circulación financiera provenientes de países a los que Estados Unidos e Israel relacionan con el terrorismo, las migraciones y metadatos de redes sociales, seguimiento de escuchas, algo que ya viene aplicándose con mucha eficiencia desde que Macri era jefe de la ciudad, monitoreo satelital de aparatología militar y cargamentos sospechosos, ciberseguridad y ciberdefensa, la profundización de la cooperación entre la Policía y otras autoridades para prevenir y descubrir el accionar delictivo. Otro acuerdo que destaca Verbitsky en su nota es brindar a Israel a través de las aduanas un acceso único a la información estratégica.

Si la “democracia” israelí puede ofrecer todo esto, se debe a que tanto los sistemas en materia de seguridad y de control como las capacitaciones del personal militar y policial son probados permanentemente en los territorios ocupados de Palestina. De esta manera vendieron las armas para la represión de los setenta y capacitaron a las fuerzas militares y policiales de la dictadura cívico-militar.

La cooperación vertical entre los países centrales y los del tercer mundo, desde el 11 de septiembre de 2001, está marcada por la lucha contra el terrorismo, el control de los flujos migratorios y la “batalla” contra el narcotráfico. Políticas que hoy tienen mayor asidero en la Argentina neoliberal y que tienen como objetivo profundizar la dominación.

Otro septiembre nos alerta sobre las posibles y oscuras consecuencias de estos acuerdos. Y nos hace recordar que Sabra y Chatila fue la experiencia más horrenda de un régimen político-económico neoliberal que, si se tiene que imponer, lo hará sin compasión, a fuerza de fuego y sangre.


* Periodista, director del Observatorio de derechos humanos El Ojo Moro.