No fue casual que una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri haya sido el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para fortalecer a grupos mediáticos concentrados como Clarín, mientras echaba a una gran cantidad de trabajadores de los medios públicos y ahogaba financieramente a empresas periodísticas contrarias a las políticas neoliberales de Cambiemos.

Todo cuidadosamente orquestado para imponer un fuerte blindaje mediático que permitiera justificar o encubrir el ajuste salvaje, el saqueo a los sectores populares y la represión de la protesta social que derivó en el encarcelamiento político de dirigentes como Milagro Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Pero como ningún cerco mediático es infalible, el macrismo también apela a la censura lisa y llana para silenciar las voces críticas que quedan en pie. El reciente despido del periodista Roberto Navarro de C5N y Radio 10 volvió a poner de relieve los oscuros métodos utilizados para tal fin.

Si bien el Grupo Indalo negó cualquier presión gubernamental y acusó al periodista de “graves faltas” e “indisciplina”, Navarro confirmó que el pedido para correrlo del canal y de la emisora salió directamente de la Casa Rosada tras las PASO del 13 de agosto: “Me lo dijo un ministro muy importante, ‘te van a sacar, ya es decisivo que te saquen, y va a haber periodistas más cercanos a nosotros’”.

Navarro también reveló que el gobierno había recurrido a “las amenazas de siempre” contra Indalo, que ya tiene “17 causas penales”. Por ese motivo, cuando se reunió con el director de C5N, Mariano Frutos, para pedirle que no lo sacara del aire, recibió la siguiente respuesta: “No me pidas que yo vaya preso para salvar tu trabajo”.

“No les molesta mi crítica, que también existe en el resto de la programación de C5N, les molestan nuestras investigaciones: ARSAT, El Socio del Presidente, Dólar Futuro, Compra de Armas y tantas otras”, sostuvo, y detalló que estaba a punto de difundir “graves denuncias de corrupción” sobre la vicepresidenta Gabriela Michetti, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la candidata a senadora nacional de Cambiemos, Gladys González.

“Es un cambio de época y van por más. Todo indica que lo que Macri piensa hacer en los próximos tiempos necesita la complicidad del silencio. Estamos ante una democracia precarizada”, completó en un comunicado.

La periodista Cynthia García consideró en diálogo con Contexto que el despido de Navarro es “un hecho de censura gravísimo” por parte de un gobierno “que necesita cortar el margen de lo que se puede decir”.

“Este caso no es primero ni el último. Venimos denunciando censura, persecuciones y listas negras desde el inicio de este proyecto político”, dijo, y completó: “La brecha de la palabra es la brecha del poder. Argentina está quedando a merced de un proyecto político que desaparece la palabra, desparece el trabajo y desaparece a Santiago Maldonado”.

García, que tras la asunción de Macri fue echada de la TV Pública, de Nacional Rock y de Radio Continental, añadió que “a quienes hemos formado parte del colectivo 678 nos persiguen permanentemente y nadie nos da trabajo”.

Otro ejemplo reciente es el de Página/12. La Asamblea de Trabajadores del diario denunció hace dos semanas una “perversa maniobra para silenciarnos” y le pidió al gobierno “que aprenda a respetar a todas las voces que garantizamos el derecho a la información de la sociedad”.

Luego de que Horacio Verbitsky revelara el blanqueo de 132,5 millones de dólares que involucra a funcionarios, amigos y familiares del presidente, entre ellos su propio hermano Gianfranco Macri, “un programa vinculado al aparato de inteligencia estatal” (Animales Sueltos) apuntó contra Víctor Santa María, titular del gremio SUTERH y director del Grupo Octubre, al que pertenece Página/12.

El conductor de ese programa, Alejandro Fantino, mostró una fotografía de Santa María a pantalla partida con una imagen del detenido dirigente marítimo Omar Suárez, sugiriendo que el líder de los porteros podría ser el próximo sindicalista en ir a prisión.

“Santa María es parlamentario del Mercosur y preside el Partido Justicialista de la Capital, de modo que la comparación con Suárez es un desborde de rencor sin asidero y constituye una amenaza abierta a la libertad de buscar y difundir información de interés público”, explicó Verbitsky.

La operación continuó días después en el diario La Nación con un extenso editorial titulado “El injustificable enriquecimiento de Víctor Santa María”, en el que se enumeraron “fundadas sospechas” que comprometerían al director del Grupo Octubre con un “presunto lavado de dinero”.

“La intención de amedrentar es clara: son los famosos ‘carpetazos’ del arsenal escabroso de este gobierno, la mayoría de las veces con información forzada o directamente inventada por los servicios de inteligencia y amplificada por los medios compinches, como La Nación”, sostuvo el periodista Luis Bruschtein en una columna publicada el 9 de septiembre, donde además remarcó que “el dato suficiente es que los ataques del gobierno se producen como respuesta al artículo de Horacio Verbitsky sin que nadie lo haya desmentido”.

También es recordado el caso de Enzo Moreira, el periodista despedido de Télam a principios de julio por preguntarle a Horacio Rodríguez Larreta sobre las denuncias por sobreprecios en la obra pública porteña

“Constituye un acto de persecución política, sindical y de disciplinamiento: ¿con qué libertad sale a preguntar un periodista de Télam a la calle después de semejante acto ejemplificador?”, se preguntaron desde la Comisión Gremial Interna de la agencia pública al repudiar esta y otras cesantías similares.

En medio de la persecución y la censura, las patronales mediáticas también aprovechan las amplias libertades que les da el macrismo para achicar, flexibilizar y precarizar las condiciones laborales en sus empresas.

Ya en vísperas del pasado Día del Periodista, la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa –integrada por medio centenar de sindicatos de todo el país– advertía sobre “la emergencia que afronta una auténtica libertad de expresión con pluralidad de voces”.

Los gremios del sector habían relevado hasta ese momento más de 2.500 despidos en empresas nucleadas en las cámaras AEDBA, ADIRA, AFERA, AAER, ARPA Y ATA, entre otras.

“La articulación de intereses económicos y políticos sectoriales ha derivado en el cierre o achicamiento de empresas periodísticas en todo el país, reconvirtiendo negocios en el rubro, con menos empleos y con más tareas por menores salarios para quienes aún lo conservan, en abierta violación de convenios y estatutos profesionales”, subrayaba la Mesa Nacional.

Desde entonces, el proceso de ajuste no ha cesado. Sólo entre el mes de agosto y lo que va de septiembre se produjeron decenas de despidos en los diarios Los Andes y Clarín, las radios Splendid y Rock&Pop, y Crónica TV; mientras peligran numerosas fuentes laborales en Radio del Plata y la agencia DyN, cuyos principales accionistas son Clarín, La Nación, Río Negro y La Gaceta de Tucumán.