La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamaba anoche la liberación de los tres detenidos tras el ataque y desalojo del Lof Fvta Xayen (Paraje Tratayen), ubicado en la zona conocida como Vaca Muerta, donde se encuentra la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional.

Uno de los detenidos es el werken (vocero) de la comunidad, Diego Rosales, mientras que los otros son jóvenes kona. Todos fueron alojados primero en la Comisaría 13 del Chañar y más tarde trasladados a la capital provincial para la formulación de los cargos en su contra.

Para barrer a la comunidad de su territorio, el gobernador Omar Gutiérrez envió durante la madrugada de ayer a casi un centenar de uniformados, en su mayoría efectivos del Departamento Especial de Servicios Policiales (DESPO), que irrumpieron fuertemente armados, rompiendo todo lo que encontraron a su paso y golpeando a quienes se encontraban en sus viviendas.

“Lo más grave y urgente es que han plantado falsas ‘pruebas’ para ensuciar nuestra justa causa: junto con el operativo han aparecido armas y drogas que servirán para un montaje repetido: el ‘maputerrorismo’”, denunció la CMN.

El allanamiento fue ordenado por el fiscal Marcelo Silva en una causa por “usurpación” iniciada cuando la comunidad decidió cerrar el paso de sus territorios ancestrales en defensa de sus derechos y en repudio al extractivismo de petroleras como YPF, Chevron, Shell, Exxon, Pan American Energy, Petrobras y Total Austral. Muchas de estas empresas utilizan el sistema de fracking, que contamina el medio ambiente.

“Mapuches y no mapuches que viven de Vaca Muerta hacia abajo están tomando agua contaminada. Nuestros hermanos se mueren a temprana edad producto del cáncer, y el cáncer lo provocan los metales pesados que entran por el agua, el aire y el alimento”, explicó Gilberto Huilipán, werken del Consejo Participación Indígena (CPI) Zonal Xawvnko.

Huilipán dijo a Contexto que, como ocurre en la comunidad de Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado, “en Neuquén venimos sufriendo una seguidilla de ataques que tienen que ver con la decisión de la ministra Patricia Bullrich, mandada por el presidente (Mauricio) Macri, de aplicar la represión para amedrentarnos”.

“Quieren sembrar el miedo otra vez, como lo hicieron con la Conquista del Desierto. La diferencia es que ahora son carroñeros serviles a las petroleras, a costa de la sangre mapuche y de la sociedad neuquina en su conjunto”, subrayó el werken.

Organizaciones indígenas de distintos puntos del país instalarán esta semana una carpa frente al Congreso para exigir la prórroga de la Ley N° 26.160, que impide desalojos de las comunidades de los pueblos originarios, a la vez que ordena el relevamiento y regularización dominial de sus tierras.

La carpa estará activa entre el 23 y el 27 de septiembre, cuando el Senado podría tratar la prórroga de la norma votada en 2006.

“Hasta la fecha, ni la mitad de las comunidades de los territorios indígenas han sido relevadas. Todas las provincias que apelaban a la caducidad de esta prórroga estaban muy contentas. En Neuquén, el ministro Jorge Lara (Seguridad, Trabajo y Ambiente) llegó a decir que al día siguiente iban a ingresar a todos los territorios comunitarios para permitirle el libre acceso a las petroleras”, recordó Huilipán.

El vocero señaló que las comunidades mapuches no son organizaciones delictivas ni violentas, como se las califican desde las campañas mediáticas de “demonización”.

“Jamás atentamos contra la vida de nadie. Nuestras únicas armas de lucha para defender nuestros derechos son el conocimiento y las herramientas jurídicas”, sostuvo, y aseguró que no bajarán los brazos hasta que el Estado “se siente a dialogar con nuestras autoridades políticas por el territorio, la inscripción y la entrega de personería jurídica a cada una de las comunidades mapuches”.

“Hay un tema muy importante que a los gobiernos les hace mella, que es aplicar el ‘derecho a la consulta’ y al ‘consentimiento libre, previo e informado’ ante cada acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas, algo que está plasmado en distintas leyes y tratados internacionales con rango constitucional. No vamos a dejar de pelear por esas banderas”, añadió Huilipán.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que no se pueden otorgar concesiones a empresas sin el visto bueno de las comunidades indígenas y que no cumplir con ese derecho básico implica una violación a los derechos humanos.