La derecha argentina, que es una pieza importante en la estrategia de Estados Unidos de retener el control sobre Sudamérica dentro de su dominación planetaria, avanza con peligrosidad no solo hacia la masacre económica y social del país, sino hacia la creación de condiciones de violencia política para sostenerse en el poder.

Para ello, maneja la casi totalidad de las instituciones estatales y estructuras de la organización económica y social del país: empezando por el gobierno y el sistema judicial y las cadenas mediáticas que encabeza el cártel Clarín, siguiendo por las corporaciones económicas y financieras que dominan el llamado “mercado” –desde el cual se manejan, por ejemplo, el abastecimiento o no de productos, los precios de todos los artículos y el valor del dólar–, y continuando por el aparato armado y de espionaje del Estado, y también muchos otros dispositivos de poder, como los ejércitos de poderosos abogados y economistas a su servicio. La lista es solo indicativa, podría ser mucho más extensa.

Lo “único” –y nada menos– que escapa a su control es la sociedad civil. Esto abarca a la ciudadanía activa que está por fuera de las estructuras de poder. Desde allí, en el año y nueve meses de gobierno de Mauricio Macri han surgido múltiples acciones puntuales y específicas, que por momentos derivaron en expresiones masivas y multitudinarias, y con las cuales se detuvieron algunas de las decisiones oficiales más agraviantes para los intereses populares –por ejemplo, a mediados del año pasado el oficialismo tuvo que retrasar y regular los aumentos de tarifas ante las reacciones en contra–, o bien se puso en evidencia un grado considerable de repudio social a hechos como el 2×1 a los genocidas y, el peor de todos, la desaparición de Santiago Maldonado.

Con la movilización de la sociedad civil, y eventualmente con el surgimiento de una alternativa política opositora con un respaldo electoral importante –para esto último hay que esperar hasta conocer los resultados del 22 de octubre–, la balanza (imaginaria) para medir cómo está distribuido el poder en el país puede mostrar ciertos contrapesos a semejante acumulación en el platillo del bloque dominante y del régimen político que lo expresa.

Sin embargo, estos últimos tienen instrumentos con los cuales defender sus privilegios mediante distintas formas de violencia, y ante ello las fuerzas políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, académicas, etcétera, que representan a los intereses populares, necesitan plantearse el problema e incorporar ese asunto a sus discursos y a sus acciones.

Uno de los desafíos es evitar que gente común del pueblo con ideas conservadoras, mayormente adultos y muy frecuentemente adultos mayores, que tienen predisposición ideológica para desconfiar de los políticos y para creer en figuras mediáticas de masas como Legrand, Lanata o Giménez, sean atrapados por la acción psicológica de una derecha cada vez más extremista, y así terminen avalando un plan de devastación destinado a instalar una sociedad con más injusticia y menos libertades.

Usinas generadoras

La derecha, que es una denominación que refiere a la defensa de los intereses de las clases sociales más poderosas y al bloque de poder estructurado en torno, cuenta con un inmenso entramado de instrumentos para implantar en la sociedad creencias, aceptaciones, rechazos, indiferencias, estados de ánimo, emociones, preferencias estéticas, predisposiciones para la acción, motivaciones para hacer o dejar de hacer algo.

Piezas fundamentales de semejantes dispositivos son las usinas generadoras de hechos, o a veces tan solo de rumores, versiones y mentiras, que buscan provocar efectos en el imaginario social y se van instalando como temas de conversación, como verdades o al menos como posibilidades ciertas. Pueden ser algunos de los múltiples servicios de espionaje e inteligencia que dependen del gobierno nacional o de los provinciales, sus policías, la Gendarmería y la Prefectura Naval, cada una de las fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), etcétera.

También pueden desempeñar esas funciones especialistas civiles del país o del exterior contratados legal o ilegalmente desde un gobierno o desde otras estructuras de poder –una corporación mediática, por ejemplo–, y entre esos expertos debe incluirse a los consultores políticos y comunicacionales, que poseen finos conocimientos en manipulación de la opinión pública y guerra sucia informativa, como el asesor presidencial Jaime Durán Barba. Esta es solo una conjetura. No hay información fácilmente accesible que pueda confirmarlo.

Pero lo que está demostrado es que ese tipo de consultores disponen de las técnicas, el personal, las tecnologías y el financiamiento para mentir, engañar, simular, estafar y generar maniobras de distracción del conjunto de la población para producir ciertos efectos o evitar otros. Un ejemplo reciente fueron los desmanes en la vía pública y su televisación en directo, después de la multitudinaria movilización popular del 1º de septiembre, cuando se cumplió un mes de la desaparición de Santiago Maldonado.

(Un caso revelador de manipulación de la opinión pública con mentiras ocurrió en 2007, cuando Mauricio Macri y Daniel Filmus competían por la Jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por esos hechos hubo denuncias penales contra Durán Barba, entre otros, pero debido a la afinidad político-ideológica de los jueces y fiscales intervinientes con el macrismo, todos los acusados quedaron impunes. De los muchos informes al respecto difundidos en su momento por el programa televisivo 678, el siguiente enlace permite visualizar uno de ellos, del 27/07/11: https://www.youtube.com/watch?v=-GIOOpAP7CM. Otra muestra de aquel caso la ofrece un videoclip publicado en el canal de Youtube del periodista Francisco José Bessone y su programa radial El ruido de las nueces. Recopila afiches y llamadas telefónicas falsas que vinculaban a Filmus con Hugo Moyano, quien en ese tiempo era aliado del kirchnerismo y hostigado por el Grupo Clarín, y con Sergio Schoklender, cuyas estafas con dineros de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo habían quedado al descubierto: https://www.youtube.com/watch?v=mgX8PSVJW8U).

Por otra parte, sin que en general se indiquen informaciones precisas, es común en los ambientes políticos y periodísticos atribuir a programas televisivos como Animales sueltos, conducido por Alejandro Fantino, la realización de operaciones políticas sucias originadas en los aparatos de inteligencia pero con apariencia de debate periodístico. También es habitual dar por sentado que el periodista Joaquín Morales Solá, columnista del diario La Nación y conductor de un programa en el canal TN del Grupo Clarín, expresa las posiciones y opiniones de la embajada de Estados Unidos en Argentina.

Enemigos internos

Sin que pueda establecerse fácilmente su origen, las usinas de acción psicológica sobre la opinión pública están funcionando muy activamente desde la desaparición de Maldonado. La diseminación de mentiras, pistas faltas, engaños y maniobras de distracción ha tenido y tiene una potencia formidable. Aun así, el gobierno y toda la derecha se han encontrado con una reacción social que no esperaban y con un problema político del que por ahora no pueden salir.

Si, como todo indica, Santiago fue secuestrado, torturado, asesinado y su cuerpo ocultado por miembros de Gendarmería, sería la expresión criminal más extrema alcanzada hasta el momento por la violencia ejecutada desde el Estado durante la presidencia de Mauricio Macri.

Sin embargo, la ofensiva mediante distintas formas de violencia hasta llegar a ese crimen político fue una continuidad in crescendo. Antes de la desaparición del muchacho, lo más grave fue el ataque contra la libertad y la integridad de una ciudadana mediante la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala. Otras formas cada vez más frecuentes de esa ofensiva son las agresiones físicas contra personas que ejercen su derecho a manifestarse públicamente y reclamar.

A nivel de la violencia simbólica, son completamente habituales los insultos, agravios, estigmatizaciones y ofensas contra dirigentes, militantes, organizaciones o símbolos que puedan considerarse representativos del kirchnerismo –esto, ejecutado sobre todo, pero no solo, por la cadena Clarín–. También el ultraje judicial y propagandístico contra Cristina Kirchner, su familia y muchos integrantes de su sector político. Además, la violencia jurídica ejercida por Macri desde la primera semana de su gestión con la derogación de facto de leyes de la nación, con consentimiento de la fracción dominante del Poder Judicial.

En los últimos meses, semanas y días, la agresión desde el poder se prolonga en hechos tales como las acciones de intimidación de policías o gendarmes en escuelas donde hay protestas estudiantiles o simples debates sobre asuntos de interés público. Otra situación grave contra los derechos constitucionales fueron los allanamientos a principios de septiembre en Córdoba contra locales de partidos políticos y organizaciones sociales y culturales.

Pero la escalada siempre va en aumento y, en la nueva etapa que se abrió con la desaparición forzada del chico Maldonado –un trágico hito en la historia contemporánea argentina–, la derecha avanza hacia posiciones más extremas y está lanzada a la construcción de nuevos enemigos internos que justifiquen profundizar la estrategia represiva, la militarización del país y el agravamiento de la violencia antidemocrática.

Hasta el momento, el enemigo que más insistentemente venía señalando el discurso dominante era el kirchnerismo, gracias a la actuación de la corporación judicial y el aparato de espionaje, y a la estrategia propagandística del cártel Clarín y las demás cadenas mediáticas. Pero ahora la maquinaria de dominación ha puesto también a la comunidad mapuche entre los enemigos, y de modo creciente están haciendo lo mismo con los adolescentes o jóvenes que protestan.

A la escalada de violencia desde el poder es necesario responderle con una reflexión y (luego y/o al mismo tiempo) con estrategias de resistencia, movilización y lucha que incluyan fortalecer el arraigo social de las militancias políticas y su diálogo horizontal con sectores muy amplios de la población.

De lo contrario, si se descuida o subestima la importancia de vincularse profundamente con las bases sociales populares, el peligro es que gente común del pueblo sea arrastrada por la acción psicológica que la extrema derecha realiza minuciosamente sobre la opinión pública.