Cambio Rural, la punta del iceberg en las políticas agropecuarias de Cambiemos

El desguace del programa Cambio Rural muestra las verdades intenciones del oficialismo en materia de políticas agropecuarias: consolidar la transferencia de recursos hacia el exterior, en desmedro de los sectores menos favorecidos de la actividad.

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Por Andrés Lobato
 
A la hora de asignar los presupuestos para las distintas áreas, el gobierno nacional destinó a la cartera de agroindustria encabezada por Ricardo Buryaile un total de 18.700 millones de pesos para 2017, casi un 3% más en relación al año anterior. Un incremento a todas luces exiguo para una cadena de valor a la que Cambiemos –al menos en el plano discursivo- siempre definió como el motor de la economía nacional.
En plena campaña presidencial, el macrismo buscó seducir al elector vinculado a la actividad agropecuaria con la promesa de la quita de retenciones para la exportación de granos. Esta medida, sumada la devaluación del peso frente al dólar, significó una fabulosa ganancia para las exportadoras con base en la zona del puerto de Rosario, en el marco de la estrategia de transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía.
Como contrapartida, y mientras las multinacionales veían crecer sus ingresos, el presidente Mauricio Macri mostró sus verdaderas intenciones en materia de política agropecuaria, en donde unos de los principales sectores perjudicados fue la agricultura familiar. En este escenario, al ínfimo aumento en los fondos destinado a Agroindustria, debemos sumar el virtual desmantelamiento de la secretaría que nucleaba a este sector.
Los efectos de la reducción presupuestaria no tardarían en hacerse visibles. En los primeros meses de 2017, representantes gremiales del INTA advirtieron sobre sus consecuencias y como peligraba la financiación de esta prestigiosa entidad, con fuerte presencia en las principales regiones productivas del territorio nacional.
En este sendero de retroceso en políticas que han demostrado su efectividad, se conoció en las últimas semanas el virtual desguace del programa Cambio Rural. Creado en 1993, y con el agregado en 2014 de Cambio Rural II, tiene como principales destinatarios a pequeños y medianos productores y mediante la creación de grupos se constituyó en una herramienta que brindaba asistencia técnica y financiera a esta rama de la producción. Esta acción se financia con dinero del ministerio de Agroindustria, mientras que su implementación corre por cuenta del INTA.
En este punto, las versiones difieren. Por el lado del gobierno, sostienen que aplicaron una reestructuración del programa, que en nombre de la eficiencia de gestión redujo una gran cantidad de beneficiarios por no cumplir con los requerimientos mínimos: ser productores genuinos y ajustarse a los requisitos del trabajo de grupo. En la otra vereda, los profesionales agrónomos que desempeñaban tareas en el marco de Cambio Rural denuncian un brutal recorte, en un programa que hasta 2015 trabajaba con 2.000 grupos en todo el país.
De acuerdo a un documento elaborado por estos profesionales, hacia finales de julio se dieron de baja 1.000 grupos del total de 1.400 que quedaron en pie después del primer recorte efectuado en 2016. Los grupos restantes quedarían bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Social, bajo la denominación de Grupos de Abastecimiento Local (GAL).
Por su parte, un elevado porcentaje de este conjunto de productores quedará desprotegido. Para graficar el alcance de esta política, de los 26 grupos de productores nucleados en Cambio Rural que existían en la zona de La Plata, en la actualidad solo seis están operativos.
Cada uno de ellos sumaba un promedio que oscilaba entre los ocho y doce miembros y un técnico, por lo que varios miles de productores y centenares de profesionales quedarán sin acompañamiento técnico, en un amplio rubro de actividades. Uno de los rasgos característicos de estos grupos es su carácter familiar, al desarrollar su trabajo en el mismo predio en donde viven.
Más allá de las estadísticas, queda claro que  una de las estrategias políticas en materia agropecuaria apuntan a expulsar a los agricultores familiares. Con eufemismos, desde el ministerio de Agroindustria intentan disimular el recorte injustificado de un programa que creció de manera exponencial en base a su eficiencia, y con justificaciones débiles empiezan a cerrar un ciclo que demostró su capacidad desde hace más de 20 años.