Con la Gendarmería en el ojo de la tormenta por la desaparición de Santiago Maldonado, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó ayer un informe en el que registró la cantidad de hechos represivos en todo el país llevados a cabo por fuerzas de seguridad durante el primer semestre de 2017, un período signado por reclamos de variado tipo en la vía pública. Según el estudio, hubo 39 represiones para acallar conflictos sociales, de las cuales dieciocho fueron en el segundo trimestre.

Una de las aristas que subraya el informe es la heterogeneidad de los actores sociales que han sufrido la represión por parte del Estado: “la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros”.

Como ejemplo, está latente la represión contra la protesta en el Pu Lof mapuche de Cushamen, que desencadenó la desaparición forzosa de Santiago Maldonado y que tiene por principal sospechosa a la Gendarmería, fuerza que responde a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También marcaron la agenda mediática la represión contra los docentes mientras instalaban la carpa blanca, la represión contra las mujeres el Día Internacional de la Mujer, la represión a organizaciones sociales del Frente Milagro Sala en la Av. 9 de Julio y las detenciones violentas de la semana pasada, cuando la Policía de la Ciudad detuvo a manifestantes durante la marcha por la aparición con vida de Santiago.

Otro punto que resalta el estudio es el referido a la relación entre la represión estatal y el ajuste económico que ha implementado Cambiemos, y la idea de que sólo con represión cierra un plan de ajuste.

“Las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social”, afirmaron desde el CEPA.

Además de la violencia física, el informe señala que las políticas represivas tienen el objetivo de marcar “un mensaje” de cara a futuros “reclamos, protestas o voces disidentes”.

Por su parte, para María Del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), el punto en común entre los sectores reprimidos por el macrismo es “el reclamo a través de manifestaciones o marchas en la vía pública vinculados a la defensa de algún tipo de derecho”.

“No estamos hablando de hechos aislados, la represión de este gobierno nacional es una política de Estado”, remarcó en diálogo con Contexto.

En tanto, Fernando Martínez Forlón, abogado coautor del informe publicado el año pasado llamado Registro de Casos de Violencia Estatal (ReCaVE), que registró la represión del Estado macrista en sus primeros meses de gestión, afirmó a este diario que desde el poder político “hay una intención de policializar todas las esferas de la sociedad, es decir, de controlar la calle y afectar así a diversos sectores que se manifiestan”.

El abogado añadió que este perfil disciplinador del macrismo tiene la función de “disuadir a las personas que andan sueltas, que no pertenecen a un espacio organizado, para que no vayan a futuras marchas. Así pasó en la marcha por Santiago Maldonado, donde se buscó que la próxima vez no vayan, porque si se llevan a cualquiera te pueden llevar a vos también. Entonces la gente tiene dos caminos: o ingresa en alguna organización que vaya con su propio sistema de seguridad o no va y la mira por la televisión, y eso genera miedo y desmovilización”.

Una mira que apunta a los estudiantes

Como caso particular, el estudio del CEPA señala el accionar de la Policía bonaerense que “no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos, sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios”.

El estudio integra el trabajo realizado por la Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional, conformada por familiares de jóvenes estudiantes de escuelas, que contabilizó más de veinte casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la C.A.B.A. y el Conurbano en 36 días. Y agregan, contando abusos policiales en escuelas del interior y en Universidades, que ese registro asciende a cuarenta casos.

Por último, el CEPA alude a la “judicialización de la protesta social” para perseguir a líderes gremiales y sociales, estrategia que tuvo su punto de partida durante el macrismo con la detención de Milagro Sala en enero de 2016.