Trabajadores y trabajadoras del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV), que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, realizaron ayer por la mañana una conferencia de prensa en la sede central del organismo ubicada en 2 y 55, en La Plata. Allí denunciaron las medidas de “amedrentamiento” y “violencia” llevadas a cabo por las autoridades de la dirección de Personal del Ministerio que encabeza Gustavo Ferrari.

La semana pasada, Darío Cabezas, director del área de Personal, se presentó en los CPV para comunicarles a los trabajadores los descuentos por las medias de fuerza que habían llevado a cabo durante el mes de agosto en reclamo por mejoras en las condiciones precarias de trabajo en las que se encuentran. Algunos de ellos sufrieron descuentos de hasta diez días. Posteriormente, el funcionario echó a la trabajadora María Paula Almeida, una de las psicólogas que forman parte de los equipos interdisciplinarios.

“Desde marzo venimos realizando medidas de fuerza por el incumplimiento del gobierno para tratar el pase a planta, pero nos dijeron que ese tema no estaba en su agenda. No podemos contener a las víctimas si no estamos en condiciones dignas de trabajo y si estamos continuamente en situación de conflicto”, dijo a Contexto Marina Font, delegada de ATE en la sede central del CPV y abogada de ese espacio.

Desde las 10 de la mañana, en la esquina de 2 y 55 se hicieron presentes dirigentes de ATE junto al resto de los trabajadores de los CPV, quienes mostraron su solidaridad con la compañera despedida.

Los CPV dependen de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la cartera de Gustavo Ferrari y funcionan desde la gestión del gobernador Felipe Solá. Ahí trabajan equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos y trabajadores sociales para facilitar el acceso a la justicia de sectores vulnerados y en el acompañamiento y contención de víctimas de violencia de género, amenazas y abusos.

Son cincuenta trabajadores, de los cuales 38 son profesionales. Todos ellos están precarizados: 38 a través de contratos de localización de servicios o autónomos y los restantes transitorios. El 31 de diciembre vencen esos contratos y en ningún momento han tenido la certeza de su continuidad.

Además de la precarización laboral y el hostigamiento por hacer paro, la delegada Marina Font señaló que, recientemente, el Ministerio ha cerrado las sedes de los CPV de las localidades de Berisso, Dolores, San Nicolás y Necochea.

“Este despido se da en el marco de un conflicto abierto con las autoridades del Ministerio de Justicia, donde en todas las dependencias venimos llevando a cabo reclamos por varios puntos, como equiparación salarial, precarización y continuidad laboral; pero a ninguno le han dado respuestas”, indicó a este medio César Baliña, secretario gremial de ATE.

“El Ministerio tomó este despido como una decisión política para amenazar con más despidos en caso de protestas por descuentos. Esta actitud amenazante no ayuda a la solución del conflicto y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el gobierno entienda que no puede echar a trabajadores”, agregó Baliña.

En la misma línea, Almeida, la psicóloga despedida, dijo a Contexto que “esto no es algo personal conmigo, es un método disciplinador para que los trabajadores no se quejen por todo lo que estamos viviendo”. Y añadió: “No nos garantizan el contrato del año que viene y nos descuentan los días de paro. Parece que quisieran que vivamos en la incertidumbre, como dijo algún ministro. Entonces hicimos medidas de fuerza y a partir de ahí hubo una situación en la que alcé mi voz, y parece que eso les molestó. A los dos días recibí mi notificación de despido”.

Como caminos para resolver la medida, desde ATE pidieron una audiencia con la titular de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, Rosario Sánchez. “Queremos tener una explicación y soluciones a este problema”, afirmó Font.