Por Antonio Fenoy* y Marianela García**

Si hay una institución que no acompaña el caminar del pueblo y que se preocupa más por defender principios ortodoxos que por hacerse con el dolor y el reclamo popular, esa es la Iglesia católica argentina que –salvo honrosas excepciones– ha ejercido históricamente un poder disciplinador y moralista sobre la sociedad, y que hoy se encuentra sentada junto a este gobierno neoliberal lleno de padecimientos.

Tal es así, que en medio del grito que pregunta dónde está Santiago Maldonado, el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, escribió una carta dirigida a sus fieles en donde les pidió que participen masivamente de la Marcha por la Vida (contra el aborto) que se realizará el 27 de septiembre en C.A.B.A. El programa de la cúpula eclesiástica indica a lxs feligreses congregarse en la histórica Plaza de Mayo y dirigirse hasta el Congreso de la Nación.

Este plan no es ingenuo. El pasado 30 de junio de 2016, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro Legal y Gratuito presentó por sexta vez consecutiva un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo ante el cuerpo legislativo. La presentación frente a lxs diputados nacionales se dio tres días después de haber desbordado la sala del Congreso con un encuentro de convocatoria nacional para poner en valor el debate de la legalización del aborto en la agenda pública.

Frente a esto, y con una lectura audaz de la potencia popular que viene gestando hace tiempo el movimiento de mujeres, feministas y de derechos humanos, el arzobispo ultraconservador y reaccionario, en las antípodas del proyecto revolucionario de Jesús de Nazaret, vuelve a salir en defensa de la vida embrionaria cuando jamás se preocupó por la vida concreta de millones de argentinxs que pasan hambre o viven sin dignidad en nuestra Patria.

A Aguer no lo vimos en las manifestaciones contra la violación de los derechos humanos, en el reclamo por el daño que las políticas neoliberales le hacen a la gente más humilde, ni en las marchas #NiUnaMenos contra la violencia patriarcal. Curiosa similitud del arzobispo con el candidato a senador de Cambiemos y exministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que piensa que la lucha contra los femicidios tiene que ver con la genitalidad inexistente de un embrión –”Si hay una nena adentro (de la panza) también es Ni Una Menos”–. Héctor Aguer miente descaradamente sobre su deseo de proteger la vida, y utiliza como convocatoria una consigna vacía que sólo consigue llenarse de principios ortodoxos y moralistas de una Iglesia que tiene peso, voz y voto en las decisiones de gobierno.

Como dijo la religiosa y teóloga feminista brasileña Ivone Gebara al diario Página/12 durante una entrevista realizada en 2012: “Me pregunto: ¿pero qué vida defienden? ¿Por qué no defienden la vida de los niños de la calle y que son abortados por la sociedad? ¿Y por qué no defienden la vida de la gente que no tiene tierra, que no tiene comida, que no tiene viviendas, que no tiene futuro? ¿Por qué sólo de los embriones se habla en nombre de Dios y por qué no se habla de otras vidas en nombre de Dios?”.

Aguer busca presionar al gobierno y lxs legisladorxs creyendo que el poder religioso está por encima del poder del Estado, utilizando el argumento del “orden natural”. ¿Cuál es ese orden? ¿El que se desprende de las normas de la Iglesia? ¿El que no reconoce que la sexualidad es una construcción social? ¿Un orden al que no le interesa el amor ni la libertad de una mujer de decidir sobre su propio cuerpo?

El arzobispo muestra su perversión y su desprecio por la lucha de los organismos de derechos humanos cuando habla del “crimen abominable de la desaparición de los niños por nacer”, cuando él sabe perfectamente lo que significa ser “desaparecido” para nuestra sociedad, y especialmente en estos momentos en que buscamos a Santiago Maldonado, víctima de una desaparición forzada por parte del Estado.

Bajo la moralina sexuada del arzobispado platense se esconde que el aborto es una urgencia de salud pública, ante la elevada tasa de mortalidad materna y el dificultoso acceso a la salud; una responsabilidad del Estado laico que debe legislar para todxs; un derecho individual que garantiza la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

Resulta necesario recordar que el aborto inseguro está entre las primeras causas de muerte materna. Dentro de las cifras brindadas por los movimientos de mujeres –porque el Estado, al perseguir criminalmente a las mujeres en situación de aborto, no tiene registros ni cifras de este problema de salud pública– se revela que en Argentina se realizan alrededor de 500.000 abortos clandestinos por año, cerca de 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones, y de ellas, 100 mueren.

Argentina tiene varios compromisos asumidos a nivel internacional a fin de disminuir la tasa de mortalidad materna, entre ellos los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pero aún no lo ha conseguido. Parte de este fracaso se debe a las leyes que criminalizan el aborto, las cuales son consideradas violatorias de los derechos sociales y de salud por el dictamen que la Organización de las Naciones Unidas difundió en marzo del año pasado.

En el pronunciamiento, la ONU insta a la Argentina y al resto de los Estados parte a tomar medidas que faciliten el acceso y goce del máximo nivel de salud sexual. En este sentido, el dictamen señala que las medidas presupuestarias restrictivas y las leyes que criminalizan las decisiones en materia de salud sexual y reproductiva son claras barreras al derecho social de la salud reconocido con rango constitucional, por lo que, según la ONU, deben ser “removidas de forma inmediata”.

Frente a esto, se hace imperiosa la sanción de una legislación a favor de la legalización del aborto. Lo que piense la Iglesia católica con respecto al tema es nada más una opinión que no nos representa a todxs y que no se encuentra a la altura de los estándares internacionales de salud y derechos humanos. Querer imponer una manera de pensar con el argumento de creerse la depositaria de la verdad es un reflejo tardío de otro momento histórico. Hoy la sociedad mundial está persiguiendo mejor acceso a la salud y mayor autonomía para la toma de decisiones.

Pero Aguer no entiende esto. Tiene la pretensión de controlarlo todo. Quizás algo animado por los retrocesos que la provincia de Buenos Aires mostró a fines del año pasado, no adhiriendo a la Guía de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) promulgada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015. La gobernadora María Eugenia Vidal cedió a la presión de la Iglesia, desautorizando incluso a su propia ministra de Salud, Zulma Ortiz, quien renunció en julio de este año por “acumulación de cosas, falta de gestión y desgaste personal”.
Resulta triste ver como algunxs funcionarixs y miembros de la jerarquía de la Iglesia hacen un uso de la fe religiosa a fin de mantener un proyecto de dominio sobre el pueblo. El proyecto de Jesús fue un proyecto de liberación, y hoy en su nombre se esconden los seres más conservadores y perversos.

La visión que el arzobispo de La Plata tiene de Dios no tiene nada que ver con el Dios de Jesús de Nazaret. Dios no es policía, controlador, ni decide de antemano sobre la vida de las personas. La culpa, el sufrimiento y el sacrificio lejos están del proyecto de Jesús.
La hipocresía y la perversión convierten a Aguer en un personaje nefasto y retrógrado, que no marcha por la vida, sino que acompaña y aporta a un proyecto de muerte en connivencia con este gobierno despiadado y con el Poder Judicial que persigue a las mujeres. Basta recordar que hace unas semanas atrás en Esquel los magistrados condenaron a una médica de El Maitén por aplicar la Guía ILE en un hospital. Así estamos.

La fuerza que nos empuja es el saber de nuestra experiencia. La lucha en algún momento torcerá la batalla, y la justicia será de y para el pueblo. Continuaremos siempre defendiendo la vida, y por eso repetimos: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.


* Coordinador del Colectivo de Teología de la Liberación “Pichi Meisegeier”.
** Integrante de la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.