En un clima donde la violencia institucional atraviesa de manera directa la coyuntura nacional en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, se llevó adelante la 3ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil en distintos puntos de todo el país. La iniciativa fue impulsada por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional junto a familiares de víctimas (CORREPI) y se desarrolló tanto en movilizaciones en Córdoba, en actos en el Conurbano, como también en una marcha general desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo que convocó a miles de personas.

“Adherimos a estas marchas, en especial porque están organizadas por los allegados y familiares de las víctimas de lo que instituimos como ‘gatillo fácil’. Y es importantísimo que se desarrollen estas iniciativas porque visibilizan a estos sujetos que viene siendo el blanco de las Fuerzas de Seguridad”, dijo a Contexto la abogada especializada en violencia institucional Sofía Caravelos, quien forma parte del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), organismo que actúa codo a codo con entidades especializadas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Hay que poner sobre el escenario público quiénes son esas víctimas, de dónde vienen; mostrar que tienen identidad, que tienen familias, que tienen relaciones sociales y están reclamando por justicia”, expresó Caravelos, quién además remarcó que, según un estudio presentado por el CIAJ junto a otros organismos, aumentó el nivel de violencia policial en las zonas de Berisso, La Plata y Ensenada, de manera particular en el último año.

“Se incrementaron significativamente las muertes en contextos de robo. Es decir, muertes ocasionadas por personal policial que se cometen con el arma reglamentaria en contextos de robos y por personal fuera de servicio. La habilitación de la violencia a través del permiso de portar el arma genera estas reacciones violentas”, expresó la abogada.

En tanto, la Marcha Contra el Gatillo Fácil tuvo su desarrollo en la provincia de Córdoba, así como en el distrito bonaerense de San Isidro, donde se pidió “cárcel común y efectiva” para Héctor Sosa y Gustavo Castillo, los efectivos que golpearon al repartidor José Ojeda. Además, se llevó adelante una concentración frente a la Cámara de Apelaciones por el asesinato por gatillo fácil de Cristian Toledo, de veinticinco años.

Asimismo, la movilización que tuvo su punto de cierre en Plaza de Mayo reunió a familiares y organizaciones que lanzaron un documento conjunto en el que remarcaron no solo la responsabilidad de los Gobiernos desde la vuelta de la democracia en los casos de gatillo fácil –4.690 hasta diciembre de 2016, según el Archivo de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal de la Correpi–, sino también la complicidad del Poder Judicial, junto con las absoluciones recientes de los policías llevados a juicio oral por los asesinatos de Omar Cigarán, Kiki Lezcano y Ezequiel Blanco.

Sin dudas, las actividades de la jornada estuvieron atravesadas por la solidaridad a nivel nacional y el pedido de respuesta frente a la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en especial por el silencio e indiferencia demostrado por el Gobierno en las últimas semanas al momento de investigar la presunta responsabilidad de Gendarmería en los sucesos.

Caravelos expresó: “No es un mensaje silencioso, sin información, sino que es un activismo permanente por parte de la ministra Patricia Bullrich y su gabinete para instalar la idea de que los responsables son otros y no la Gendarmería. Espero que esto no implique la sugerencia de instalar normativas represivas más complejas, como podría ser una ley antiterrorista como la vigente en Chile, o la insinuación respecto de Milagro Sala y una supuesta vinculación con el narcotráfico. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias de implementar ese tipo de medidas”.