El civil Carlos Ernesto Castillo, conocido en La Plata desde los años setenta como “El Indio” Castillo y como integrante clave de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que antes de la dictadura sembró el terror en esta ciudad, admitió el lunes su pertenencia a esa organización paraestatal de ultraderecha católica y peronista, durante una enredada declaración en la que cuestionó a los testigos de las querellas, a los jueces y a los organismos de derechos humanos, a los que calificó de “empresas”.

Durante casi dos horas, en el marco de su “ampliación de indagatoria”, Castillo habló siempre en primera personal del plural, repitiendo la palabra “nosotros”, y afirmó que los juicios por delitos de lesa humanidad, como el que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata y en el que está imputado de siete secuestros y cuatro asesinatos mediando la tortura, son “juicios ilegales, inconstitucionales y nulos de nulidad absoluta”.

“Cuando digo nosotros, digo yo, cuando nos quieren atribuir nuestra pertenencia a la CNU”, sostuvo antes de referirse al decreto que disolvió esa organización. “Nosotros defendíamos a un Gobierno democrático”, aseguró el imputado durante la audiencia en la que estuvo presente Contexto.

“Por estos delitos ya fui juzgado en el 79 y condenado”, sostuvo, sin mencionar en ningún momento los delitos concretos o las víctimas con nombre y apellido de los cargos en su contra. “Son reconstrucciones oportunistas que no respetan los hechos”, sostuvo en una declaración en la que denostó a varios de los testigos que dieron cuenta del terror y el modus operandi de la CNU, que entre 1974 y 1976 secuestró y asesinó a unas sesenta personas, delegados y militantes del peronismo revolucionario y de la izquierda.

Sentado junto a sus abogados y no frente al Tribunal que preside el juez Germán Castelli, el acusado se quejó de que estos jueces aceptaran retirar el enorme crucifijo que presidía la sala.

Foto de Julia Gutiérrez

Tras definirse como un “peronista de la resistencia” sostuvo que “el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda”, se permitió interpretar cartas y afirmaciones de Juan Domingo Perón, dijo que “en los ochenta firmamos la paz con los Montoneros y con Firmenich” y en la “cárcel me senté a charlar con Etchecolatz”.

En algún momento dijo que “nosotros éramos los terceros en discordia”, en relación con las organizaciones armadas que “lograron suprimir en 1976 la República como bandas organizadas al amparo de empresas de derechos humanos”. “Todo esto es una puesta en escena”, afirmó Castillo, que se reivindicó como “un facho con vínculo con los sindicatos” como la UOM o la UOCRA.

Entre 1974 y 1976, la CNU, fundada en los sesenta por el latinista Carlos Alberto Di Sandro, se ocupó de sembrar el terror en La Plata y en Mar del Plata, al amparo, sobre todo, del Gobierno bonaerense de Victorio Calabró, hombre de las filas de la poderosa Unión Obrera Metalúrgica y de la derecha peronista más ortodoxa.

“A mí me están acusando de que fui parte de una organización que apoyó al terrorismo de Estado y yo le digo que el terrorismo de Estado no existe”, sostuvo Castillo. “Atribuir al Gobierno de los setenta o a nosotros vínculos con la represión ilegal es una locura”, agregó Castillo, que en otro tramo deslizó la frase “los tipos a los que nosotros perseguíamos”.

Castillo negó vínculos o protección de la Policía o haber actuado en “zonas liberadas”. Pero ahí le saltó la hilacha una vez más: “Jamás contamos con protección de nadie”, sostuvo el imputado, que se mostró como un gran conocedor de armas. “Acá dijeron que teníamos áreas liberadas. ¿Sabe qué eran áreas liberadas?”, preguntó desafiante al tribunal: “Los lugares donde mataron a Martín Salas, a Félix Navaso y a Ponce”, refiriéndose a conocidos integrantes de la CNU.

Según numerosos testimonios de las querellas presentados ante este tribunal, la patota de la CNU estaba integrada por unos veinte miembros, entre sus instigadores intelectuales y sus integrantes operativos, que contaban con el apoyo de la Policía bonaerense y del Ejército para actuar en las llamadas “zonas liberadas” durante sus irrupciones violentas y nocturnas en las casas de sus víctimas.

Foto de Julia Gutiérrez

“Tampoco fuimos socios de los militares”, sostuvo antes de explicar que fue detenido tras el golpe y que en la “cárcel no tuvo ningún privilegio”. Castillo se ocupó de mencionar a varias figuras políticas del peronismo que estuvieron en la Unidad 9 y hasta afirmó que a “Pablito Díaz lo teníamos en nuestro pabellón para que sus compañeros no lo maten porque los había delatado”.

“Todos sufrimos en la cárcel […] Los milicos lo hacían por la seguridad nacional y ahora lo hacen en nombre de los derechos humanos”, afirmó Castillo en la audiencia a la que no asistió el otro acusado, Juan José “Pipi” Pomares, considerado uno de los miembros más activos de la patota de la CNU, porque según su abogado defensor el viernes tuvo un “inconveniente emocional”.

Aunque las víctimas de la CNU fueron varias decenas, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos: los del secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini, y los del secuestro de Roberto Fiandor, Daniel Pastorino y Ursula Barón.

Ya en la recta final de este juicio que llegó cuarenta años después de los hechos, el lunes 4 de septiembre comenzarán los alegatos, en primer lugar el del Ministerio Público Fiscal. Al concluir los alegatos de las querellas, organismos defensores de los derechos humanos y Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de provincia, y de las defensas, los imputados tendrán derecho a la última palabra antes de que el tribunal delibere y anuncie la fecha en que dará a conocer su sentencia. Las querellas confían en que sean condenados a cadena perpetua.