Quizás nunca pueda saberse la verdad o quizás sí. Mientras esa incógnita no se despeje, la única hipótesis razonable es que Santiago Maldonado fue secuestrado y asesinado, y sus restos ocultados, por la acción criminal de gendarmes que bajo órdenes del Gobierno nacional atacaron a una comunidad mapuche en el departamento de Cushamen, provincia de Chubut, el pasado 1º de agosto.

Pero a ese hecho, que es el único realmente terrible e irreversible –el asesinato de una persona–, el Gobierno le ha sumado otro de máxima gravedad política y que significa haber cruzado un límite desde el cual será extremadamente difícil volver: la negación, el encubrimiento y la complicidad.

Y no es que no puedan volver el macrismo y toda la derecha. Eso sería problema de ellos. La que presumiblemente tenga que pasar por muchos sufrimientos para poder volver a una situación de ciertas garantías para el ejercicio de sus derechos es la sociedad argentina.

Volver, en este sentido, significaría recuperar niveles aceptables de respeto a las normas legales por parte del Estado en general y en particular de sus agentes armados –gendarmes, policías, militares, personal naval, miembros del espionaje, etcétera– después de que cruzara esa frontera un Gobierno surgido del voto ciudadano, y además avalado en la reciente elección primaria por una parte relativamente minoritaria pero a la vez muy considerable de los votantes.

Imposible prever el agravamiento que puede tener una escalada de crímenes represivos con un Gobierno y todo un bloque de poder dispuestos a usar la violencia que crean necesaria contra quienes se opongan a sus objetivos, y que por ello, cuando a los que aplican esa violencia en los hechos concretos –como a los gendarmes en Cushamen– “se les va la mano”, matan a una persona y esconden su cadáver, el macrismo les garantiza encubrimiento e impunidad.

Nuestra patria sufrió un genocidio en la segunda mitad de la década de los años setenta perpetrado por el Estado terrorista que empezó a cobrar forma ya durante el Gobierno de entonces surgido del voto ciudadano, y luego se implantó totalmente con la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976.

Después de esa etapa, la más trágica de la historia contemporánea aún en un país que ya de por sí había sufrido dictaduras durante gran parte del siglo XX, con el proceso democrático que empezó el 10 de diciembre de 1983 Argentina había recuperado las bases de un sistema legal –el Estado de derecho– valorado por el conjunto de la sociedad y al cual los diferentes Gobiernos, en mayor o menor medida, se sometieron.

A pesar de ello, desde entonces ocurrieron todo tipo de atrocidades contra la vida y la integridad física y psíquica de las personas, provocadas por el accionar violento de integrantes del aparato armado del Estado o por bandas criminales civiles con protección estatal.

Crímenes en la etapa democrática

En estos casi 34 años de continuidad del régimen político constitucional, por ejemplo, el llamado “gatillo fácil”, que es una forma eufemística de denominar a crímenes perpetrados por policías o por agentes de otras fuerzas llamadas (normalmente sin ironía) “de seguridad”, cuenta con miles de víctimas en todas las provincias y jurisdicciones del país.

Además, la desaparición de personas –en particular mujeres jóvenes e incluso adolescentes– como consecuencia de organizaciones criminales de trata de seres humanos es una aberración cotidiana que normalmente recibe la indiferencia de los Gobiernos porque son hechos de “bajo costo político”, debido a que la indiferencia parte de una mayoría social desinteresada de esas víctimas, pero a la vez siempre se comprueba que los autores directos de los delitos tienen complicidad y encubrimiento policial, judicial y de funcionarios políticos de la nación o de provincias o municipios. Es decir, del Estado.

A todo ello se suman las víctimas de crímenes por razones políticas desde 1983 hasta hoy, es decir, después de la dictadura genocida. Para mencionar solo algunos de los más resonantes: las 39 personas asesinadas durante el estallido del país en diciembre de 2001 (sobre esas muertes las cifras difieren, porque nunca hubo información oficial. Una investigación periodística realizada por el diario Tiempo Argentino en 2011, pasados diez años de los hechos, constató 37 casos mortales. Posteriormente, un equipo de realizadores audiovisuales dirigidos por Ayelén Velázquez comprobó dos víctimas más, al concluir en 2016 su trabajo que fue volcado en el video 39. El documental).

De todos los casos de violencia política en distintos momentos de la actual etapa democrática, sobresalen igualmente los crímenes perpetrados por fuerzas policiales durante protestas populares en la etapa menemista, como los asesinatos de Víctor Choque en Ushuaia (Tierra del Fuego) en 1995, y de Teresa Rodríguez en Cutral Co (Neuquén) en 1997.

Igualmente fueron policías, pero en este caso como sicarios contratados desde el poder empresario que respondía a Alfredo Yabrán, los que asesinaron al fotógrafo periodístico José Luis Cabezas en Pinamar (provincia de Buenos Aires), también en 1997. Jamás se supo, en cambio, quiénes y cómo mataron a Mario Bonino, periodista y militante sindical que desapareció en noviembre de 1993 y días después su cuerpo sin vida fue encontrado en el Riachuelo (Capital Federal).

Hacia el final de esa década, en diciembre de 1999, estuvieron los asesinatos de Francisco Escobar y Mauro Ojeda por parte Gendarmería en el puente que une las provincias de Corrientes y Chaco, una semana después de que asumiera el Gobierno de Fernando de la Rúa. Ese sería solo el comienzo de una estrategia criminal del Gobierno que se agravaría con el asesinato de Aníbal Verón, en el año 2000 en Tartagal (Salta), y llegaría al extremo en la convulsión nacional de fines de 2001.

En el interinato presidencial de Eduardo Duhalde, en junio de 2002, policías de la provincia de Buenos Aires asesinaron a los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en la estación de trenes de Avellaneda.

Durante el kirchnerismo ocurrieron asesinatos políticos a manos de policías federales o provinciales, o de bandas criminales con complicidad de los Gobiernos provinciales. Entre ellos, los asesinatos del docente Carlos Fuentealba durante una protesta en una ruta de la provincia de Neuquén, en 2007; del cacique diaguita Javier Chocobar en la localidad de El Chorro, Trancas (Tucumán) en 2009; del joven militante Mariano Ferreyra, del Partido Obrero, cuando participaba de una movilización cerca de la estación Constitución (ciudad de Buenos Aires), en 2010; del también joven militante Cristian Ferreyra (igual apellido que el anterior), indígena y olvidado como víctima de un crimen político, asesinado en el paraje San Antonio (Santiago del Estero) en 2011.

Desaparecidos por razones políticas

Muy recordada en las últimas semanas fue la desaparición de Jorge Julio López. La alusión al caso se hizo generalmente como forma de atacar al kirchnerismo, dentro de las estrategias de acción psicológica sobre la opinión pública para justificar al Gobierno actual y legitimar a la derecha que está en el poder. Ninguna similitud existe entre López y Santiago Maldonado, excepto la cruel realidad de que ambos están desaparecidos.

El honorable militante de la localidad platense de Los Hornos –quien era ya un adulto mayor, un querible y admirable “viejito”–, que había estado desaparecido en la dictadura pero salvó su vida, y que cuando las condiciones políticas lo permitieron prestó valiente testimonio primero en los Juicios por la Verdad (antes de 2003, cuando no podía haber condenas porque regían las leyes de impunidad llamadas “Punto Final” y “Obediencia Debida”) y luego fue querellante y testigo contra el represor Miguel Ethecolatz, salió una mañana temprano de su casa y nunca más se supo de él.

En cambio, Santiago Maldonado fue a solidarizarse con una protesta mapuche y allí lo vieron por última vez los pobladores, mientras corría para escapar de la Gendarmería, que atacaba con toda violencia a la gente del lugar y arrasaba con sus pocas pertenencias.

Cuando en la noche del domingo 13 de este mes, concluida la votación en las elecciones primarias, y mientras el Gobierno y las corporaciones mediáticas consumaban el fraude informativo y armaban un show político de simulación para hacerle creer a la población que la derecha había ganado la elección en la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri y su jefe de Gabinete Marcos Peña, luego de los festejos, dieron una conferencia de prensa.

En un momento les preguntaron por Santiago Maldonado. Ejecutando una decisión previamente calculada, Macri ni siquiera contestó y le dio la palabra a Peña, quien respondió con el discurso negador y encubridor que más habitualmente esgrimen la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Justicia y Derechos Humanos (también dicho esto sin ironía, porque es el nombre formal del cargo), Germán Garavano.

El Gobierno se convierte así en partícipe necesario del crimen. Y como advirtió en el programa de televisión Minuto Uno José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH, una de las más antiguas organizaciones de derechos humanos del país y que enfrentó heroicamente a la dictadura genocida), muy probablemente “están preparando el terreno para lo peor. Para que aparezca en la Cordillera un cuerpo sin vida”.

Schulman, militante político de toda la vida, en ese mismo espacio televisivo fue muy explícito en su reflexión y exhortación a toda la población. Dijo lo siguiente: “Tengo la sensación de que estamos cruzando un límite invisible. Ojalá que todos entiendan que no es un problema de la militancia, ni de la causa mapuche ni de la izquierda. La sociedad argentina debe entender que el regreso de estas formas tan brutales de represión afecta la vida de todos. Incluso de los miserables que ahora están contentos con que repriman a los mapuches. Ni siquiera ellos se salvarán”.

Desde la derogación de facto de leyes de la nación apenas asumió el Gobierno de la coalición Cambiemos, pasando por la habitual violencia represiva contra protestas populares, la persecución judicial contra Cristina Kirchner y numerosos dirigentes de su sector, el silenciamiento de periodistas opositores, el hostigamiento a jueces y fiscales que no responden a la derecha gobernante, y como ejemplo agravado la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala…

Son hechos concretos con los cuales el macrismo y sus aliados fueron atacando las bases jurídicas que sostienen la convivencia política en un país que (como todos) vive permanentes tensiones, disputas, conflictos y controversias. Y con Santiago Maldonado llevan su estrategia política hasta extremos criminales.

Quizás, en la reconstrucción de la nación después de la etapa macrista –etapa que es expresión de una hegemonía derechista a nivel local y latinoamericano, y cuya duración nadie puede prever con certeza–, será una prioridad recuperar valores que hoy se rompieron o están en riesgo: por ejemplo, libertades públicas, garantías constitucionales, libre expresión y derechos políticos.

Todas ellas, condiciones que, según el contrato social –implícito– que rige en Argentina desde el fin de la última dictadura, constituyen los pilares del sistema político democrático. Pero ahora que el Gobierno cruzó un límite y se puso del lado de los asesinos, otra vez su vigencia pasa a ser un desafío para toda la sociedad, a fin de volver a vivir en un Estado de derecho.