Ayer a las cinco y media de la mañana, dos hombres entraron a la casa del matrimonio de Walter Docters y Silvia Fontana en La Plata, ambos testigos en juicios de lesa humanidad, los maniataron y les robaron dispositivos tecnológicos y dinero. El hecho generó incertidumbre en la familia, considerando que los desconocidos ingresaron a los golpes por la puerta principal, ubicada a solo cinco metros del lugar donde habitualmente está ubicado el agente de la Policía Federal que realiza la protección domiciliaria, enmarcada en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados que depende de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Docters tiene protección domiciliaria desde la desaparición de Julio López, por su testimonio en los juicios del Circuito Camps. Fue militante del ERP, detenido por el Terrorismo de Estado y preso político desde 1976 hasta 1983. Pasó por las cárceles de la Unidad 9, Caseros y Villa Devoto, y por el centro clandestino de tortura y exterminio Destacamento de Arana, donde también estuvo López en su primera desaparición.

La familia está marcada por la última dictadura: Silvia Fontana tiene una hermana desaparecida, Liliana Fontana, secuestrada y desaparecida el 1° de julio de 1977.

En diálogo con Contexto, Docters señaló su preocupación porque mientras los ladrones golpeaban a patadas la puerta principal de su casa, en ningún momento el centinela de la Policía Federal se hizo presente. Los dos hombres estuvieron media hora en su casa, cargaron dos bolsos medianos con cosas (una tablet, dos celulares, dos relojes pulsera, dinero en efectivo y una campera) y se fueron, y el policía encargado de la seguridad de la casa apareció recién después del incidente: era el relevo del efectivo ausente.

“¿Cómo puede ser que hayan roto la puerta a golpes a esa hora a pocos metros de donde debía estar el POLICÍA?”, cuestionó Docters.

La familia sospecha que los dos hombres tenían preparada la operación: “Ni bien entraron fueron derecho a la habitación donde dormíamos, como si conocieran la casa. Nos pidieron alhajas y plata. Les respondí que era jubilado y encima llegando a fin de mes, pero insistieron diciendo que ‘esta es la casa’. Me reconocieron como testigo de los juicios pero decían que ‘venían por la plata’”.

Actualmente, Walter Docters es testigo en los juicios del Pozo de Quilmes y del Pozo de Banfield, pertenecientes al Circuito Camps. Mientras que Silvia Fontana hace lo propio en los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito constituido por los centros clandestinos de detención Atlético, El Banco y El Olimpo (Circuito ABO). Por este motivo, en la madrugada del robo deberían haber sido protegidos por un policía federal, tal como indica el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que funciona desde 2003 y que desde 2005 incluyó casos vinculados con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante el período 1976-1983.

Docters hizo la denuncia en el Juzgado Federal Nº 3, en la secretaría especial que atiende a personas protegidas.

La “desidia” en los programas

Desde que asumió Cambiemos, los organismos de derechos humanos han hecho públicos los despidos y el vaciamiento de las políticas públicas del área, decisiones enmarcadas en el posicionamiento abiertamente negacionista de la gestión de Mauricio Macri con respecto a lo ocurrido en la última dictadura.

Los programas de protección y acompañamiento psicosocial a testigos de juicios han sido vaciadas por Cambiemos. Aunque en la actualidad no ha habido despidos, fuentes de la Secretaría de Justicia consultadas por este medio afirmaron que “el trabajo continúa porque los trabajadores lo sostienen a pulmón, sin que haya una acción concreta por parte de la gestión gobernante para impulsar los programas”.

En la misma línea, Fabiana Rousseaux, exdirectora del Centro Fernando Ulloa de asistencia y acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el kirchnerismo, consideró que “actualmente las políticas que antes eran cuidadas y sostenidas presupuestariamente, con equipos que trabajaban con la convicción de que funcionaran, ahora están siendo desarticuladas”.

“Hay una desidia general”, añadió. “Y quienes sí lo hacen y las llevan adelante es por una cuestión de conciencia y no por el impulso de la política pública desde arriba”.