Entre tanto reclamo desoído y una angustiosa desaparición de casi un mes sin información creíble, la familia de Santiago Maldonado recibió una noticia que, en principio, parece positiva: la fiscal subrogante Silvia Ávila, que tiene a cargo la investigación, recaratuló la causa a “desaparición forzada” de persona.

Hasta el momento, el expediente 8232/2017 era llevado adelante como “NN sobre averiguación de delito”, y su cambio fue confirmado esta mañana por Sergio Maldonado, hermano de Santiago, tras un encuentro con la propia Ávila. Se estableció, además, una ampliación del secreto de sumario por otros diez días corridos.

Ávila también le comunicó al círculo íntimo de Santiago que le solicitó a la Procuración General que dé curso al pedido de la familia de ser parte del equipo que investiga las causas y posibles responsables de la ausencia “forzada” del joven oriundo de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo

En un comunicado, la familia de Santiago explicó que la figura de la desaparición forzada implica la participación de las fuerzas de seguridad del Estado. A continuación, el comunicado completo:

“Hoy, 24 de agosto de 2017, nos reunimos con la Fiscal Subrogante a cargo de la causa penal 8232/2017. Nos informó que la investigación es sobre el delito de desaparición forzada de Santiago y dio curso a nuestro pedido de recaratulación; que a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por 10 días corridos más; que solicitó a la Procuración General diera curso a nuestro pedido de integración del equipo de investigación. También nos afirmó que en el día de la fecha publicará esta información en el página web oficial del Ministerio Público Fiscal.”

Crece el reclamo internacional

A 23 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el Gobierno de Cambiemos sigue demostrando más empeño en encubrir a Gendarmería y al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, que en esclarecer qué pasó y dónde está el joven de veintiocho años. Santiago fue visto por última vez el 1º de agosto, en medio de la represión conducida por el funcionario de Patricia Bullrich contra la comunidad mapuche de Cushamen, provincia de Chubut.

La falta de respuestas del Estado argentino llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a exigirle una “acción urgente” para encontrar a la víctima. A este pedido se sumó ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una nueva medida cautelar, la segunda tras el reclamo de libertad de Milagro Sala, presa política del macrismo en Jujuy.

La CIDH le pidió al Gobierno que “adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero del señor Santiago Maldonado”, y estableció un plazo de diez días –contados a partir del 22 de agosto– para dar respuesta a la cautelar.

El expediente ante el organismo interamericano fue iniciado por la organización Naturaleza de Derechos por la represión de enero de este año, cuando más de 380 gendarmes y policías de Chubut irrumpieron en la comunidad mapuche de Cushamen. Ese operativo dejó heridos y detenidos, varios de los cuales se encuentran procesados, y el resto perseguidos, como el testigo y amigo de Maldonado, Ariel Garzi.

El 1º de agosto, Naturaleza de Derechos recibió el testimonio del vocero del Pu Lof sobre los nuevos episodios represivos de Gendarmería y la desaparición forzada de Santiago, que se agregó al expediente, y la CIDH respondió este martes con el dictado de la cautelar.

Testigo sin protección y versiones falsas

Cabe destacar que Garzi figuraba como testigo de identidad reservada en la causa a cargo del juez federal de Esquel, Guido Otranto, hasta que Bullrich reveló sus datos personales cuando concurrió al Congreso para seguir negando que el de Maldonado sea un caso de desaparición forzada.

La familia de Santiago cuestionó la actitud de la ministra de Seguridad, considerándola “una locura”, y advirtió que puede ser “un mensaje para que a la gente que hable le pase lo mismo”, es decir, que no va a contar con ninguna garantía de protección. De hecho, Garzi tuvo que salir a hablar públicamente, mostrando su rostro, como única forma de resguardo por si algo llegara a pasarle a él o a su familia.

El amigo de Santiago declaró en la causa que al día siguiente de su desaparición lo llamó dos veces a su celular y en una oportunidad alguien atendió: “Se escuchaba una habitación vacía, con ecos, pasos. Y lo primero que se me vino a la mente fue el ruido de botas caminando. En ningún momento me hablaron. Yo lo llamaba a Santiago a los gritos. La llamada dura veintidós segundos y me cortan. Al minuto siguiente volví a llamar y ya me daba como que el teléfono estaba apagado”.

El testimonio de Garzi fue utilizado este miércoles por algunos medios para difundir una nueva información falsa en torno al caso. En concreto, sostenían que el celular de Maldonado se había activado en Chile.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, se comunicó inmediatamente con la fiscal Silvina Ávila, quien le confirmó que la ubicación del celular aún no había sido determinada.

Pero no fue la única versión periodística desmentida durante la jornada de ayer. Medios de Esquel indicaron que había sido encontrado un cuerpo en Arroyo La Mina Epuyen tras una denuncia telefónica, algo que tuvo rápida repercusión en los medios nacionales cercanos al Gobierno, que suelen invisibilizar el reclamo de aparición con vida de Santiago y que, en sintonía con Bullrich, operan para desestimar la desaparición forzada. La versión finalmente se cayó cuando la Policía de Chubut aclaró que no encontró ningún cuerpo y que el presunto denunciante anónimo no respondía las llamadas de los efectivos.

“Yo tengo mucha bronca e impotencia. La paciencia se me está agotando. Hay mucho manoseo”, dijo ayer Sergio Maldonado, y agregó que “no hay ninguna señal de que estén haciendo algo” por Santiago. “Sólo veo trabas y pocas ganas de buscarlo”, subrayó el familiar.

El trío encubridor

La misma inacción percibieron los organismos de derechos humanos cuando se reunieron el martes con Bullrich, el ministro de Justicia Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, quienes se dedicaron una vez más a defender a la Gendarmería y sostener que “Pablo Noceti no dirigió el operativo” en la comunidad mapuche donde desapareció Santiago.

“Sinceramente, nos vamos como vinimos. Vinimos a preguntar dónde está Santiago y a pedir la separación momentánea de los responsables de ese atropello feroz, pero nos damos cuenta de que cada uno está con lo suyo”, manifestó Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, al dirigirse a los tres funcionarios.

“No tenemos quince años”, prosiguió Almeida, y agregó: “Es lamentable que a cuarenta años tengamos que volver a pedir ‘aparición con vida y ningún detenido forzado’”.

Allí también intervino Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, quien aseguró que los ministros saben “dónde está y qué hicieron con Santiago”. Tras calificar la acusación como “ideológica”, Bullrich, Garavano y Avruj dieron por terminada la reunión y se retiraron abruptamente.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que “salimos de ahí casi peor que como entramos, por las negativas permanentes de la señora ministra de Seguridad a nuestras propuestas y preguntas”, y su actitud de “despegar a la Gendarmería del secuestro de este joven”.