En la provincia sin derechos que gobierna el radical-macrista Gerardo Morales nada es como debería ser. El Juzgado de Control en lo Penal N° 3 de Jujuy, a cargo de Gastón Mercau, decidió otorgarle la prisión domiciliaria a Milagro Sala, aunque continuará tras las rejas del penal de mujeres de Alto Comedero hasta que el fallo sea convalidado por el juez Pablo Pullen Llermanos, quien interviene en una de las causas por las que la dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur está con prisión preventiva.

Hace poco más de dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado argentino la libertad de Milagro de acuerdo con la resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. No obstante, el organismo admitió alternativas, como la libertad controlada por medios electrónicos o el arresto domiciliario, que debían cumplirse antes del 11 de agosto por el riesgo que corre la vida e integridad física de la dirigente en el penal de Alto Comedero.

Mercau no sólo violó el plazo dispuesto por la cautelar de la CIDH, sino que además resolvió trasladar a Milagro a una vivienda en estado deplorable de la localidad de El Carmen, que no fue inspeccionada, como sí se hizo con su domicilio real en San Salvador de Jujuy, donde el mismo juez dispuso el arresto de Raúl Noro, marido de la parlamentaria.

Lo que Morales llamó “mansión” para desacreditar el derecho de Sala a esperar el juicio en su contra fuera del penal, en realidad es un lugar inhabitable que no cuenta con ventanas, puertas, conexión eléctrica, calefacción o agua. Ni siquiera hay un inodoro. Esa propiedad, que iba a funcionar como un centro de rehabilitación de adicciones, fue destruida y saqueada luego de la detención de Milagro, el 16 de enero de 2016.

“Nosotros pedimos que la trasladen aunque sea en esas condiciones porque cualquier lugar es mejor que la cárcel”, dijo a Contexto Sabrina Roth, coordinadora de prensa de Tupac Amaru, y lamentó que el juez Pullen Llermanos haya demorado la prisión domiciliaria con la orden de una inspección ocular para este jueves en la casa de El Carmen: “Milagro tendría que haber salido del penal antes del viernes pasado, pero la lógica es algo que no corre en Jujuy”.

La abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta consideró que la medida de Pullen Llermanos es una maniobra más para seguir “dilatando” el cumplimiento de la cautelar de la CIDH. “No hay ninguna duda de que hay una sola intención, que es molestarla, hostigarla y seguir persiguiéndola”, agregó.

Además de las pésimas condiciones de la casa donde será alojada Sala, la defensa denunció que durante la domiciliaria tendrá una custodia de las fuerzas de seguridad que está prohibida por el artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal (Nº 24.660) y restricciones excepcionales.

“Se le fijan restricciones en términos de cantidad de personas que pueden ingresar al domicilio (no más de siete), algo que es absolutamente excepcional. No hay una sola persona privada de su libertad en una domiciliaria que tenga este tipo de restricción”, subrayó Gómez Alcorta.

La abogada también apuntó contra Morales por sus declaraciones de ayer contra la dirigente social y las fotos que publicó en su cuenta de Twitter de la casa de El Carmen, calificándola de “mansión construida con plata del pueblo”.

“Vergüenza es que un gobernador hable de Milagro como una delincuente, cuando no hay ninguna condena; que hable de una propiedad que no está siendo investigada y nunca fue objeto de investigación”, sostuvo, y le pidió a Morales que diga de “dónde sacó las fotos de la casa, si hizo tareas de inteligencia”.

Gómez Alcorta, que ayer llamó a Milagro al penal de Alto Comedero, dijo que ella “está con su dignidad entera” y aseguró que “si tiene que ir con una vela y un colchón a ese domicilio es lo que va a hacer”.

“Milagro va a aceptar ir ahí porque su vida corre riesgo dentro del penal, y, a pesar de que sabe que esto la deja aún más vulnerable, también sabe que su defensa va a pelear para que el modo ilegal en el que se dio cumplimiento a la cautelar sea modificado”, completó Luis Paz, otro de los abogados de la líder de la Tupac.