Por Carlos Barragán

Deberíamos haber hecho una campaña del miedo. Pero ni al mayor delirante se le hubiera ocurrido que el Gobierno de Macri iba a desaparecer a nadie. De todas maneras, no hubiera sido útil para prevenir a electores convencidos. Quizá nos hubiera servido a nosotros para sentir que cumplíamos con advertirle la sociedad. Nuestra campaña que anunciaba las calamidades de este Gobierno no fue una herramienta eficaz. Lo cierto es que ni al más ridículo se le hubiera ocurrido que el personaje más irresponsable de los que rodeaba a Macri iba a manejar las fuerzas de seguridad. Ese agente de funciones que ya defendió o encubrió a la fuerza que maneja junto con un abogado representante de genocidas. Bullrich aseguró que “la Gendarmería no ha detenido a Maldonado en ningún lugar” y que “de ninguna manera esto ha sido una desaparición forzada”. Todo, pero todo indica que sí lo fue. Bullrich tiene a favor que en el fuero penal se dedican a investigar las firmas que aparecen en los certificados 08 de los autos usados en la década de los noventa. Expertos denunciadores como Stolbizer o Monner Sanz no tendrán lugar ni ganas de aparecer en todos los canales de televisión acusándola de un delito que hasta en las guerras se castiga. Y los medios de comunicación (algún día deberíamos encontrarles un nombre que los describa mejor) están ahí para encubrir, en primer caso, y luego –si el encubrimiento no funciona para justificar lo que sea. La máquina de desaparecer personas funciona.

Los medios están dispuestos a colaborar, cuando no a incitar a la violencia y a la persecución estatal. La única imperfección en este sistema capaz de haber secuestrado y desaparecido a una persona en democracia es la movilización popular. Que lamentablemente no es una solución, ni un freno, ni la posibilidad de poner justicia donde no la hay. Es apenas un modo de peticionar a las autoridades, como dice la fórmula constitucional, una petición que las autoridades pueden escuchar o no. Ahí está Milagro Sala secuestrada en una cárcel jujeña desde hace diecinueve meses, con una resolución de la CIDH de diciembre de 2016 y reiterada y ratificada en julio de 2017. Una resolución de esas características no es un queja ni una petición, es una orden de una institución internacional con la que el Estado nacional tiene convenios que lo obligan. Pero nada frena el afán represivo ilegal del Gobierno macrista.

Ante cada una de estas instancias, sus funcionarios, en lugar de hacerse los distraídos (que era la reacción a la que el menemismo nos tenía acostumbrados después de sus atropellos), refuerzan y hacen pie en la ilegalidad represiva, la visten de argumentos, y avanzan por más, o sea por menos institucionalidad y por mayor discrecionalidad en el abuso de la fuerza y la persecución política. En el caso de Milagro Sala y en el de Santiago Maldonado, los argumentos fueron similares. Ante la detención ilegal por acampar en una plaza y ante el secuestro de Santiago Maldonado por estar en un corte de ruta, las autoridades nacionales despliegan ante los ojos incrédulos de la población democráticamente sana el viejo esquema de la guerra interna. Una inexistente subversión, grupos armados, ataques a la democracia y violencia irracional. Una patraña ante la cual ofrecen y aplican su propia subversión de la ley, el ataque a la democracia, sus grupos armados y la violencia irracional (pero eficaz).

Lejos de ser estos casos un tropiezo o un escollo en sus estrategias políticas, el poder en el Gobierno construye con ellos el puente que los llevará hacia el estado de situación que necesitan para lograr sus objetivos. Ellos saben que para continuar con sus tareas necesitan un estado de excepción, donde las garantías constitucionales estén definitivamente suspendidas, donde los derechos políticos no existan, y donde cualquier ciudadano no alineado pueda ser considerado un enemigo del Estado.

En febrero de 1960, el presidente Eisenhower se reunió en Bariloche con el presidente Frondizi. El 14 de marzo de 1960, el Gobierno argentino elegido en las urnas puso en marcha el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado), con el cual convirtió en legal cientos de allanamientos en sindicatos y arrestos discrecionales de trabajadores en todo el país. Con penas para los infractores que están previstas en el Código Militar, como el juicio sumario y eventualmente el fusilamiento del culpable. Los argumentos para implementar este estado de excepción fueron los mismos que hoy utiliza el poder en el Gobierno: subversión, terrorismo, “violencia irracional”. Macri muchas veces trató de identificar su modelo económico con el de Frondizi, quizá su semejanza aparezca en otras áreas.

Leo lo anterior y me pregunto si no estaré exagerando con las previsiones. Y entonces vuelvo a pensar que jamás hubiera imaginado que un Gobierno elegido en democracia encarcelara opositores, desapareciera personas, y además lo justificara. Tampoco que se llegara a utilizar a parte del Poder Judicial como un grupo de élite para operaciones puntuales de represión política. Si a esto le sumamos la facilidad con que criminalizan a trabajadores, sindicatos, fuerzas políticas y comunicadores, vemos que el panorama no es alentador. Hasta acá el poder en el Gobierno se autoimpuso ese límite: declarar enemigos del Estado a movimientos sociales, a exfuncionarios, a militantes y a periodistas. Y más específicamente a un colectivo político que identifican con la letra K, como en otro tiempo y lugar se identificaba a personas con la Estrella de David. Ese límite, el de nombrar y marcar, pero todavía sin accionar sistemáticamente sobre los cuerpos, es lo único que nos separa de un tiempo peor.

Para finalizar, que la posibilidad de calcular o vislumbrar los riesgos probables no sea un obstáculo para nuestra voluntad y fuerza militante. Pero que sí sea un dato fundamental para saber a qué nos estamos enfrentando cada vez que reclamamos por nuestros derechos, cada vez que expresamos lo que pensamos, y cada vez que nos organizamos para volver a tener un país donde todos podamos vivir en paz.