Por Carlos Ciappina

El 31 de agosto de 2016 (hace menos de un año), el Senado brasileño destituyó a la presidenta electa, legal y legítima Dilma Roussef. En aquellas escandalosas sesiones pudimos apreciar (en vivo y en directo) la sobreabundancia de expresiones machistas, racistas y prodictadura de senadores que no pudieron probar ninguna contravención a la ley de la presidenta electa por el voto popular. Su destitución fue, ni más ni menos, que un golpe institucional, ilegal e ilegítimo. No hicieron falta los militares; la ruptura del Gobierno votado por millones de brasileños estuvo a cargo de los senadores de la derecha, en consonancia con los diputados, el sistema judicial y, como una constante en las últimas décadas latinoamericanas, los medios masivos de comunicación.

Asumió la presidencia Michel Temer, el vice que, en vez de defender el orden constitucional y el Gobierno elegido democráticamente, se sumó, instigó y apoyó el golpe institucional.

Se inauguró así un período de incertidumbre política e inestabilidad institucional que seguramente continuará hasta las elecciones de 2018.

Sin embargo, esta inestabilidad e incertidumbre políticas tienen un objetivo a muy largo plazo: ser la herramienta para un intento de cambio profundo en la sociedad brasileña, profundizando las políticas neoliberales y desestructurando el Estado construido durante los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff.

Lejos de tratarse de una movida improvisada o desesperada de la derecha brasileña, el Gobierno de Temer, aun con su escaso tiempo y su nula posibilidad de continuar por las vías del voto popular, demuestra que el objetivo del golpe institucional contra Dilma estaba claro para el establishment más allá o más acá de los disparatados discursos senatoriales o las descabelladas fábulas de la Rede Globo: el objetivo del golpe fue cambiar en profundidad la matriz societal que el PT estaba consolidando en Brasil. Y hacerlo en un ajuste estructural de las dimensiones del argentino de Menem y Cavallo (ajuste que, por diversas razones, no se hizo en Brasil ni en los ochenta ni en los noventa del siglo XX).

Tres grandes iniciativas demuestran este intento en profundidad por retrotraer al Brasil a las modalidades más cercanas a una escalvocracia que a una democracia moderna:

1. Un mes después de asumir el cargo en forma ilegítima, el presidente Temer propuso una enmienda constitucional que llamó “Techo de Gastos”. Con ese eufemismo se escondió la ley que limita el aumento de los recursos estatales a la tasa de inflación oficial del año precedente. La ley (aprobada por diputados y senadores) limita de este modo la inversión pública por veinte años.

De este modo, como es fácil de prever, si el Estado tiene que incrementar la inversión en educación y salud, por ejemplo, sólo podrá hacerlo hasta el tope planteado por la inflación del año anterior, despegado de las necesidades reales y concretas de una población con enormes carencias en materia de educación y salud o desentendido del crecimiento poblacional.

El efecto buscado (como en toda reforma neoliberal) es reducir el “gasto” estatal para, supuestamente, mejorar los índices económicos. En la práctica, menor inversión estatal no sólo afectará los servicios públicos esenciales, sino que paralizará la obra pública y, por lo tanto, reducirá aun más la ya retraída economía brasileña.

2. Tres meses después de asumir el cargo, Temer envió al Congreso un proyecto de Reforma de la Legislación Jubilatoria que propone una modificación profunda de los derechos jubilatorios. Hasta esta reforma, en el Brasil los trabajadores podían jubilarse con 30 años de aportes las mujeres y 35 los varones, independientemente de la edad. La reforma jubilatoria establece una edad mínima de 65 años para poder jubilarse (varones y mujeres) y un mínimo de 25 años de aportes. La reforma jubilatoria tiene un claro objetivo fiscal: aumentar la recaudación jubilatoria manteniendo y/o reduciendo los pagos a las personas que podrían adherir a la jubilación y extendiendo la edad jubilatoria.

3. En julio de este año, el Senado brasileño aprobó la propuesta de Reforma Laboral de Temer. El sistema laboral brasileño fue diseñado durante la presidencia de Getúlio Vargas (otro gran presidente odiado por la oligarquía brasileña) y se basaba en el principio laboral del pago mensual a los trabajadores, la estabilidad laboral (salvo motivos fundados e indemnización previa) y la afiliación obligatoria a los sindicatos de cada rama o área laboral. Las leyes laborales de Getúlio, sancionadas en 1943, estaban aun vigentes.

La nueva Ley Laboral (2017) habilita la jornada intermitente, esto es, la contratación por jornada o inclusive por hora; habilita también a dividir las vacaciones hasta en tres tramos, la posibilidad de extender la jornada laboral hasta las doce horas diarias y el fin de la obligación a estar agremiado y pagar el sostenimiento del sindicato (el equivalente a una jornada laboral por año para cada trabajador).

La Reforma laboral –que retrocede al Brasil de antes de la década de 1940– fue elaborada (aunque parezca mentira) por la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura, esto es, las organizaciones patronales del capital. También recibió el apoyo de la Federación Nacional de Bancos y los oligopolios mediáticos.

Sobre estos tres pilares se explica el golpe institucional de Temer. Temer es, en este sentido, la expresión más cruda de las necesidades del gran capital en el Brasil.

Un flanco no menor de esta situación de nuestro país vecino es el efecto sobre el resto de América Latina y, en particular, en la Argentina neoconservadora: ajuste estatal, reforma jubilatoria y flexibilización laboral es, precisamente, el paquete de medidas que viene anunciando el Gobierno neoliberal argentino para después de las elecciones de medio término en este año. Si el modelo es Brasil, los resultados serán catastróficos.