Luego de confirmar que modificará el sistema previsional, el presidente Mauricio Macri dijo que también avanzará con un proyecto de reforma laboral después de las legislativas de octubre. En el primer caso buscará subir la edad jubilatoria y bajar los haberes, mientras que en materia laboral su objetivo es flexibilizar las condiciones de trabajo y acabar con la mayor cantidad de derechos posibles.

Claro que, en plena campaña electoral, volvió a encubrir sus propósitos de fondo con el discurso de la “alegría” duranbarbista: “Tanto lo previsional como lo laboral son cosas que tenemos que debatir, porque queremos tener más trabajo, crecer más, ser felices”, dijo a un canal mendocino.

Luego, el ministro de Trabajo Jorge Triaca garantizó que “si hacemos una reforma laboral no se va a precarizar el trabajo de nadie”. Enumerar la larga lista de promesas incumplidas de Cambiemos nos llevaría todo el artículo, pero no hace falta. El propio funcionario blanqueó sus intenciones cuando sostuvo que la clase obrera deberá “dejar de lado muchos privilegios”, fundamentalmente en relación con los convenios colectivos de trabajo y las paritarias.

“Macri fue el que dijo que los convenios colectivos eran del siglo pasado, que impedían el crecimiento y el desarrollo del trabajo, y ahora Triaca repite lo mismo. Obviamente, se trata de una mentira más de este Gobierno, que también habla de ‘mafias sindicales’ y ‘mafias laborales’, que ataca a los jueces que se ajustan a derecho, que tiene cinco organizaciones sindicales intervenidas, entre ellas el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SIVENDIA). Muestran un enorme desprecio hacia el mundo laboral”, afirmó a Contexto Omar Plaini, líder de los Canillitas y diputado nacional por el FpV-PJ.

“Macri fue el que dijo que los convenios colectivos eran del siglo pasado, que impedían el crecimiento y el desarrollo del trabajo, y ahora Triaca repite lo mismo. Obviamente, se trata de una mentira más”, dijo Plaini.

El gremialista consideró que la reforma que pretende Macri “es gravísima” y recordó que se ajusta a lo que le recomendaba hace un año atrás La Nación en el editorial titulado “Un cambio indispensable en las relaciones laborales”.

“El diario pedía cambiar la legislación para ir a jornadas variables o flexibles, período de prueba, contrato a plazo fijo, la famosa polivalencia funcional que vivimos en los noventa con Domingo Cavallo, la modificación del esquema de indemnizaciones por despido, menor intervención del Ministerio de Trabajo y paritarias por empresas”, enumeró Plaini.

En tanto, el abogado laboralista Mariana Massaro, que integra la Asociación Judicial Bonaerense (AJB-CTA) y la Comisión de Trabajo del Instituto Patria, indicó a que la reforma macrista responde a una “matriz de flexibilización” que ya se puso en marcha con la Ley de Empleo Joven, la nueva Ley de ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) y la modificación de convenios colectivos como el de los petroleros de Vaca Muerta, en Neuquén.

Sobre este último punto, explicó que “dentro de una misma actividad, por la misma cantidad de horas y la misma capacitación, se dan diferentes escalas salariales homologadas por el Ministerio de Trabajo con convenios por empresa. Esto destroza toda la correlación de fuerzas que puedan tener los trabajadores de un sector, pero además conlleva la violación del principio constitucional de ‘a igual tarea, igual remuneración’”.

Massaro también puso el foco en lo que ocurre en la ciudad de Bariloche, donde se impulsa una “reforma del Estado que es una avanzada gigantesca de tercerización para flexibilizar las condiciones laborales”.

“Están haciendo algo similar en el municipio de Morón, pero lo de Bariloche es como un pequeño laboratorio. Quieren modificar el escalafón, incorporar la polifuncionalidad y reducir la escala salarial, como forma de abaratar costos. Todo esto es parte de la reforma que impulsa el macrismo a nivel nacional”, subrayó.

Asimismo, las modificaciones de Cambiemos podrían trastocar las paritarias, tomando como modelo el unilateralismo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en los casos de los judiciales y los profesionales de la salud.

“En ambos casos, se impusieron aumentos salariales por decreto y se incorporó una cláusula gatillo por inflación, a aplicarse cuando el Ejecutivo lo considere oportuno. En vez de una negociación paritaria, el Estado reconoce el porcentaje que quiere, siempre quitando puntos de salario real”, advirtió Massaro.

¿Igual a Brasil?

La reforma laboral del golpista brasileño Michel Temer permite a los empresarios ampliar la jornada de trabajo de sus empleados de 8 a 12 horas diarias, legaliza la contratación temporaria, autoriza la tercerización y relativiza numerosos derechos adquiridos, como las vacaciones, el adicional nocturno, la licencia por paternidad y el salario mínimo.

Al ser consultado al respecto, Triaca aseguró que “nosotros no tenemos que copiar la receta de nadie” y que lo del país vecino “no necesariamente es espejo para lo que ocurra en Argentina”.

Para Massaro, al Gobierno de Cambiemos en realidad le gustaría “emular la involución atroz de Brasil”, pero “no cuenta con las condiciones políticas para hacerlo”.

“Tengo posiciones tremendamente críticas hacia los triunviros de la CGT, los considero traidores. Sin embargo, reconozco que la organización en sí tiene un peso tan importante que ha logrado atenuar el proceso de pérdida de derechos. Por lo tanto, no creo que puedan trasladarse a nuestro país medidas como la extensión de la jornada laboral”, evaluó el dirigente de la AJB-CTA.

Tras el reclamo de las bases para que se llamara a un paro general por los despidos y los continuos ataques a los trabajadores, los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, salieron del paso convocando a una movilización a Plaza de Mayo para el próximo el próximo 22 de agosto.

“La conflictividad aumenta y lo que piden por abajo los trabajadores es que se le diga basta a este Gobierno. Necesitamos medidas más fuertes que una marcha para frenar la reforma laboral de Macri”, resaltó Plaini como integrante de esa central obrera.

Intervención

Este miércoles se cumplió un mes de la intervención del Sindicato de Canillitas por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien además procesó a Plaini y lo desplazó de su cargo de secretario general. Lo hizo sobre la base de una causa penal por presuntas irregularidades en las elecciones internas de 2013, que fue recaratulada por el magistrado para que no prescribiera.

“Es una aberración jurídica decidida por un juez penal que no tiene competencia en lo laboral, lo que sienta un grave precedente para todas las organizaciones sindicales del país”, comentó el gremialista, y denunció que a los tres interventores designados por Triaca “lo único que les preocupa es llevarse lo recaudado en la caja de ingreso sindical”.

“Es una aberración jurídica decidida por un juez penal que no tiene competencia en lo laboral, lo que sienta un grave precedente para todas las organizaciones sindicales del país”.

Si bien los canillitas ya apelaron el fallo de Martínez De Giorgi, Plaini señaló que “la situación es tremenda y se agrava día a día: han retirado recursos que nosotros transferimos solidariamente a la obra social para poder sostenerla, no terminaron de pagar los salarios del mes de julio y tampoco cumplieron con el medio aguinaldo de los empleados”.