Se habló esta semana de la intención de Mauricio Macri de reformar el sistema jubilatorio para que exista “la posibilidad” de demorar cinco años el retiro y los trabajadores sigan en actividad. Pero poco se sabe de quienes, aun jubilados, necesitan seguir en actividad para llegar a fin de mes. Tal es el caso de un grupo de docentes jubilados que aun ejercen en relación de dependencia, pero que fueron intimados por el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires a “optar por uno de los dos haberes y renunciar al otro”. En caso de seguir trabajando, el IPS genera deuda para “devolver en cuotas” lo cobrado en jubilación.

Este conjunto de trabajadores y trabajadoras decidió organizarse esta semana en el colectivo “Jubilados y pensionados de IPS perjudicados por la ley 9650/80”, desde donde intentan hacer visible la delicada situación que atraviesan. Según informaron, las intimaciones del Gobierno provincial se conocieron entre junio y agosto de este año.

A través de un comunicado, los docentes expresaron: “Los jubilados y pensionados docentes que aportamos al IPS y trabajamos en relación de dependencia fuimos intimados a denunciar el vínculo laboral antes del 30/7. Al hacerlo se nos cortó directamente la jubilación. La opción era presentar la renuncia al trabajo para seguir cobrando. Apelan a la ley 9650/80. No cuestionamos la legalidad de la norma sino la legitimidad, específicamente de los artículos 60 y 61 de la ley 9650/80. Consideramos lesionado el derecho que nos asiste a trabajar y complementar nuestro haber jubilatorio con otro ingreso que nos permita satisfacer decorosamente las necesidades de nuestras familias”.

“Todos los jubilados y pensionados que recibimos la resolución del IPS, inmediatamente nos atuvimos a derecho y seguimos el procedimiento pautado, optando por uno de los dos haberes percibidos y renunciando al otro. Las actividades que veníamos desarrollando bajo relación de dependencia se encontraban encuadradas dentro de las leyes vigentes realizando los aportes y declaraciones ante los organismos correspondientes (Afip, Anses, Obras sociales)”.

“Según la citada ley sólo los jubilados docentes pueden volver a la actividad laboral en el ámbito docente, situación que consideramos discriminatoria para el resto de los trabajadores que aportan a este Instituto y para los propios docentes limitándose su accionar laboral”, expresaron. Y añadieron: “Esperamos generar un ámbito propicio para poner en debate entonces los artículos referidos de este Decreto Ley con el objeto de reparar una situación injusta que limita nuestros derechos constitucionales”.

Cabe destacar que las diferentes intervenciones del macrismo en el sistema jubilatorio coinciden con las “recomendaciones” de los sectores financieros internacionales para Argentina, confirmadas en lo reciente por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), quien publicó un informe sobre la economía Argentina especificando que “El gasto en jubilaciones y pensiones es alto mientras el envejecimiento poblacional amenaza la sustentabilidad del sistema”.