El presidente Mauricio Macri ya no tiene margen para seguir justificando el encarcelamiento de Milagro Sala, presa política del gobernador jujeño Gerardo Morales desde el 16 de enero de 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la dirigente de la Tupac Amaru se encuentra arbitrariamente detenida y dio plazo al Estado argentino hasta el próximo 11 de agosto para que cumpla con la “libertad inmediata” que solicitó la ONU hace casi diez meses o, en su defecto, le conceda arresto domiciliario o libertad vigilada por medios electrónicos.

Todo indica que el macrismo se inclinaría por la segunda opción. El procurador jujeño, Sergio Lello Sánchez, adelantó ayer que recomendaría a los jueces “el arresto domiciliario”; mientras que el ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, dejó trascender en medios locales la posibilidad de un “decreto” de Morales para que el Poder Judicial revise la petición elevada por el organismo internacional.

Sin embargo, al cierre de esta edición no había nada oficial. Luis Paz, uno de los abogados de Milagro, confirmó anoche a Contexto que la defensa aún no recibió ninguna notificación y que tampoco fueron convocados para concertar “las medidas a adoptarse”, como establece la cautelar dictada el viernes último por la CIDH.

“Hay versiones periodísticas, pero lo único cierto hasta el momento es una comunicación del Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, donde se notifica al Gobierno de Jujuy sobre la resolución de la CIDH”, sostuvo el letrado.

Paz regresaba en ese momento del penal de Alto Comedero, donde analizó con Milagro los posibles escenarios que se abren a partir de la cautelar interamericana: “Ella tiene mucha expectativa de que se dé cumplimiento a esta resolución. Desde la defensa, lo que estamos solicitando es la libertad inmediata”.

El gobernador de Jujuy reconoció el domingo que las cautelares dictadas por la CIDH “son obligatorias”, aunque dijo no estar de acuerdo e intentó justificar el encarcelamiento de la diputada del Mercosur acusándola de “corrupta”.

“Lo que opine Morales nos tiene sin cuidado, porque sabemos cuál es su direccionamiento y cooptación del Poder Judicial. No podemos esperar otra cosa de él. Acá el que tiene que garantizar el cumplimiento de los pactos internacionales es el Estado nacional, y, por lo tanto, la última palabra la tiene Macri”, respondió Paz.

La CIDH remarcó en su decisión que Milagro “se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable”, algo que fue constatado por el propio presidente del organismo, Francisco Eguiguren, el pasado 16 de junio, cuando visitó el penal de mujeres de Alto Comedero.

“El hostigamiento por exceso de vigilancia, procesos disciplinarios, multitud de procesos judiciales, le han ido creando un cuadro de agobio que atañe su integridad psíquica, moral, y eso le genera un cuadro peligroso para su vida y su integridad”, explicó Eguiguren.

En este sentido, la abogada Elizabeth Gómez Alcorta denunció múltiples “amenazas” y “24 sumarios disciplinarios” contra Sala en los dieciocho meses que lleva en prisión.

“Es muy triste que en este momento de la Argentina tengamos que salir a buscar justicia para Milagro fuera del país”, subrayó la defensora.

Tanto Gómez Alcorta como Paz también destacaron las demoras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver sobre los dos recursos extraordinarios que tiene en su poder desde hace cuatro meses.

“Los expedientes tienen dictamen favorable de la Procuración General de la Nación, pero el máximo tribunal aún no se expide pese a que hemos demostrado que se violaron los fueros parlamentarios de Milagro y la arbitrariedad de la prisión preventiva en su contra”, indicó Paz, mientras que su colega consideró que “todos los elementos expuestos por la CIDH deberían llevar a la Corte a resolver cuanto antes”.