Los trabajadores de PepsiCo ayer tenían previsto movilizar desde el Obelisco al Congreso. Sin embargo, a una cuadra del palacio legislativo, con un importante operativo, la Policía de la ciudad intentó impedirles el paso. Al igual que en la planta de Vicente López, volvieron a reprimirlos con palos y gases.

“No podía respirar. Ni abrir los ojos”, relató en diálogo con Contexto Nicolás Gómez, delegado de la planta, reprimido ayer por la Policía Federal. “Cuando puedo abrir los ojos, me recuperó y veo que hay unos cincuenta compañeros que estaban en la misma situación que yo”, agregó.

Después de reprimir a los trabajadores, la policía les abrió paso a los cesanteados, quienes avanzaron finalmente a la legislatura nacional donde los diputados sesionaban para decidir sobre la continuidad de Julio De Vido en su cargo.

“Está más que claro que el Gobierno nos está reprimiendo porque nos quiere callar con los golpes y con las gases. Nosotros no nos vamos a callar. Acá el Gobierno acordó con PepsiCo”, sostuvo Gómez.

Echando luces a la pesada herencia, desde Cambiemos buscaron negar lo que sucedía afuera del recinto impidiendo el ingreso de una delegación de obreras. Sin embargo, diferentes diputados repudiaron la represión, y los trabajadores acercaron con la diputada del Frente de Izquierda Nathalia González Seligra un proyecto de expropiación.

En su intervención, González Seligra exigió una sesión especial para este proyecto, que propone “la expropiación de la planta Florida de PepsiCo, que los trabajadores han demostrado que está en perfectas condiciones para producir, para su inmediata reapertura y puesta en funcionamiento. Se trata de una medida elemental en un país donde millones sufren hambre”.

“Junto con esto, proponemos que esa sesión también debata el proyecto que presentamos para exigir la interpelación del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, para que comparezca ante esta Cámara y dé las explicaciones pertinentes acerca del accionar de esta cartera ante el despido de más de seiscientas familias y el cierre fraudulento e ilegal de la multinacional PepsiCo”, agregó.

“La agenda de los trabajadores es urgente. Que el Gobierno decida la expropiación o nacionalice la empresa, pero nosotros queremos volver a trabajar. No nos tiene que recibir con gases y palos, porque queremos trabajar y nada más”, explicó Camilo Mones, delegado de la PepsiCo.

A pesar de que la Justicia aplicó un fallo a favor de los trabajadores, que determina la incorporación de los cesanteados, PepsiCo, con la complicidad de Cambiemos, incumple con la orden, al tiempo que vacía la planta de Vicente López.

“El Gobierno usa la fuerza para desalojarnos de acá, pero nunca contra la empresa, que tiene ya una orden de reincorporar a los despedidos y no está cumpliendo”, explicó Mones.

“El Gobierno, PepsiCo, el Ministerio de Trabajo y el sindicato negociaron”, comentó Gómez. Los delegados sostienen que el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), conducido por Rodolfo Daer, “negoció con la cabeza de los compañeros”.

“Esto es una muestra más de cómo el Gobierno actúa a favor de las multinacionales y en contra de las seiscientas familias que quedamos en la calle”, sostuvo Mones.