En una sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), este fin de semana, mientras hacían una jornada de limpieza, sus referentes vieron, en lo que al principio sospechaban que era basura, balas de alto calibre: 95 balas, en su mayoría de FAL -utilizados por el ejército-, alrededor de 30 municiones calibre 22 y un cartucho antimotín.

Las balas fueron encontradas en una bolsa de un comercio llamado “Tacuara”, como el movimiento nacionalista de ultraderecha que actuó en el país durante una década, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta.

“Con todas las causas que estamos siguiendo, empezamos a entender que esto era un mensaje estrictamente mafioso hacia nuestra organización, y en realidad a las organizaciones de la Argentina que están peleando por justicia en lo que hace a la violación de los derechos humanos”, dijo a Contexto Pablo Pimentel, referente de la APDH de La Matanza.

Desde la APDH, afirmaron que esto es un mensaje que tiene que ver con los casos que están trabajando con tres niveles de hipótesis. Uno tiene que ver con casos locales como es el caso de Luciano Arruga (en los que se involucra a ocho policías), el caso de Gabriel Blanco con los oficiales implicados absueltos en primera instancia y apelados en casación y otro de un “narcopolicía”, también absuelto, por el mismo tribunal y con la misma defensa que el caso Blanco, por la cual los referentes de la Asamblea tuvieron una serie de persecuciones y amenazas.

La segunda hipótesis que despliegan desde la APDH tiene que ver con el ámbito nacional, en el que han acompañado el pedido de libertad de los presos políticos, como es el caso de Milagro Sala y del lonko mapuche Facundo Jones Huala, y el pedido de justicia por la masacre de Puente Pueyrredón, a la cual se acercaron nuevos testigos.

“Lo último, y por ahí las balas pican cerca, acompañamos a hacer una denuncia al Juzgado Federal de Lomas de Zamora acerca de la aparición de restos óseos en Villa Jardín, en Lanús Oeste, cerca del Riachuelo; ahí funcionó Fabricaciones Militares, donde fabricaban municiones”, explicó Pimentel, quien agregó que en este lugar se está “levantando una obra encarada por el intendente [Nestor] Grindetti”.

Desde la APDH explicaron que los discursos negacionistas del exministro porteño Darío Lopérfido y los del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, apoyando el 2×1 a los genocidas, así como también las palabras del propio presidente de la nación señalando que “se va a terminar el curro de los derechos humanos”, generan un contexto para este tipo de “mensajes mafiosos”.

“Esto se da en un contexto sociopolítico y económico, con una ideología adversa que ha llevado a los organismos de derechos humanos a luchar por el juicio y castigo a los genocidas por el proceso de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y que, sin duda, ha abonado a los fascistas de la argentina”, explicó Pimentel. “El responsable tiene nombre y apellido, y es Mauricio Macri”, concluyó Pimentel.

Diferentes organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas expresaron su repudio a este hecho y acompañaron la denuncia presentada en la Unidad Fiscal N° 9 de San Justo.

“Este hecho es muy grave, dado que implica un mensaje intimidatorio para un organismo de derechos humanos que siempre ha luchado por la justicia. Exigimos pronta investigación”, señalaron estos organismos.